El reportaje de Tim Golden en ProPública de Estados Unidos en el que sugiere (no presenta pruebas concluyentes) que la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador de 2006 recibió dinero del Cártel de Sinaloa para financiar sus actividades, ha puesto en discusión el tema del financiamiento ilegal de las campañas electorales en México.

En el caso concreto del reportaje aludido, como cabría esperar el Presidente López Obrador y sus seguidores lo niegan y acusan que esta historia forma parte de la guerra sucia que sufrirá el mandatario, su partido y candidatos de cara a la contienda presidencial de junio de este año. Del lado de los opositores al Gobierno de la Cuarta Transformación, el reportaje citado es prueba concluyente de que el actual mandatario ha recibido dinero ilegal para financiar sus campañas.

Lo dicen con énfasis los dirigentes de la alianza opositora de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), todos ellos con un largo historial de financiamiento ilegal de campañas documentado y probado. El que los partidos opositores hayan recibido financiamiento ilegal para sus campañas en el pasado no exime o blinda a López Obrador y a su partido, Morena, de haber incurrido en estas mismas prácticas.

Como en pocas actividades de la vida de la política profesional en México se puede aplicar la máxima de que quien esté libre de financiamiento ilegal en sus campañas, que aviente la primera piedra. Creo que ningún partido se animará a arrojar nada.

Se puede afirmar seriamente que el financiamiento ilegal de las campañas es consustancial a la vida misma de los partidos, de los candidatos y de los procesos electorales en México. Lo ha sido en el pasado y lo es ahora. Por una sencilla razón, o dos razones. La primera es que costear una campaña presidencial o a la gubernatura es extremadamente caro, mucho más que lo que señalan los topes de gastos determinados por los organismos electorales y porque el financiamiento de las campañas es al mismo tiempo un área de oportunidad para que algunos políticos que manejan los recursos se beneficien (incluso se enriquezcan) personalmente. Sí, hay corrupción en el manejo de los recursos de campañas y muchos políticos que participan en las actividades de campaña suelen aprovechar las elecciones para dar contratos a amigos o conocidos, o simple y sencillamente desviar recursos a sus propias cuentas bancarias o bolsillos. Es más propicia esta corrupción cuando el financiamiento es ilegal porque el dinero regularmente se entrega en efectivo.

Hagamos un poco de memoria. Cuando el PRI era el partido hegemónico que ganaba o se robaba la mayoría de las elecciones, su financiamiento provenía del propio aparato público. Por ejemplo una secretaría de Estado financiaba una campaña y los gobiernos estatales, otras. En algunos casos, como Jalisco, el financiamiento al PRI provenía de los sistemas DIF de asistencia social. En otros casos más burdos, sencillamente se desviaban recursos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado a la secretaría de Finanzas del PRI, con total descaro.

En el caso del PAN, no recibía dinero público por convicción y se financiaban con recursos directos de los militantes (las cuotas auto-asignadas), pero también de sectores empresariales que no querían al PRI, y no eran pocas las parroquias que contribuían a financiar las actividades de un partido más cercano a la Iglesia católica que el PRI.

Este esquema de financiamiento cambió con la creación del IFE y el financiamiento público a todos los partidos, incluido el PAN que cambió de postura respecto al dinero estatal. Bajo este nuevo esquema producto de las reformas electorales de la década de 1990, se puede recordar que el primer escándalo de financiamiento ilegal a un partido, ocurrió con el pase de charola del Presidente Carlos Salinas de Gortari en febrero de 1993, en casa de Antonio Ortiz Mena, exsecretario de Hacienda, donde se pidió dinero a los empresarios más ricos del país para financiar la campaña del candidato del PRI.

La campaña presidencial del 2000 estuvo marcada por el financiamiento ilegal. Por un lado, el candidato priista Francisco Labastida Ochoa, recibió mil millones de pesos del erario a través del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) dirigido por el corrupto líder sindical Carlos Romero Deschamps. En tanto el candidato opositor panista, Vicente Fox Quezada, recibió financiamiento ilegal a través de la organización Amigos de Fox.

Puede afirmarse que todas las campañas presidenciales rebasan los montos establecidos por la ley, por consiguiente reciben financiamiento ilegal, como ocurrió en la campaña de 2006 con el apoyo informal que recibió el candidato panista Felipe Calderón Hinojosa a través de la operación de Elba Esther Gordillo, el sindicato magisterial (SNTE) y gobernadores priistas que operaron en contra de su propio candidato, Roberto Madrazo.

Una de las campañas electorales más costosas, y por tanto con más financiamiento ilegal, fue la del priista Enrique Peña Nieto en 2012. El tope de campaña fue de 330 millones de pesos (mdp), pero estimaciones de la comisión legislativa creada para investigar probable financiamiento ilegal, estimaron que el abanderado priista gastó hasta 20 veces más que el tope oficial, unos 6,500 mdp.

No por costar menos que una campaña presidencial, las campañas por las gubernaturas se escapan a esta lógica del financiamiento ilegal. La campaña por la gubernatura de Jalisco en 2012 tenía un tope de 25 mdp pero fuentes de la propia campaña del candidato ganador, el priista Aristóteles Sandoval Díaz, estiman que se gastó diez veces más que el tope oficial.

El costeo de las campañas electorales tiene tres fuentes: el financiamiento oficial que entrega el estado a través del Instituto Nacional Electoral (INE), el desvío de recursos de los aparatos públicos, y el financiamiento ilegal que, a su vez, tiene dos fuentes: dinero empresarial como aportación para futura obtención de contratos y el dinero del crimen organizado para la protección de su negocio.

Dado el alto costo de las campañas, es difícil pensar que cualquier partido se niegue a obtener los tres tipos de financiamiento. Es imposible, por ejemplo, que una campaña presidencial que requiere coordinaciones nacionales, sectoriales, estatales, por circunscripción, distritales, municipales y hasta seccionales, puede costearse por 660 mdp que fijó el INE como tope de gasto para la elección presidencial de este año.

La autoridad electoral podría vigilar y fiscalizar a detalle los gastos de todas las campañas, pero existen tantas áreas que escapan a la fiscalización que se hace imposible  revisar todos los ingresos y las fuentes que alimentan las finanzas de partidos y candidatos. Lo cierto es que a ningún partido le conviene una fiscalización profunda y detallada de sus gastos porque lo cierto es que todos las campañas recurren al financiamiento ilegal. Y si no, que arrojen la primera piedra.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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