Por: Kathia García Rodríguez y Marcia Itzel Checa Gutiérrez*

El pasado 5 de febrero, el presidente de la República presentó una serie de iniciativas –la mayoría constitucionales– que plantean indudablemente temas urgentes de atender. Sin embargo, no necesariamente colocan el mejor remedio. Nos centraremos en aquellas relacionadas con los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y las que buscan disminuir los controles y contrapesos democráticos.

Dentro de la reforma al Poder Judicial se busca que las personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidas por voto popular. Este planteamiento, aunque aparentemente democratizador, representa un preocupante retroceso respecto a los estándares internacionales establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues lejos de cerrar los márgenes de discrecionalidad que prevalecen en el método actual, el voto directo incrementa la politización del proceso, sigue dejando la definición de las propuestas a los poderes de la unión sin ningún mecanismo objetivo de preselección y evaluación de los perfiles y abre la puerta a promesas de campaña en materia de justicia, cuando ésta debe ser imparcial.

Por ello, los planteamientos tendrían que orientarse a reglas que garanticen estándares de igualdad de condiciones y no discriminación; de transparencia y máxima publicidad del proceso; del establecimiento de mecanismos efectivos y sustantivos de participación ciudadana, y de rendición de cuentas sobre todas las decisiones para que la designación responda a los méritos y capacidades y no profundice el cuatismo en estas decisiones y la captura de las instituciones. Tener a los perfiles más idóneos en estas altas responsabilidades públicas es un derecho de todas las personas.

En esta línea, otra reforma que preocupa es la que plantea la desaparición de varios órganos constitucionales autónomos y por lo tanto, el traslado de sus funciones entre diversas instituciones de la administración pública, lo cual implica un retroceso mayúsculo en términos de los controles y contrapesos democráticos.

Uno de los organismos que se busca desaparecer es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), órgano vital para la garantía del derecho a saber de todas las personas y que a lo largo de su existencia ha permitido develar información que las mismas instituciones gubernamentales no han querido abrir al escrutinio público. Su eliminación desarticularía el sistema de transparencia del país que se ha construido por poco más de 20 años, dejando en grave desprotección los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.^[1]

Ambas reformas representan un alto riesgo en términos de la concentración del poder bajo argumentos endebles, pues la eliminación del INAI y los órganos autónomos no representaría un cambio significativo para el presupuesto público como se ha insistido. Ejemplo de ello es que los recursos destinados al INAI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones significan tan sólo el 0.14% del presupuesto contemplado para pensiones.^[2] Surge la pregunta obvia sobre si la justificación responde a razones económicas, que en su caso la respuesta sería una reforma fiscal, o si hay otras consideraciones en el fondo de la discusión.

Más allá de que sea un distractor electoral, lo cierto es que la argumentación que empezará en el Congreso en torno a estas iniciativas es sumamente relevante, pues abre la posibilidad de revisar a fondo esquemas que mejoren sustancialmente las reglas de los procesos de designación para nombrar a los perfiles más idóneos^[3] y también sobre la importancia de fortalecer a los órganos autónomos, en lugar de su eliminación. Esperamos que no sea un ejercicio de simulación más y un intento perverso por achicar los controles y contrapesos necesarios para avanzar en el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas.

#SinCuotasNiCuates

* Kathia es investigadora del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones) e Itzel la coordinadora general. El Observatorio es un proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones.

^[1] Ver comunicado: https://twitter.com/designaciones/status/1755368086515933306

^[2] Ver: https://twitter.com/MexicoComoVamos/status/1753223243660501002

^[3] Aquí una serie de propuestas ciudadanas para mejorar el actual proceso de designación de ministros y ministras de la Suprema Corte: https://x.com/kasmexiko/status/1755327006869512351?s=20

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