La propuesta señala que las personas trabajadoras, después de un año de cotización ante el fondo, podrán acceder a las viviendas en arrendamiento social propiedad del INFONAVIT, con una mensualidad que “no podrá exceder del 30 por ciento del salario de las personas trabajadoras”, destaca la propuesta del Presidente López Obrador.
Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (INFONAVIT) ponga a disposición de los trabajadores viviendas bajo el esquema de arrendamiento, mismo que deberá garantizar un bajo costo y con la posibilidad de que después de cierto tiempo el inquilino podría comprar dicho inmueble.
Este 5 de febrero, el mandatario federal presentó el Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la creación de un Sistema de Vivienda para todas las personas trabajadoras.
La propuesta señala que las personas trabajadoras, después de un año de cotización ante el fondo, podrán acceder a las viviendas en arrendamiento social propiedad del INFONAVIT. «En estas operaciones, la mensualidad no podrá exceder del 30 por ciento del salario de las personas trabajadoras. Después de diez años de arrendamiento de una misma vivienda la persona trabajadora tendrá derecho a adquirirla en propiedad, en los términos que establezca la ley», se lee en el texto.
Con esta propuesta el Gobierno de México “busca ampliar el mandato del fondo nacional de la vivienda para que éste pueda construir viviendas que los trabajadores podrán rentar a precios accesibles”, destaca la iniciativa del Ejecutivo federal, en la que se señaló que uno de los reclamos frecuentes es que los trabajadores no tienen acceso a viviendas con precios justos.
“Uno de los reclamos de las personas trabajadoras es que no cuentan con viviendas disponibles a precios justos y tampoco cuentan con opciones formales de arrendamiento. En el caso de la clase trabajadora esta realidad los excluye del ejercicio de sus derechos en materia de vivienda a pesar de su contribución al INFONAVIT”.
Por ello, de aprobarse la reforma, eventualmente el INFONAVIT tendría la facultad, no sólo de construir viviendas para que sean rentadas a precios accesibles por los trabajadores sino de “reinsertar en la sociedad volúmenes importantes de reserva territorial o vivienda previamente recuperada”.
Lo anterior con el objetivo de que “mediante la transformación, regeneración y construcción de nueva vivienda para que ésta sea utilizada con mejores condiciones para los derechohabientes”, se enfatizó en el documento que se publicó este lunes.
“Las facultades para que el INFONAVIT participe, a la par y en coordinación con actores públicos, privados y sociales en la construcción de vivienda, permitirá el aceleramiento ordenado de la transformación de espacios para desarrollo de vivienda adecuada, en beneficio de millones de personas”, señala la iniciativa.
“Esta coordinación facilitará que la construcción sea pilar fundamental en los planes de desarrollo urbano y territorial de las distintas regiones y ciudades del país, para cuidar que los desarrollos y viviendas cumplan con características de vivienda adecuada en beneficio de los derechohabientes”, se agregó en el documento.
La propuesta destacó tres objetivos fundamentales: el primero es que el INFONAVIT podrá construir viviendas para que los trabajadores las adquieran bajo un esquema de propiedad o renta social, y de optarse por este último la mensualidad de arrendamiento no deberá exceder el 30 por ciento del salario del trabajador.
“Resulta imperante dotar al INFONAVIT con facultades en materia de construcción para fortalecer la oferta de vivienda en beneficio de las personas trabajadoras, además de que permitirá reactivar la economía y, a su vez, crear más empleos, generando un efecto multiplicador del bienestar para la población mexicana”, se subraya en la iniciativa.
Asimismo, en la iniciativa se explicó que ese organismo, “además de la prestación para obtener crédito barato y suficiente”, podrá brindar “acceso a vivienda en arrendamiento” y “podrá participar directamente en la construcción y ejercer todo tipo de acciones para fortalecer la oferta de vivienda”.
Segundo, las personas trabajadoras podrán tener acceso a la renta de estas viviendas, que serían propiedad del INFONAVIT, luego de cumplir un año de cotización en el fondo y después de diez años de arrendar una misma vivienda, la persona trabajadora tendrá derecho a adquirir esa propiedad, en los términos que establezca la ley.
El tercer objetivo a destacar señala que las personas trabajadoras “con mayor antigüedad en la cotización y que no cuenten con una vivienda propia” tendrán preferencia de acceso a los esquemas de vivienda del INFONAVIT, los cuales deberán contar con “total transparencia, sin criterios discrecionales ni a favor de ningún interés ajeno al del propio trabajador”.
Por ello, la iniciativa propone reformar y adicionar la fracción XII del apartado A del artículo 123 que actualmente señala que:
“Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones”.
“Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas”, establece el texto vigente.
Mientras que en la iniciativa de reforma del Presidente López Obrador se propone que se establezca que:
“Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a sus personas trabajadoras viviendas cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus personas trabajadoras”.
“El fondo a que hace referencia el párrafo anterior establecerá un sistema de vivienda con orientación social que permitirá a las personas trabajadoras obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora; también podrá invertir sus recursos en la construcción de vivienda para que la persona trabajadora pueda adquirirla o arrendarla, en los términos que fije la ley”, se añade.
“Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de las personas trabajadoras y empleadoras, que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley debe establecer las reglas y procedimientos conforme a los cuales las personas trabajadoras podrán acceder a los créditos y viviendas en arrendamiento social antes mencionadas”.
“Las personas trabajadoras, después de un año de cotización ante el fondo, podrán acceder a las viviendas en arrendamiento social propiedad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En estas operaciones, la mensualidad no podrá exceder del treinta por ciento del salario de las personas trabajadoras. Después de diez años de arrendamiento de una misma vivienda la persona trabajadora tendrá derecho a adquirirla en propiedad, en los términos que establezca la ley”, enfatiza.
“En cualquier caso, se dará preferencia de acceso a la vivienda en arrendamiento social a las personas trabajadoras que hayan aportado continuamente al fondo y no cuenten con vivienda propia. La ley preverá mecanismos para evitar discrecionalidad o injerencias arbitrarias que limiten el acceso a este derecho”, concluye el texto propuesto.
En su propuesta de reforma, el Jefe del Ejecutivo federal asegura que se implementará un plan eficaz con el que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda logre cumplir con los objetivos planteados sin afectar en los costos que a este organismo aportan los trabajadores.
“Adicionalmente, para profundizar en la transformación que se ha hecho en el INFONAVIT, se implementará un plan de eficiencia operativa para que pueda cumplir con estos objetivos sin repercutir en los costos a las personas trabajadoras que aportan al Instituto”, se comprometió el Presidente López Obrador en su iniciativa.
“El INFONAVIT representa un pilar fundamental del Estado Mexicano, el cual goza de una capacidad administrativa, financiera y operativa suficiente para detonar y promover que el derecho a la vivienda se fortalezca y se amplíe conforme se transforma la sociedad y la economía, en beneficio de las personas trabajadoras”, añadió.
Recordó que por más de 50 años, el INFONAVIT ha otorgado 12.8 millones de créditos de vivienda, y que de 2019 a 2023 se han otorgado más de 2.3 millones créditos para que las personas trabajadoras puedan acceder a una vivienda propia, lo que se traduce en un financiamiento, por parte de dicho organismo, “más del 48.6 por ciento de las viviendas adquiridas y que hoy administre el 78 por ciento de la cartera crediticia vigente destinada a vivienda”.
Asimismo, destacó que durante su administración se han promovido diversas reformas con las que se han establecido alternativas flexibles para que las personas trabajadoras tengan acceso a una vivienda, como los “créditos directos y sin intermediarios, la posibilidad de adquirir terrenos y de fomentar la autoproducción de vivienda”, que también benefician a “trabajadores independientes, trabajadoras del hogar y migrantes”.
Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo federal reconoció que todos estas posibilidades no han sido suficientes, ya que “la clase trabajadora reclama que exista mayor disponibilidad de vivienda asequible, por lo que se requiere que los recursos de este Fondo se inviertan activamente para este fin y así atender a la clase trabajadora que aún no cuenta con una”.
Respecto a este cumplimiento de la necesidad de vivienda propia entre la población mexicana, el texto señaló que, con base en la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 (ENVI) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 21.1 por ciento de los hogares en el no han satisfecho sus necesidades de vivienda, ya que en ellos hay “algún integrante que requiere rentar, comprar o autoproducir una vivienda”.
Esto se suma a que, al menos, el 58 por ciento de las viviendas en México mantiene necesidades de “construcción, ampliación y/o mejoramiento”, mientras que el 24.6 por ciento de las viviendas particulares habitadas cuentan con una antigüedad de 31 o más años, lo que incrementa la necesidad de renovación de esos inmuebles.
Ante este panorama, el Presidente López Obrador destacó los beneficios de la renta social, en el Estado es el que provee de viviendas que puedan ser rentadas a un bajo costo por los trabajadores. Incluso, ejemplificó con el caso de la ciudad de Viena, Austria, en donde señaló que “más del 70 por ciento de las viviendas existentes cuentan con algún esquema de renta controlada y protecciones inquilinarias”.
“En esta ciudad la mitad de las viviendas son públicas y las personas tienen la garantía de una renta asequible y acorde a las características de cada vivienda. El impulso público a la construcción no ha impedido la construcción de vivienda privada que también goza de regulaciones de alquiler”, explicó.
Otro caso es el Condominio de Justicia Social de la comuna Recoleta en Chile, el cual “opera con el municipio para la construcción de viviendas a bajo costo”, para que, desde el 2020, las familias puedan tengan acceso a una vivienda digna con un arriendo que no supera el 25 por ciento de sus ingresos.
“Con esta iniciativa [el arriendo social] se ha logrado que las personas de menores ingresos accedan a viviendas con una buena ubicación y como resultado cuentan con mayores satisfactores alrededor de su vivienda”, añadió.
Por ello, insistió en la necesidad de “dotar al INFONAVIT de las herramientas normativas para implementar esquemas de renta social”, con el propósito de que las personas trabajadoras de más bajos ingresos que no pueden comprar una casa propia, puedan acceder a una vivienda. En tanto, las personas trabajadoras más jóvenes tendrán oportunidad de “encontrar opciones de vivienda cerca de sus centros de trabajo”.
“Desde el punto de vista de los derechos humanos, la vivienda es un activo social que funge como un elemento fundamental del bienestar de las familias, toda vez que proporciona seguridad, sentido de pertenencia e identidad”, consideró el Jefe del Ejecutivo federal.
“La vivienda que cumple con características de asequibilidad, sustentabilidad, cercanía a satisfactores de educación, conectividad, y otros elementos que la hacen adecuada, conceptos reconocidos internacionalmente, funge como un factor determinante en la generación de igualdad, abatimiento de pobreza, y fortalecimiento de la cohesión y la prosperidad social y económica”, reiteró.
