En su ofensiva contra el grupo terrorista Hamás, que el 7 de octubre de 2023 invadió el sur de Israel matando a más de 1.000 personas y secuestrando a 150, el ejército israelí, bajo el mando del gobierno de Benjamín Netanyahu, no ha tenido contemplación en matar a miles de civiles en la franja de Gaza: hasta el 17 de enero se calculaban en casi 25.000 los muertos y en más de 60.000 los heridos. Escuelas, hospitales, mezquitas y mercados han sido blanco de múltiples bombardeos bajo la justificación de que allí se esconden las células terroristas sin considerar a los inocentes. La ofensiva no solo es militar; Israel ha bloqueado las comunicaciones y la internet y ha interrumpido las vías de suministro de alimentos y medicamentos, además de cortar la electricidad y el agua potable, lo que ha generado una crisis humanitaria en esa región, donde habitan poco más de 2.300.000 personas. Los llamados de la ONU a permitir el acceso a los suministros esenciales han quedado en el vacío.

Si bien la mayoría de los gobiernos latinoamericanos condenaron los ataques de Hamás, una vez que se conocieron las consecuencias de la ofensiva israelí –que conlleva graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario– Brasil la calificó de genocidio, Bolivia rompió relaciones con el país y los gobiernos de Colombia, Chile y Honduras llamaron a consultas a sus embajadores. Pero el resto de los países de América Latina, como Argentina, Paraguay y Perú, han preferido callar, mientras que México justificó que a Israel “lo asistía el derecho a la legítima defensa”.

Ante dicha ofensiva, precedida de declaraciones de políticos israelíes tales como “borrar a Gaza de la faz de la Tierra”, el gobierno de Sudáfrica ha llevado al Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas (TIJ) la causa del pueblo palestino. Pretoria argumenta que Israel viola el Artículo 2 de la Convención sobre Genocidio de 1948. Estados Unidos, Inglaterra y Alemania han rechazado este pedido, mientras el resto de los países de Europa han callado. La mayoría de los gobiernos que apoyan esta petición son del mundo árabe y de África, y de América Latina solo los gobiernos de Brasil, con Luis Ignacio Lula Da Silva, y Colombia, con Gustavo Petro, han decidido apoyar la demanda.

LA TEORÍA DE LA GUERRA “JUSTA”

¿Cuándo se puede justificar una guerra? Las guerras son parte central de la historia de la humanidad. Durante siglos se caracterizaron por ser estrategias bélicas que implicaban la movilización de miles de personas y armas para batirse cuerpo a cuerpo. Pero desde el siglo XIX las nuevas tecnologías han llevado la guerra a niveles inhumanos. En la actualidad las nuevas armas pueden prescindir de la necesidad de mirar al enemigo a la cara, lo que en la práctica se reduce a la mera identificación del blanco en una pantalla y oprimir un botón. El extremo son las bombas atómicas, cuyo uso no solo entrañaría derrotar a un enemigo sino la probabilidad de destruir a la humanidad entera. En 1977 Michel Walzer delineó un marco para comprender la guerra en las sociedades contemporáneas. El primero es el ius ad bellum, que son los requisitos que justifican que un Estado recurra a la guerra: causa justa, correcta intención, declaración pública de la guerra por una autoridad legítima, ser el último recurso y la proporcionalidad. El segundo, el ius in bello, trata sobre las injusticias que se pueden presentar una vez que se inicia una guerra, y articula unas condiciones que se deben considerar: evitar civiles e inocentes, la proporcionalidad en el combate, el ataque a blancos legítimos, y la prohibición de armas y métodos que sean inaceptables para la conciencia moral de la humanidad. Y el ius post bellum, es decir, la justicia o injusticia de los acuerdos que llevan al fin de las hostilidades.

Muchos argumentarían que el caso de Israel contra Hamás escapa a estas convenciones porque la guerra contra el terrorismo es diferente a las guerras entre Estados. Casi siempre a los terroristas, aún teniendo un código político, se los trata como simples criminales y no como soldados de una guerra. Pero nadie pone en duda que las acciones del Estado Israelí cumplen con casi todos los elementos del ius ad bellum para considerarla una guerra “justa”. Si esto es así, ¿no cabría esperar que también se cumplan los requisitos para evitar las injusticias durante la guerra? Hay miles de muertos inocentes, no hay proporcionalidad, la legitimidad de muchos blancos es dudosa y son inaceptables las matanzas y las inhumanas medidas que están afectando a la sociedad civil.

COMPROMETERSE CON LA PAZ

Fijar una postura racional sobre este caso en una época en la cual prima la corrección política ad nauseam ha llevado a situaciones tan absurdas como la cancelación de la entrega del premio Hannah Arendt a la escritora judía Masha Gessen por criticar la defensa a ultranza en Alemania hacia el gobierno israelí y por comparar el asedio en la franja de Gaza con un gueto judío. Muchos diarios influyentes a nivel internacional han preferido ser condescendientes con Israel cuando redactan y reportan la situación, pero las palabras son los lentes con los que vemos el mundo, por lo que transfigurar los hechos solo por no herir susceptibilidades es también negar su gravedad.

Acostumbrados a ver a los terroristas como criminales, se desvía la atención del origen de sus motivaciones políticas, e incluso se niega esa naturaleza, pero allí está. No existe una respuesta ni solución política posible cuando las partes buscan la destrucción de una sobre la otra. Empero, como señaló Arendt en 1950 al referirse al conflicto judío-palestino, “ningún código moral puede justificar la persecución de un pueblo en el intento de reparar la persecución de otro”.

Salvo excepciones, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos prefieren callar ante las atrocidades que se puedan cometer en otras latitudes, como las guerras que se desarrollan en Ucrania, en el medio oriente y en África, sea porque se escudan en la lógica decimonónica de la “autodeterminación de los pueblos” o por el temor a ser evaluados con la misma vara y terminar en los tribunales internacionales. Establecer una postura clara frente a los conflictos debería ser una muestra de su compromiso con la paz en el mundo. Por ello, condenar las matanzas de inocentes palestinos por parte del ejército israelí no significa convalidar los ataques terroristas de Hamás en contra de la sociedad israelí, pero no hacerlo tratando de parecer neutral es una manera de aprobar ambas atrocidades, y varios gobiernos de América Latina están adoptando esta lamentable posición.

Fernando Barrientos del Monte es cientista político y profesor titular de la Universidad de Guanajuato (México). Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia (Italia). Sus áreas de interés son política y elecciones de América Latina y teoría política moderna.

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