La publicación de la base de datos personales de periodistas que acuden a la conferencia matutina es resultado de la negligencia y el desdén hacia la prensa. Lejano de las teorías de la conspiración que apuntan a una filtración de datos intencional para inhibir a la prensa o para desacreditar al Gobierno, la omisión de cuidado -de suyo grave- es resultado de la falta de interés por proteger a los y las periodistas.

El hecho es grave porque se puede acceder a las cuentas o teléfonos de periodistas, suplantar la identidad con la información obtenida, o peor, agredirlos directamente en sus domicilios.

Hablamos de negligencia porque según la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), la Presidencia de la República y lo Coordinación General de Comunicación Social tienen la obligación de garantizar el buen resguardo de esos datos. Para ello deben tomar todas las medidas pertinentes para evitar cualquier vulneración a los sistemas donde están alojados. 

Claramente no lo hicieron. Ellos mismos aceptaron que se accedió al sistema con las contraseñas de un exempleado. Este Gobierno no pudo hacer algo tan básico como establecer protocolos mínimos de alta y baja de credenciales. Y eso puede tener consecuencias severas que esperemos no se materialicen. Por lo pronto, la zozobra de decenas de periodistas que incluso consideran seriamente abandonar sus hogares.

También está el desdén. Ese es más claro. Es el resultado de una relación sumamente tensa con la prensa, que en voz del Presidente es “adversaria” o, de plano, “enemiga”; y para sus seguidores, es “sicaria” y “golpista”. En esos términos, pocas ganas quedan de protegerla, supongo. Por eso es inaceptable, pero bastante comprensible que la Jefatura de Estado no pueda garantizar la seguridad de los datos de periodistas. Simple y sencillamente porque no importa. 

La evidencia arroja que ese desdén mantuvo los niveles de violencia contra la prensa de otros sexenios, pese a la promesa en sentido contrario. En el sexenio se contabilizan ya 43 asesinatos, muy cercanos a los 47 ocurridos durante el Gobierno de Peña Nieto y los 48 de Calderón. El primer semestre de 2023 se documentaron 272 agresiones contra la prensa. El 2022 fue el año más violento (692 agresiones) y más letal (13 asesinatos) del que tengamos registro. De hecho, la mitad de las agresiones en general provienen directamente del poder público, tendencia permanente en los últimos 15 años y que tampoco se logró reducir.

Pero además la protección a la prensa, ejecutada por el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, no ha mejorado de manera significativa pese a las 109 recomendaciones técnicas que hizo la ONU-DH en 2019.  

El lunes en la conferencia vespertina se informó sobre la vulneración al sistema de resguardo de la acreditación para la prensa. Se especificó que en la base de datos hay 309 personas, de las cuales había datos personales de 263 en su conjunto, y de ellas, 186 credenciales de elector que tenían domicilio completo. También invitaron a los periodistas a ingresar al Mecanismo. También se dijo que se colaboraría con el INAI -órganos garante de la protección de datos personales- en la investigación abierta. Por último, se informó que se presentará una denuncia ante la FGR. 

Todo lo anterior es lo mínimo necesario. Sin embargo, falta establecer una ruta crítica de garantías de no repetición y de reparación para las y los periodistas agraviados. El artículo 41 de la LGPDPPSO les ordena informar al titular de los datos “la naturaleza del incidente; […] los datos personales comprometidos; […] las recomendaciones acerca de las medidas [que puede aplicar el titular de los datos”. Además deben informar “[l]as acciones correctivas realizadas de forma inmediata”.

Hasta ahora, en comunicación de Artículo 19 con al menos cinco periodistas perjudicados, solamente les habían ofrecido incorporarse al Mecanismo de Protección, pero no les han informado qué datos personales fueron comprometidos, recomendaciones adicionales y, mucho menos, las acciones correctivas. 

El escándalo que se desató el viernes pasado ha amainado. Nuevos y graves escándalos de esta semana lo han sustituido. Pero es importante no dejar de lado el tema antes de que se concrete un daño irreparable. Celebremos que hasta el momento exista la intención de apoyar a la investigación que ha emprendido el INAI y esperemos que sus conclusiones no sean motivo de un nuevo ataque al organismo.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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