ARTICLE 19 México y Centroamérica presentó este 28 de febrero su informe “Violencia contra la Prensa en México 2023: ¿Cambio o Continuidad?”. Ahí señala que se cometieron 561 agresiones contra la prensa en 2023, es decir, una cada 16 horas. 

Entre los casos se encuentran la desaparición de Juan Carlos Hinojosa Viveros en Nanchital, y los asesinatos de cinco periodistas con un posible vínculo a su labor periodística: Marco Aurelio Ramírez Hernández (Puebla), Luis Martín Sánchez Íñiguez (Nayarit), Nelson Matus Peña (Guerrero), Jesús Gutiérrez Vergara (Sonora) e Ismael Villagómez Tapia (Chihuahua).

De acuerdo a la documentación de organizaciones internacionales sobre libertad de expresión, fuera de Israel y los territorios ocupados de Palestina, con los asesinatos aquí registrados, se seguiría colocando a México como uno de los países más letales para ejercer el periodismo en el año 2023. 

Si bien hubo reducción del 19.40 por ciento con respecto al año 2022 -el cual fue el año más violento para la prensa en registros de la organización- este 2023 representa un aumento de 226.16 por ciento respecto al quinto año de Calderón y  de 31.40 por ciento respecto al mismo año de Enrique Peña Nieto. Por ello no podemos echar las campanas al vuelo: el nivel de violencia contra la prensa se mantiene en niveles altos y alarmantes. 

Las tres categorías de agresiones más documentadas en el 2023 fueron: 1) intimidaciones y hostigamientos (124 casos); 2) el uso ilegítimo del poder público (106), principalmente a través de la estigmatización y el acoso judicial; y 3) las amenazas (100) tanto en la esfera física como digital. Las cifras de estas tres categorías de agresiones representan el 58.82 por ciento del total de hechos violentos que fueron registrados este año.

Otra tendencia es el alza en el acoso judicial, documentada desde el año 2016. Este último año, se iniciaron 22 procesos judiciales contra periodistas en los ámbitos administrativos, civiles, electorales e inclusive penales, el equivalente a que cada mes en promedio se inicien 1.8 procesos judiciales en contra de periodistas.

Por otro lado, la violencia contra la prensa tiene perpetradores diversos: funcionarios públicos, partidos políticos, particulares y grupos delictivos. En 2023 no se observa un cambio en esta tendencia, pues el Estado mexicano sigue siendo el principal agresor de la prensa, con 287 casos de violencia documentada (51.16 por ciento del total). Le siguen particulares con 95 casos (16.93 por cciento), y después grupos de delincuencia organizada, con 57 casos (10.16 por ciento), finalizando con 25 casos de agresiones provocadas por partidos políticos (4.46 por ciento) y en 97 ocasiones no se pudo identificar al agresor. Cabe destacar que por niveles de Gobierno, los principales agresores son funcionarios estatal, siguiendo los federales y por último los federales. 

Los cinco estados de la República con más agresiones fueron Ciudad de México, con 115 agresiones, Guerrero con 48, Puebla con 39 casos, Guanajuato con 38 casos, y Veracruz con 36. La capital mexicana en 2023 continúa siendo la entidad con mayor número de agresiones, posición que mantiene desde hace diez años. En 2023 hubo un total de 115 agresiones, un 20 por ciento del total en el país. 

Muchas de esas agresiones provienen del Poder Ejecutivo federal y continúan al alza. Al menos en 2023 se registraron 62 casos de estigmatización, criminalización, bloqueos informativos e incluso publicación de información sin consentimiento en el espacio de las “mañaneras”.  

En Veracruz el efecto cascada de la estigmatización desde la tribuna presidencial ya se observa como una práctica común, particularmente en contra de mujeres periodistas.  Denisse López, reportera de N+ y Televisa Veracruz, Sarah Landa, de Meganoticias, y cuatro compañeras más cuyos nombres se reservan por seguridad, reportaron a ARTICLE 19 que en entrevistas y en conferencias públicas, el Gobernador les denostó, les acusó de que “su objetivo era desinformar”, les ha negado responder a preguntas, entre otros actos.

A siete meses de terminar el Gobierno de López Obrador podemos decir que no se cumplió con la promesa de disminuir la violencia general, menos contra la prensa. De hecho, como hemos señalado en múltiples ocasiones en este espacio, la prensa ha sido uno de los principales blancos del discurso virulento del Gobierno.

El Mecanismo de Protección, si bien sigue siendo necesario para salvar vidas, perdió una oportunidad histórica de mejora. Hasta la fecha no ha atendido las más de 100 recomendaciones de mejoras técnicas que hizo la ONU-Dh desde 2019, a pesar de que se inició un proceso de monitoreo de éstas.

Muestra de la precaria situación de la prensa se ve reflejada en el Examen Periódico Universal (EPU) al que fue sometido México hace unas semanas. En efecto, encontramos  múltiples recomendaciones del Consejo de DDHH de la ONU para revertir la violencia contra la prensa, ello es un signo de que la comunidad internacional mantiene un alto interés y preocupación en el tema. En esta tesitura el contexto electoral preocupa por ser un momento particularmente violento contra la prensa tal como hemos confirmado en 2018 y 2021. Por lo tanto, 2024 puede ser un año donde la violencia contra la prensa repunte, con especial protagonismo de los partidos políticos como perpetradores. 

Esperamos que en el próximo Gobierno, lejos de considerarla como enemiga, la prensa sea sujeta de derechos y de una política integral de protección, acceso a la justicia y reparación; reivindicando su función social y su aporte en democracia. 

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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