El que esté libre de culpa que aviente el primer Gansito Marinela, escribió Sebastián Guillén Vicente, que luego se haría famoso bajo el nombre de Marcos, el guerrillero de pipa y pasamontañas. El reportaje sobre el posible financiamiento del crimen organizado a la campaña de López Obrador en 2006, puso al Presidente de cabeza y de nuevo el tema sobre la mesa: ¿hay dinero del crimen organizado en las campañas? Es muy difícil, si no imposible de probar. A lo más que se puede llegar es a indicios como los que conocimos en días pasados.

Cuando hablamos de dinero del narcotráfico hay una sanción moral por la procedencia de los recursos. Pero ¿cuál es la diferencia entre el dinero sucio que viene de Carlos Ahumada -que está probado que en aquella misma campaña sí recibió López Obrador-, el financiamiento ilegal a través del esquema de Amigos de Fox o el que recibió Peña Nieto de Odebrecht, la multinacional de la corrupción? No se trata de minimizar la gravedad de que el narcotráfico financie campañas, hay muchos indicios de que eso ha sucedido en contiendas para Gobernador y en presidencias municipales, sino de entender que todo el dinero sucio en las elecciones genera compromisos de ilegalidad, sea para hacer negocios, obtener favores o comprar protección de las futuras autoridades.

La única forma de combatir el dinero del crimen organizado en las elecciones es endureciendo el castigo a todo recurso ilegal en las campañas, pues la línea entre empresarios y narcos es muy tenue; el crimen organizado viste como empresario de moda o como abogado catrín. Esto es, el dinero que llega a las campañas viene, por decirlo de alguna manera, prelavado. El que el candidato no se siente a negociar con el líder visible de un grupo criminal ni se firme una carta de intención, no significa que el dinero del narco no llegue a las campañas ni que no existan compromisos y forma de recordarlos, ni tampoco que el dinero sucio que vienen de empresarios, con los que sí se toman la foto, no genere compromisos ilegales.

Si de verdad queremos acabar con el dinero sucio en las campañas y con la generación de compromisos moralmente más o menos aceptables, pero todos ilegales, tenemos que fiscalizar las campañas desde la Unidad de Inteligencia Financiera, y sancionar con mucha más fuerza a partidos y candidatos. 

No deja de ser paradójico que López Obrador, el que todas las mañanas acusa y pone el dedo flamígero sobre sus adversarios sin mayor demostración que su palabra, esté ahora exigiendo pruebas. Pero no nos confundamos. Lo que estamos viendo no es un complot del Departamento de Estado del Gobierno de Joe Biden. Es temporada de lodo y el problema no es él o los mensajeros, sino el dinero sucio en la campañas.

Diego Petersen Farah

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