En septiembre de 2023 salieron dos informes contundentes sobre la situación de las fosas clandestinas en el país. El de Quinto Elemento Lab llegó a actualizar la investigación publicada por un gran equipo periodístico en 2018: “El país de las dos mil fosas”, ganadora del Premio Gabo. El reciente estudio (del 2023) del Programa en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, “Buscar entre el dolor y la esperanza. Hallazgos de fosas clandestinas en México 2020-2022” dio continuidad al informe de 2019: “Violencia y terror: Hallazgos de fosas clandestinas en México 2006-2017”.

El martes 12 de marzo, Andrea Horcasitas Martínez y Fernanda Lobo Díaz, responsables de la coordinación y la redacción del informe más reciente, estuvieron en la Universidad Iberoamericana León para presentarlo, invitadas por Lourdes Contró del Programa Universitario en Derechos Humanos, así que comparto aquí algunas reflexiones que detonamos en el evento. En el panel dieron un aporte fundamental, desde la experiencia y el conocimiento de la búsqueda en campo, las compañeras buscadoras Olimpia Montoya y Maricela Peralta de Celaya, pertenecientes al colectivo Proyecto de Búsqueda (aquí el enlace a su intervención).

Hasta el año pasado Quinto Elemento Lab contabilizaba 5,696 fosas en 570 municipios de México, desde que comenzaron a desplegarse los efectos de la mal llamada “guerra al narcotráfico” en 2007. Veinte y cuatro de estos hallazgos fueron masivos, con más de diez puntos de entierro clandestino en un solo predio. En muchos casos las familias y hasta las autoridades no dudan en llamarlos “sitios de exterminio” porque, además de cuerpos inhumados y osamenta, encuentran restos calcinados, degradados y disueltos, revelando un modus operandi criminal cada vez más atroz que pretende impedir la identificación posterior a la recuperación de los restos. El Protocolo Homologado de Búsqueda, aprobado en 2020, los define como “contextos de hallazgo” del tipo “destructivo”.

El informe de la Ibero utiliza fuentes diversas: prensa, datos de fiscalías y comisiones de búsqueda nos hablan de una realidad de al menos 1,735 fosas encontradas en el periodo 2020 a 2022, según fuentes oficiales, y 1,358 según la prensa, siendo Guanajuato, Sonora y Guerrero las entidades con mayores cifras que concentran el 42% del total. El trabajo anterior de la Ibero sólo tenía en cuenta las fuentes hemerográficas porque prácticamente eran las únicas disponibles hasta hace pocos años, mientras que ahora contamos con más información.

Según autoridades fueron 3,270 los cuerpos exhumados, y 2,314 según la prensa, siendo Jalisco, Guanajuato, Sonora, Michoacán y Veracruz los estados con más exhumaciones. Colima y Sonora, con 6 fosas cada 100mil habitantes, Guerrero y Guanajuato, con 3 cada 100mil, son los que tienen más incidencia en proporción con su población.

Salvatierra, Acámbaro y Cortazar en Guanajuato; El Salto y Juanacatlán, Jalisco; y Tihuatlán en Veracruz son señalados como los sitios con más fosas o cuerpos y restos exhumados en el periodo reportado.

Más allá de aspectos técnicos o datos cuantitativos, considero estos esfuerzos muy valiosos por parte de la academia y el periodismo, pues evidencian la ausencia de los registros oficiales que, por ley, tanto en los estados como a nivel federal, ya deben de estar operando, como el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas y los equivalentes estatales, los bancos forenses o el Registro de Personas Fallecidas, No Identificadas y No Reclamadas. Ante esta deuda institucional, la sociedad civil organizada, los colectivos de familiares y las universidades se han activado y se han capacitado para tratar de documentar, mapear y acercarse al problema, construyendo así algunas herramientas de utilidad para las búsquedas y el análisis de contexto, otra obligación del Estado que queda en gran parte incumplida.

Las investigadoras de la Ibero destacan cómo los datos agregados de las fosas en el país muestran cifras superiores usando las fuentes oficiales, respecto de las hemerográficas, pero en varios estados esto es al revés: se detectó una brecha importante entre las fosas reportadas por los medios de comunicación y las que registran las autoridades particularmente en Guanajuato y Guerrero, estados con el mayor número de hallazgos, pero con menos registros de las fiscalías.

En Guanajuato los medios documentaron 187 fosas y la fiscalía 14, en Guerrero fueron 110 por prensa y 31 por fiscalía. Se deduce la existencia de un patrón persistente de indolencia y opacidad, incapacidad institucional o, más bien, la voluntad de solapar el fenómeno. En Guanajuato, hasta octubre de 2020, tras el hallazgo de 81 cuerpos enterrados ilegalmente dentro de 65 fosas en un predio del barrio de San Juan / Rancho Nuevo, la fiscalía estatal había negado la presencia de este tipo de sitios. Después, comenzó a registrarlos y a comunicar ciertos hallazgos, ocultando otros, o bien, impidiendo el acceso a los predios a las comisiones de búsqueda y a las familias, como sucedió en Cortazar en noviembre de 2020.

Hoy la fiscalía registra 37 sitios con hallazgos en el estado en el mapa disponible en su página web, sin embargo, faltan muchos más que sí han documentado los colectivos, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Brigada Independiente de Búsqueda, la prensa o la misma fiscalía. Además, en el mapa no se especifica cuántas fosas hay en cada punto, invisibilizando así la gravedad de la situación, pues al parecer sólo habría 37 fosas en todo el estado, cuando, en cambio, en cada sitio fueron hasta decenas las que se encontraron.

Debido a estas carencias y con el ánimo de integrar los esfuerzos de la Ibero y Quinto Elemento, también desde la Ibero León, con el apoyo de Ibero Cdmx, el medio PopLab.Mx y Data Cívica, trabajamos conjuntamente en 2020 y 2021 en un informe detallado con modelo predictivo y mapeo de fosas para el caso de Guanajuato, mismos que serán actualizados en el transcurso de este año. En aquel momento, detectamos en prensa el registro de 109 fosas con de 2009 a diciembre de 2020 con 434 cuerpos en 29 municipios. Y hasta el 6 de marzo de 2021, actualizamos el dato a 254 fosas con 512 cuerpos en 30 municipios.

El informe “Buscar entre el dolor y la esperanza” hace hincapié en que “los hallazgos de fosas clandestinas no son aislados y esporádicos”, pues en algunos municipios son constantes y aumentan en los años, y por lo general se vuelven endémicos en donde la violencia se ha prolongado y se ha vuelto estructural. De ahí que, con la complicidad de parte del sistema mediático y de la sociedad, incluso se haya normalizado la situación, el hecho de que todo Guanajuato, junto con varias otras entidades, claro está, sea una fosa.

Este tipo de violencia es visual, es material, es simbólica y psicosocial. Es oculta, pero no del todo, en algún momento hay intencionalidad de que se revele y genere consecuencias, terror, mensajes. Constituye un recurso en el ejercicio del control y la dominación territorial y social por parte de grupos fácticos poderosos que se mueven en áreas grises, entre el crimen organizado y la institucionalidad, entre la delincuencia mafiosa explícita y la connivencia, tolerancia, cogestión y participación de autoridades y actores económicos.

No fue sino hasta el mes de octubre de 2020, cuando el Protocolo Homologado de Búsqueda dio una definición de fosa clandestina como un contexto de hallazgo, o sea, un “sitio donde ilegalmente han sido depositados, degradados, ocultados o transportados restos humanos no arqueológicos, y/u otros indicios asociados a cuerpos o restos que sean susceptibles de procesamiento forense.”, que sea del tipo “subterráneo”, es decir, en que “los restos hayan sido hallados en cavidades en la tierra” y en que “las cavidades hayan sido creadas deliberadamente para ocultar los restos”.

Sin embargo, las fiscalías y las comisiones de búsqueda han hecho pocos esfuerzos para conformar los registros de estos lugares, los mapeos y los análisis relacionados con la crisis forense y las desapariciones en el país. El conjunto de los informes y las reflexiones aquí resumidas nos arroja un panorama de impunidad generalizada.

En un punto todos y todas en el panel del martes pasado coincidimos: falta voluntad política, sentido común incluso, y no recursos, para armar registros y plataformas, buscar, identificar y restituir dignamente a sus familiares los cuerpos de quienes ya no están con vida. En cambio, lo que sucede en muchos casos es que son desaparecidos dos veces, como lo han denunciado Olimpia y Maricela, las cuales también han destacado cómo todavía no está operando el Banco Nacional de Datos Forense de la FGR para poder avanzar en la identificación de más de 52mil cuerpos resguardados en instalaciones de todo el país.

La presencia de fosas masivas y campos de exterminio resguardados por actores violentos, inclusive cerca de centros históricos, áreas de esparcimiento y zonas transitadas como en Salvatierra, Celaya, Irapuato y Acámbaro, por ejemplo, sugiere que impunemente, durante años, allí han sido torturadas y ocultadas personas, sin que interviniera la autoridad, y refuerza la idea de pactos de silencio y redes de contubernio. El quiebre civilizatorio e histórico, humanitario y social de las fosas, lamentablemente, es ya un rasgo estructural en México, pero puede y debe transformarse de manera activa, participada y transicional. Cerrar la herida es parte de un largo trabajo, común e intergeneracional, de la memoria, de la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición y, sobre todo, de la sociedad y de las víctimas, empujando a las instituciones que, por el momento, prefieren voltear para otro lado.

Fabrizio Lorusso

https://www.sinembargo.mx/author/fabrizio-lorusso/

Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

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