Actualmente el Tribunal Electoral está fracturado, porque tres de los cinco magistrados que integran la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Mónica Aralí Soto Fregoso, presionaron para que en diciembre del 2023 Reyes Rodríguez Mondragón dejara la presidencia del Tribunal, por pérdida de confianza, ineficiencia y permitir la injerencia de abogados externos en los asuntos de ese organismo jurisdiccional, presumiblemente, del despacho del panista el panista Roberto Gil Zuarth.
Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).- Para evitar que los nombramientos de los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se sigan repartiendo mediante el muy cuestionado sistema de “cuates y cuotas”, como si fueran un botín de los partidos políticos y de poderes fácticos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión, el pasado lunes 5 de febrero del 2024, una iniciativa de reforma constitucional para que estos funcionarios judiciales sean electos por voto popular directo.
La iniciativa del Presidente López Obrador propone que para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se elijan siete magistrados para un periodo de seis años improrrogables. La presidencia del Tribunal se definiría por elección de sus integrantes. Señala también que las personas magistradas electorales que integren la Sala Superior sean electas el primer domingo de junio del año que corresponda, mediante voto directo y secreto de la ciudadanía a nivel nacional.
La iniciativa de reformas al artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos explica: “El Senado de la República emitirá la convocatoria para la integración del listado de candidaturas a magistraturas electorales el día que se instale el primer periodo de sesiones ordinarias del año anterior al de la elección que corresponda, el cual contendrá las etapas completas del procedimiento, sus fechas y plazos improrrogables”.
Agrega la propuesta de reforma constitucional: “El Poder Ejecutivo postulará de manera paritaria por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República hasta diez personas aspirantes; el Poder Legislativo postulará hasta cinco personas por cada Cámara mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes, y el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, postulará hasta diez personas por mayoría de seis votos”.
“El Senado de la República recibirá las postulaciones, verificará que las candidaturas propuestas cumplan los requisitos de elegibilidad establecidos en esta Constitución y en las leyes, y remitirá el listado al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas antes de que concluya el año anterior al de la elección que corresponda, a efectos de que organice el proceso electivo”.
La iniciativa precisa cómo debe concluir el proceso de elección de magistrados electorales: “El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas efectuará los cómputos de la elección y los comunicará al Senado de la República, que de inmediato realizará y publicará la suma, y enviará los resultados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resolverá las impugnaciones, calificará el proceso y declarará sus resultados antes de que el Senado de la República instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda, fecha en que las personas aspirantes electas tomarán protesta de su encargo antedicho órgano legislativo”.
TRIBUNAL FRACTURADO
Actualmente el Tribunal Electoral está fracturado, porque tres de los cinco magistrados que integran la Sala Superior -Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Mónica Aralí Soto Fregoso-, presionaron para que en diciembre del 2023 Reyes Rodríguez Mondragón dejara la presidencia del Tribunal, por pérdida de confianza, ineficiencia y permitir la injerencia de abogados externos en los asuntos de ese organismo jurisdiccional, presumiblemente, del despacho del panista el panista Roberto Gil Zuarth.
El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón llegó al tribunal electoral respaldado por el panista Roberto Gil Zuarth, quien fue Senador de la República y secretario particular de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa cuando este ocupaba la Presidencia de la República. Al ser defenestrado, Rodríguez Mondragón sólo ccontaba con el respaldo de la magistrada Janine Madeline Otálora Malassis.
El martes 31 de octubre del 2023 terminaron su gestión los magistrados José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante González. La Sala Superior permanece incompleta, con cinco de siete magistrados. En diciembre del 2023 el Senado de la República informó que pospuso hasta el periodo ordinario de sesiones que empezó el primero de febrero del 2024, el nombramiento de los dos nuevos magistrados electorales, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.
De acuerdo con la legislación vigente, los magistrados electorales son nombrados con los votos de las dos terceras partes de los miembros presente en el Senado de la República, de ternas que son propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay dos ternas de candidatos, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso a consideración de los senadores y que están en proceso de análisis, para completar los siete magistrados que por ley deben integrar la Sala Superior: una de mujeres, con Marcela Elena Fernández Domínguez, Gabriela Villafuerte Coello y Claudia Valle Aguilasocho; y una de varones con Rubén Jesús Lara Patrón, Francisco Javier Sandoval López y Armando Ismael Maitret Hernández.
Los actuales integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sido cuestionados desde el día de su nombramiento. De cuates y cuotas fue la fórmula que se impuso el martes 18 de octubre del 2016, cuando el PRI, el PAN y el PRD acordaron, en el Senado de la República, quienes serían los siete nuevos magistrados electorales, designados el jueves 20 de octubre del 2016 durante una sesión ordinaria. De acuerdo con fuentes de la Junta de Coordinación Política, citadas por el periódico Reforma, las tres bancadas determinaron que, de las siete posiciones del Tribunal Electoral federal, tres serían definidas por el PRI, dos por el PAN, una por el PRD y una más por acuerdo de todas las fuerzas políticas.
EXPRESIDENTES POLÉMICOS
La gestión de José Luis Vargas Valdez (2020-2021). estuvo marcada por la polémica, la cual llevó a sus compañeros de la Sala Superior a quitarle la presidencia de este órgano en agosto de 2021 en medio de los señalamientos de corrupción que arrastraba desde 2020. Exfuncionario en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, ligado al priismo en la administración de Enrique Peña Nieto y con ciertos guiños hacia Morena, Vargas Valdez fue señalado como un personaje que buscó cercanía con el poder en turno.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces comanda Santiago Nieto Castillo, llevó a cabo una investigación en su contra y denunció a Vargas en 2020, justo cuando asumió la presidencia del Tribunal Electoral, por enriquecimiento ilícito superior a los 36 millones de pesos, pero la Fiscalía General de la República (FGR) lo exoneró. (Publicado en SinEmbargo, el 31 de octubre del 2023).
En septiembre de 2021, el periodista Álvaro Delgado publicó en SinEmbargo que Reyes Mondragón, el nuevo presidente del Tribunal, era señalado por presuntamente exigir “moches” a empleados que contrató.
Un expediente integrado por la Dirección General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Tribunal Electoral, con información documental y testimonial, al que SinEmbargo tuvo acceso, mostraba que Rodríguez Mondragón habría incurrido en faltas administrativas graves.
Según la investigación, iniciada a partir de una denuncia presentada en 2020, el Magistrado electoral impulsó ascensos de personal dentro de su ponencia y de la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional del TEPJF para “agotar” los recursos del presupuesto y a cambio les exigía un “moche”.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, excepto cuando se trate de acciones de inconstitucionalidad de leyes electorales federales y locales, cuya resolución corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es el órgano encargado de resolver, en última instancia, cualquier impugnación o controversia que se presente en los procesos electorales federales y locales. Es, asimismo, el encargado de realizar el cómputo final de la elección presidencial y formular la declaración de validez de la elección y del presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, facultad que anteriormente correspondía a la Cámara de Diputados.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está facultado para resolver, de manera definitiva e inatacable, los medios de impugnación previstos en la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya sea en una o en dos instancias. Sus funciones las realiza a través de la Sala Superior y de sus Salas Regionales. El Tribunal está organizado en una Sala Superior, integrada por 7 magistrados, y cinco Salas Regionales, con 3 magistrados cada una, cuyo cargo ejercen por un periodo de nueve años. Cuenta también con una Sala Especializada para atender asuntos relacionados con la fiscalización de los recursos de los partidos, la propaganda y los actos anticipados de campaña.
