“Pocas veces deja de defenderse el que roba, con lo propio que roba. Siempre los delincuentes fueron alegrón y hacienda de los malos jueces: por esto los buscan, para hallarlos, no para corregirlos” 

Francisco de Quevedo. 

Marco Bruto. Nuestros Clásicos. UNAM.

Si el derecho viste a la justicia y ésta deriva su concepto de la idea de culpa y las sanciones son la deuda que el delincuente ha de pagar a la sociedad por sus acciones, como afirma Federico Nietzsche en su Genealogía de la moral (Edimat Libros, tercer tomo, Madrid, España), entonces, recae en los jueces toda la responsabilidad de que sus veredictos realicen la justicia, sin que medie ningún otro motivo; si por el contrario, reducen sus determinaciones a su personal y libre albedrío, difícilmente sus determinaciones le darán valor de verdad a la cosa juzgada. En consecuencia, para juzgar bien es necesario no solamente conocer las leyes y haber adquirido conocimientos en técnicas jurídicas; se requiere esencialmente prudencia, sabiduría, imparcialidad y discernimiento para no construir  verdades a modo, a partir de una libre y personal interpretación de la ley; es cierto, nadie está exento de influencias externas, nexos profesionales,  creencias, pertenencia a una clase social o ideologías, pero, quien juzga debe evitar que su ethos sea infectado por intereses contrarios al deber ser de la justicia.

Es obvio, no es fácil determinar con exactitud qué es lo justo, mucho menos qué es la justicia, pues ni ser justo ni impartir justicia se reduce a la técnica jurídica o a la simple interpretación de la ley, es necesario, como ya escribimos, ponderar con prudencia, hacerlo con sabiduría y decidir imparcialmente; de ahí que en las circunstancias actuales resulte difícil ser íntegro, neutral y actuar con rectitud, cualidades que han de acompañar al juzgador y, quien las reúna, seguramente ajustará sus dictámenes a la razón y a la condición ontológica que le exige su ética personal y profesional. No reunir ninguna de las virtudes mencionadas conduce a engaños que niegan la posibilidad de emitir sentencias justas y equitativas.  

En México, jueces sin principios han trastocado los valores y normas que dan calidad y respeto a su desempeño profesional, pues de manera nada discreta revelan con sus veredictos que han actuado deshonestamente y puesto la impartición de justicia en subasta, a la orden del mejor postor. En los últimos 36 años, en el país no ha habido en el Poder Judicial tanto libertinaje, redes de complicidad, componendas y conductas licenciosas de los jueces como ahora. Es así que la Suprema Corte sistemáticamente y sin explicaciones de fondo, rechaza iniciativas del Ejecutivo, aun cuando han sido aprobadas por el Congreso; de la misma manera, el ciudadano común no alcanza la justicia frente a los abusos de los poderosos o de bandas criminales especializadas que con impunidad los despojan   de su patrimonio. 

Ahora bien, si deseamos no continuar retrocediendo jurídicamente, sería recomendable que los ministerios de la Suprema Corte fueran ocupados por abogados constitucionalistas, no por “picapleitos chapuceros” que aprendieron el oficio en despachos privados y se “foguearon” en la defensa de la élite del poder, criminales, delincuentes de cuello blanco y políticos que escudados en su posición de poder los impulsaron para ocupar sus actuales magistraturas. Hagamos el siguiente ejercicio, preguntémonos ¿cuántos ministros de la Suprema Corte son constitucionalistas? Ninguno. ¿Cuál es la función de un abogado constitucionalista? Definir la forma de Gobierno del país, regular los poderes del Estado, dar cuerpo a las leyes convenientes para la protección del Estado de derecho, cuidar que se mantenga la soberanía del país, proteger las garantías y los derechos fundamentales de la Nación y de su población y restituirles aquellos derechos que le hayan sido violentados. Ahora bien ¿Y la de un litigante? Servir a sus clientes, como muchos integrantes del Poder Judicial.

Analicemos ahora las palabras del Ministro Javier Láynez el 5 de febrero pasado en Querétaro cuando afirmó que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación tienen por tarea interpretar y defender la Constitución y abanderar el modelo de transformación política y social que no es optativo porque está plasmado en la Constitución… y que los jueces, con apego a la justicia tienen la obligación de ser motor del cambio en el país”; los hechos revelan lo contrario, hasta el momento ninguna resolución de la Corte ha dado impulso al desarrollo de México; como lo demuestran las palabras citadas del Ministro que además de ser mera retórica, son falaces, constituyen una falacia de petitio principii, lo que dijo no guarda correspondencia alguna con la actuación de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte. Evidencias. ¿Por qué sin refutar la tesis general de la  Reforma Energética y la Ley de la Industria Eléctrica aprobadas por el Congreso, los ministros de la Suprema Corte invalidaron sin explicar exhaustivamente al pueblo mexicano, con argumentos históricos y pruebas irrefutables, que dichas reformas violentaban los principios en que se sustenta la soberanía del país; es sabido que todo Gobierno está obligado a proteger los recursos estratégicos de la Nación: petróleo, gas y electricidad, pues son esenciales para el desarrollo del país como Nación libre e independiente y procurar la prosperidad de sus habitantes; sin embargo, en su decisión sólo declararon la inconstitucionalidad de algunos apartados de la Ley sin ninguna explicación de fondo. 

Por otro lado, a diario nos enteramos que los jueces dejan libres a criminales, descongelan sus cuentas bancarias y, en ocasiones ocultando estos actos a las autoridades correspondientes; como sucedió recientemente, la Fiscalía General de la República se enteró que José Ángel Casarrubias Salgado, alias el “Mochomo” había sido absuelto del cargo de delincuencia organizada, para evitar que fuera liberado apeló el caso, entonces supo que el reo había sido puesto en libertad el 3 de octubre de 2023. Hechos como este exponen al Poder Judicial y revela también la desprotección jurídica de los mexicanos, en especial de los sectores más pobres de la población, a los más frágiles, a los que carecen de recursos económicos para comprar la justicia. 

Dos ejemplos: primero, cuatro de cada diez presos en prisión preventiva permanecen en la cárcel sin sentencia por no tener para pagar un abogado que promueva su caso; segundo, más de 20 mil familias han sido despojadas de sus casas, terrenos y perdido su patrimonio víctimas de bandas delictivas, abogados, notarios y funcionarios corruptos de instituciones como Infonavit. ¿Dónde está la justicia que deben administrar los jueces en beneficio de este país y su población?

Por último y, como siempre, recurro a la historia en afán de establecer mi punto de vista sobre el lugar en que debe colocarse la justicia en un país democrático, en que el pueblo es el único contrapeso real frente a todos los poderes del Estado: La orgullosa tradición ateniense en su esfuerzo por organizar la justicia bajo el sello de la voluntad popular, la concibió, en principio, “como la perfecta expresión de la soberanía del pueblo, que se impartía de tal manera que nadie, por pobre e ignorante que fuese, quedase excluido del privilegio de sentarse entre los jueces” (Robert Cohen. Atenas una democracia. Biblioteca de historia. Ediciones Orbis, S.A., pág. 105). En Atenas, los jueces eran electos en comicios que se efectuaban durante asambleas del pueblo; se elegían por votación y, los resultados aprobados por los demotetes (magistrados asignados previamente para decidir quienes habían sido electos). Los jueces elegidos duraban en sus puestos un año; los casos llevados a tribunales eran sometidos a debate bajo la presidencia de un Magistrado instruido para el proceso; la discusión era pública y oral, se escuchaba a las partes y a sus abogados y se daba lectura pública a los documentos y declaraciones de los testigos; la Ley otorgaba a los jueces sólo el dictamen de las penas o acordar la conciliación entre las partes, carecían de facultades para emitir a su antojo el veredicto. De acuerdo con esta práctica, la justicia estaba en manos de la asamblea popular, no exclusivamente de los jueces que pueden ser comprados por los poderosos y convertir la Ley en instrumento de su dominación (Solón, quien dio leyes a Atenas, escribió: “las leyes son como telarañas, pues enredan lo leve y de poca fuerza, pero lo grande las rompe y se escapa”), por lo contrario, la decisión debe ser la adecuada a los intereses de la comunidad, pues las leyes no permiten privilegios para nadie. Los jueces   atenienses, al concluir sus funciones, eran obligados a dar cuenta de su gestión ante la asamblea de ciudadanos que emitía un veredicto final sobre su conducta desde una perspectiva ética. De ahí que al evaluar la propuesta del Presidente de México de designar a los ministros de la Suprema Corte mediante voto popular, mi sufragio es en favor de que los magistrados sean designados por la ciudadanía en elecciones democráticas; ya que el conservadurismo de algunos ministros, magistrados y muchos jueces han disecado la justicia y han juzgado contra la razón, proceder absurdo en un mundo cambiante y en continua transformación; además, cuando así conviene a sus “clientes” optan por el inmovilismo.

Melvin Cantarell Gamboa

https://www.sinembargo.mx/author/melvincantarell/

Nació en Campeche, Campeche, en 1940. Estudió Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es excatedrático universitario (Universidad Iberoamericana y Universidad Autónoma de Sinaloa). También es autor de dos textos sobre Ética. Es exdirector de Programas de Radio y TV. Actualmente radica en Mazatlán, Sinaloa.

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