Al tomar protesta el 1 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador leyó una lista de 100 compromisos que cumpliría durante su sexenio; le quedan varios pendientes, como el caso Ayotzinapa. Por su parte, al iniciar su campaña presidencial, Claudia Sheinebaum, en un mismo formato, leyó una lista de 100 compromisos, ¿qué temas pendientes del actual gobierno no retomó?
Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- En 7 meses, el Presidente Andrés Manuel López Obrador concluirá su sexenio y entregará la banda presidencial a quien gane las elecciones del próximo 2 de junio de 2024: Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez o Jorge Álvarez Máynez. El mandatario federal dejará el gobierno con algunos compromisos pendientes de aquellos 100 que presentó cuando tomó protesta el 1 de diciembre de 2018 en el Zócalo capitalino.
En la lista aparecen compromisos que ya se cumplieron como garantizar becas educativas a los estudiantes de educación básica, la cancelación de la reforma educativa del sexenio de Peña Nieto, bajar los sueldos de altos funcionarios y aumentar la pensión a los adultos mayores; sin embargo, quedan fuera otros pendientes de resolver como llegar a la verdad del caso Ayotzinapa, descentralizar las secretarías del gobierno federal y garantizar un sistema de salud “de primera”.
En ese contexto, Claudia Sheinbaum, como candidata del mismo partido del presidente López Obrador y la apuesta por la continuidad del actual gobierno, el pasado 1 de marzo, al iniciar su campaña presidencial en el Zócalo, emuló el formato de los 100 compromisos y leyó su propia lista con propuestas que garantizan seguir con los programas sociales y otros principios como el de austeridad; agrega temas como la atención a la violencia contra las mujeres pero deja de lado algunos pendientes actuales.
EL CASO AYOTZINAPA SIN RESOLVERSE
El Presidente Andrés Manuel leyó 100 compromisos el 1 de diciembre de 2018; textualmente, en el número 89 dijo: “se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a los responsables”. El mismo mandatario ha reconocido en varias ocasiones que es un tema pendiente y que desde el gobierno federal trabajan para avanzar en la investigación y en las acciones de búsqueda para encontrar a los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
Llegar a la verdad del caso Ayotzinapa, saber qué pasó con los normalistas hace casi ya 10 años y sancionar a todos los responsables —tanto de la desaparición como funcionarios que en su momento, y actualmente, obstaculizan la investigación—, es un tema que la candidata Claudia Sheinbaum no retomó en su lista de los 100 compromisos. Incluso dejó pasar el plantón que mantenían frente a Palacio Nacional los padres y madres de los normalistas, y que estuvo presente en su arranque de campaña el pasado 1 de marzo en el Zócalo.
“Dentro de los puntos que la candidata presenta, hay un mayor porcentaje de propuestas de infraestructura, tema económico y de inversiones, creo que se está profundizado en la política económica capitalista y el tema de derechos humanos parece marginal. Y bueno, el caso Ayotzinapa que el presidente López Obrador lo enarboló en uno de sus 100 puntos hoy en día aquí no aparece, ya Ayotzinapa dentro de las propuestas de campaña no es tema para ella y es preocupante que una herida abierta de México y una violación grave de derechos humanos ya no aparezca… Hoy vemos ausente el tema”, dijo Vidulfo Rosales, abogado de las familias, en las recientes protestas en la Ciudad de México.
El lunes 26 de febrero, madres y padres de los 43 jóvenes desaparecidos instalaron un plantón frente a Palacio Nacional para exigir diálogo con el presidente López Obrador, con quien tuvieron una última reunión en septiembre de 2023; en dicho encuentro, las familias le pidieron la entrega de 800 folios de documentos que la Secretaría de la Defensa Nacional no entregó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ni a la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj), pese a que ordenó que se abrieran todos los archivos que contuviera información sobre Ayotzinapa.
Esta petición no ha sido contestada a las familias, por lo que iniciaron con una jornada de protestas y mítines en la capital; la más reciente ocurrió el miércoles 6 de marzo en Palacio Nacional, cuando los padres buscaban entregar un escrito al presidente durante su conferencia mañanera. Intentaron acercarse a la puerta del edificio por calle Moneda pero se les impidió el paso, la protesta pasó a acción directa y normalistas que acompañan las manifestaciones tomaron una camioneta con logos de la CFE y la impactaron contra la puerta.
A raíz de esto, los padres y madres anunciaron que quitaban el plantón y que la única exigencia es una reunión con el mandatario para que les de respuesta por los folios que el Ejército no ha entregado; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez sostuvo que las manifestaciones han escalado por la negativa militar de entregar todos los documentos, la ausencia de reuniones con el presidente, un intento gubernamental por dividir a las familias, la inferencia al plantón y la ausencia de interlocución por relevo de responsables del caso, tal cual como ocurrió con el fiscal especial y la salida de la Covaj de Alejandro Encinas.
Todo esto ocurre en medio de las declaraciones que ha hecho el Presidente, responsabilizando al Poder Judicial de “obstaculizar el caso”, por ejemplo, cuando en enero pasado se le otorgó el cambio de medidas cautelares a ocho militares acusados de participar en el ataque contra los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014; ellos formaron parte de un convoy que patrulló durante y después de los hechos.
El Gobierno federal consideró que la decisión de la jueza carecía de todo “fundamento legal”, sin embargo, el Consejo de la Judicatura respondió que se había aplicado la ley pues respondió al reclamo de la defensa de los militares para que se justificara la prisión preventiva. Además, el cambió de las medidas cautelares ocurrió después de que su defensa realizó los trámites necesarios para abrir el debate, trámites que la Fiscalía General de la República ignoró.
LA DESCENTRALIZACIÓN Y EL SISTEMA DE SALUD
El compromiso 54 de Andrés Manuel al asumir la presidencia fue: “reubicar las secretarías del gobierno federal en las distintas entidades de manera voluntaria y sin afectar a los trabajadores”, pero esto también está pendiente pues de las 32 dependencias y entidades de la administración pública federal, se ha logrado reubicar ocho, 25 por ciento de la meta.
Las instancias reubicadas son las secretarías de Medio Ambiente a Yucatán, Bienestar a Oaxaca, Cultura ahora en Tlaxcala, del Trabajo en Guanajuato, Energía en Tabasco, y Salud a Guerrero; así como Pemex a Campeche y Conagua a Veracruz. Vía solicitudes de transparencia, otras 19 dependencias confirmaron que no están en proceso de descentralización, hasta septiembre de 2023, mientras que cinco evitaron decir el estatus de su mudanza.
Hace unos meses, en su conferencia del 10 de octubre pasado, el presidente dijo que su promesa de descentralizar el gobierno federal sigue en pie: “Se nos complicó, no es usar esto como excusa, pero con la pandemia necesitábamos estar aquí, la mudanza nos implicaba recursos, no se trata solo de que se vaya la secretaría que corresponde sino que se busque que haya vivienda para los trabajadores, que puedan garantizarles todo… Yo siento que lo tenemos que lograr en el tiempo que falta y si no dejarlo encaminado y pues sugerirlo para el nuevo gobierno”, dijo.
Pero este compromiso no fue mencionado por Sheinbaum en su lista de los 100 al arranque de su campaña presidencial; sobre el tema, cuando recién asumió como Jefa de Gobierno de la CDMX dijo que esta propuesta ayudaría a disminuir los problemas de movilidad y desarrollo inmobiliario en la capital. Ya se verá si, de llegar a la Presidencia, lo retoma.
En cuanto al sistema de salud, López Obrador prometió en su punto 13: “garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos. Establecer, a mediados del sexenio, un sistema de salud de primera”, y en al menos 70 ocasiones ha dicho que el sistema de salud de México “será mejor que el de Dinamarca”, poniendo como plazo marzo de 2024 para conseguirlo.
Pese al impulso del gobierno federal al IMSS-Bienestar, por medio del cual buscan que todos los mexicanos tengan garantizado el derecho a la salud, hay datos que revelan retrasos en este rubro. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 del Inegi, indica que las personas gastaron 39% más en la compra de medicinas en 2022 comparado con 2018.
En este caso, el pendiente de López Obrador sí lo retomó Claudia Sheinbaum y dijo que de ganar, consolidará al IMSS-Bienestar: “desde su nacimiento, todas y todos los mexicanos estarán afiliados al Servicio Público de Salud para el Bienestar, el cual le garantizará acceso a vacunas, cuidados preventivos, atención médica, estudios y laboratorios, cirugías y medicamentos gratuitos, para hacer efectivo el Derecho Constitucional a la Salud. El presidente nos va a dejar muy avanzado el camino y nosotros lo vamos a consolidar”.
