Por Kathia García Rodríguez y Marcia Itzel Checa Gutiérrez*

El viernes 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, decenas de miles de mujeres marchamos contra la discriminación, la desigualdad y la constante violación a nuestros derechos humanos: cada día desaparecen seis mujeres y once son asesinadas, la mayoría por su pareja actual o anterior; dos de tres mujeres menores de quince años han experimentado algún tipo de violencia^[1]; las mujeres recibimos 23% menos del pago hecho a los hombres^[2]; de las 32 entidades federativas del país, únicamente nueve son gobernadas actualmente por mujeres y de los 2 471 municipios, sólo 525 están presididos por mujeres.^[3]

¡Las brechas y los retos son enormes! Esta reflexión se centra en la representación política de las mujeres en altas responsabilidades públicas, especialmente las que se hacen a través de las designaciones; es decir, las de aquellos órganos con autonomía que representan un contrapeso y/o tienen un papel esencial en los controles democráticos y la protección de los derechos humanos de las personas. Hablamos de diecinueve instituciones^[4] que engloban 125 responsabilidades. De este universo, 59 son ocupadas por hombres (47.2%), 44 por mujeres (35.2%) y 22 continúan vacantes (17.6%).^[5]

Si bien es cierto que la presencia política de las mujeres va en aumento, aún está lejos de cumplir cabalmente con el principio constitucional de paridad de género. Ejemplos claros de esta brecha persistente son evidentes, como la ausencia total de mujeres en el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones o en los órganos reguladores en materia energética (la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía) que cuentan con una sola mujer dentro de su integración.

Esto nos obliga a analizar las condiciones estructurales y barreras que limitan a las mujeres para acceder a estas altas responsabilidades, especialmente en un contexto donde a las mujeres se nos ha impuesto tradicionalmente el trabajo de cuidados no remunerado, lo que limita conciliar el desarrollo profesional con el personal. Ejemplo de ello es que, en 2018 los hombres dedicaron el 73.1% de horas al trabajo de mercado y el 23.6% a las labores domésticas y de cuidados; en contraste, las mujeres trabajaron 32.7% del tiempo en el trabajo de mercado y 64.6% lo dedicaron a las labores domésticas y de cuidados no remuneradas.^[6]

Por ello, es fundamental revisar los requisitos para acceder a estas responsabilidades y establecer unos encaminados a eliminar la discriminación estructural e histórica de la participación política de las mujeres. Al respecto, la Relatoría especial de Naciones Unidas sobre la independencia de [las y] los magistrados y abogados presentó un Informe sobre la participación de la mujer en la administración de la justicia,^[7] donde estimó que “para garantizar el acceso en condiciones de igualdad a cargos públicos, los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución deben ser razonables y objetivos, y podrán adoptarse medidas positivas para promover la igualdad de oportunidades, [toda vez que] en ocasiones, el nombramiento de mujeres se realiza en condiciones de discriminación sistémica y cultural [...] donde los patrones patriarcales y estereotipos de género son los grandes perpetuadores de desigualdad”.

En la línea de cerrar brechas en la representación política de las mujeres y avanzar en la paridad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido distintas sentencias encaminadas a este fin. Sin embargo, preocupa mucho el incumplimiento del Senado de la República de designar dos vacantes en la Sala Superior de este tribunal desde el 31 de octubre de 2023; lo anterior, sin olvidar las 48 vacantes más en órganos electorales estatales que tiene pendientes.^[8]

Estas omisiones representan un menoscabo para las propias instituciones, pues debilita la certeza y confianza ciudadana en ellas, además de afectar la protección de los derechos político-electorales que tenemos todas las personas.

#NoSinNosotras

#SinCuotasNiCuates

* Kathia es investigadora del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones) e Itzel la coordinadora general. El Observatorio es un proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones.

^[1] Este conjunto de datos es de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ver: https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/

^[2] Ver: https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/discrimination/tackling-sex-discrimination-through-pay-equity#how-close-are-we-to-achieving-pay-equity

^[3] Ver: https://www.gaceta.unam.mx/la-reconstruccion-de-la-justicia-posibilitaria-una-cultura-de-paz/

^[4] Este universo comprende las siguientes instituciones: Banco de México, Instituto Nacional Electoral, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Comisión Federal de Competencia Económica, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía, Fiscalía General de la República, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Tribunal Superior Agrario, Auditoría Superior de la Federación, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Comité de Participación Ciudadana y Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción.

^[5] Ver: https://twitter.com/designaciones/status/1766153308966928814

^[6] Mancillas López, Yaucalli, El trabajo de cuidados y doméstico, una mirada desde el trabajo no remunerado, Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, septiembre 2019. Disponible en: https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CELIG-Hojasobrecuidados-20191007.pdf

^[7] García-Sayán, Diego. A/76/142 Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. Participación de la mujer en la administración de la justicia, Naciones Unidas, Julio 221. Disponible en: https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n21/196/64/pdf/n2119664.pdf?token=kbrNxzpPJgesGlLRy5&fe=true

^[8] Ver: https://twitter.com/designaciones/status/1762875386332070352

Fundar

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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