Comparto aquí algunas reflexiones a partir de una estancia académica y de un viaje que pude realizar en noviembre y diciembre pasados en los estados de Piauí, de Ceará y de San Pablo, Brasil. En el país sudamericano la desaparición de personas es una problemática mucho menos visible que en México, tanto en la academia como en el medio político y en la sociedad en general. Considero que lo anterior se debe principalmente a la distinta trayectoria de los colectivos de víctimas y de los movimientos sociales. Más específicamente, a cómo estos grupos se han articulado a nivel nacional, construyendo narrativas y marcos de sentido sobre las violencias, los agravios y las desapariciones que, en ambos países, ya son fenómenos estructurales. La acción colectiva de las familias y de la sociedad, así como el posicionamiento político y mediático de un problema tan complejo, han creado distintos marcos de sentido. 

En México muchas mujeres buscadoras han pasado de concebirse como “víctimas” a ser defensoras de derechos humanos y luchadoras sociales. Cada vez más personas solidarias, periodistas, universidades y organizaciones se fueron especializando para producir conocimientos y acompañamientos centrados en las necesidades de los colectivos. La respuesta social ha sido lenta e incompleta, pero fue creciendo paulatinamente gracias a la multiplicación y la unión de los esfuerzos. Las oleadas de protesta y los gritos de indignación en el contexto neoliberal, a partir por lo menos de la insurrección neozapatista de 1994 en adelante, fueron tejiendo redes y sumando experiencias. 

En 2011 el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad empoderó a las víctimas, dio un rostro humano a las anónimas cifras de la tragedia nacional, y visibilizó una profunda crisis de derechos humanos. En 2014 Ayotzinapa marcó un parteaguas en la historia reciente y el movimiento de los y las buscadoras destapó la crisis forense y la gravedad de las desapariciones en todo el país: Los Otros Desaparecidos de Iguala, el colectivo Solecito en Veracruz y las Rastreadoras de El Fuerte en Sinaloa organizaron brigadas masivas día tras día, encontrando a más personas, cuerpos, sitios de exterminio y dramáticas verdades que las autoridades. Con todo, al día de hoy falta mucho para romper la indiferencia social y los prejuicios, así como las indolencias o las complicidades institucionales para con las desapariciones. Nos siguen faltando más de 114 mil personas y, lamentablemente, la impunidad persistente anuncia la repetición de un círculo vicioso.  

En Brasil, la movilización en torno a la desaparición ha sucedido en algunos casos y contextos, sin embargo, en general el tema está casi ausente del espacio público. No hay como tal un movimiento nacional de colectivos o brigadas de búsqueda que marquen la agenda política en los estados o fuercen a las autoridades a la rendición de cuentas en esta materia. Las respuestas contra los agravios sistémicos se reúnen alrededor de otros discursos y denuncias: se construyó una fuerte proyección en la arena pública de las luchas antirracistas y de defensa socioambiental, feministas, de la diversidad sexual y de género, además de las históricas de los sin tierra y sin techo. 

En Brasil, el Comité Internacional de la Cruz Roja y algunas organizaciones de familiares, especialmente en San Pablo, entidad que concentra más de un cuarto de los casos recientes de desapariciones, se mantienen activas para la denuncia, el acompañamiento y la memoria, pero sus alcances son locales y enfocados.

No se ha registrado en tiempos recientes una oleada de movilizaciones de parte de las víctimas ni un movimiento nacional por las y los desaparecidos, como sucedió en el México de las presidencias de Calderón y Peña Nieto, en el contexto de la escalada de la violencia y de la mal llamada “guerra a las drogas” (o “al narco”). 

Colombia anticipó de alguna manera el caso mexicano, ya que desde finales del siglo experimentó una grave crisis de los derechos humanos, junto con la superposición de la represión estatal, la insurgencia armada, el narcotráfico y la paramilitarización del conflicto. En cambio, en Brasil, el problema no acaba de enmarcarse en términos políticos, a excepción de los casos de la época de la dictadura (1964-1985) que, sin embargo, son considerados tendencialmente más como un problema histórico que como un puente entre pasado y presente o como un gozne que dé sentido a las ausencias forzadas de hoy a partir del esclarecimiento de las vejaciones del ayer. 

¿Cuáles son los datos? En Brasil, como en México, hay una serie de problemas con los registros oficiales, pero me atrevo al ejercicio comparativo con lo que mejor se aproxime a esta realidad. 

Durante 2022 en Brasil hubo 74 mil 061 registros por la desaparición de personas, un promedio de 203 cada día. Cerca del 54 por ciento de éstas fueron localizadas. En México en 2022, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hubo 23 mil 131 desapariciones, y casi el 61 por ciento fueron localizadas. Brasil tuvo 200 mil 577 reportes oficiales (que llaman “boletines”) de personas desaparecidas entre 2019 y 2021, y de estas fueron localizadas 112 mil 246, es decir, el 56 por ciento. Entonces, siguen siendo decenas de miles las personas con paradero desconocido y que no son buscadas por las autoridades, pues en muchos casos no hay una prescripción legal tajante para su búsqueda y localización.

El país sudamericano tiene unos 214 millones de habitantes, mientras que México tiene 126 millones, así que, tanto en términos absolutos como en porcentaje sobre su población, en Brasil hay muchas más personas que desaparecen y una tasa de localización bastante inferior. Esto según el Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ONG especializada en temas de seguridad. Además, según datos oficiales difundidos por la organización Desaparecidos do Brasil, cerca de 50 mil niños, niñas y adolescentes desaparecen cada año en el país. 

De hecho, los primeros movimientos ante esta situación, desde la década de 1990, giraron en torno a la desaparición de niños y niñas: en 1992, surgió el Movimiento Nacional en Defensa de los Niños Desaparecidos (Cridespar) en Paraná. Hasta 2005, una ley federal ordenó a las autoridades policiales registrarles y buscarles inmediatamente, sin esperar 24 o 48 horas para iniciar la búsqueda. No obstante, hay poca discusión en la legislación sobre otros tipos de desaparición, incluida la desaparición forzada, pues el concepto de desaparecido no existió en la legislación brasileña sino hasta 2019, cuando fue aprobada la Ley de Política Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en la que, como está previsto en México, una persona desaparecida es “todo ser humano cuyo paradero se desconoce, independientemente de la causa de su desaparición, hasta que se haya confirmado su recuperación e identificación por medios físicos o científicos”. 

En Brasil, la desaparición como tal no es considerada un delito penal, no genera necesariamente una investigación ni una atención prioritaria de la policía, la cual tiende a estigmatizar a las víctimas y desatenderlas, además de que no hay un protocolo de investigación, salvo para los casos de niños y niñas desaparecidas. En cambio, en México la inclusión de la presunción legal del delito de desaparición forzada o por particulares ha sido un logro del movimiento de familiares, incorporado en la correspondiente Ley General (artículo 89).

Las causas de las desapariciones o de las localizaciones rara vez son consignadas y mapeadas en los registros oficiales, tanto en México como en Brasil. Allá hubo 203 desapariciones por día en 2022, por diversas cuestiones: ruptura de lazos con familiares y amigos por voluntad propia, víctimas de accidentes o desastres naturales, problemas de salud mental, víctimas de secuestros por particulares, crimen organizado o de agentes del Estado. Es común, como en México, que la policía o el Ministerio Público aduzcan homicidio, encarcelamiento, o narcotráfico para explicar la desaparición de hombres y, para las mujeres, el involucramiento en la prostitución o una “fuga” con la pareja. Es decir, “en algo andaban” o “se fue con el novio”, frases que no son pistas de nada, ni abonan a la verdad y a la justicia, al contrario, normalizan la violencia y estigmatizan a las familias de las y los desaparecidos. 

En la realidad brasileña, “no tener un procedimiento inicial recomendado para las investigaciones de personas desaparecidas es un problema que se alimenta de la falta de parametrización en cuanto al tipo de desaparición. El hecho de no conocer el tipo de desaparición dificulta establecer un perfil de las víctimas. En el trienio 2019-2021, de los más de 300 mil registros analizados, el 62.8 por ciento de los desaparecidos son hombres, el 29.3 por ciento son jóvenes de entre 12 y 17 años y el 54.3 por ciento son negros. La tasa media de adolescentes desaparecidos, 84.4 por ciento, es casi tres veces superior a la media nacional, 29.5 por ciento”, escribe Talita Nascimento, de la organización Fórum Brasileño de Seguridad Pública. Esto impide la elaboración de políticas públicas focalizadas y favorece la reducción del fenómeno o la búsqueda a una serie “procesos administrativos”. 

México cuenta con un andamiaje legal e institucional más articulado y desarrollado, pese a sus carencias en la práctica, al crecimiento constante de las desapariciones y a la persistencia de graves violaciones a derechos humanos. La respuesta social que ha impulsado marcos legales, memoria y resistencias civiles se ha basado en una lucha histórica de más de medio siglo, en la politización proactiva del tema y en la acción colectiva contra la violencia para visibilizar y denunciar la crisis, el papel del Estado y de las redes criminales en las desapariciones. 

Fabrizio Lorusso

https://www.sinembargo.mx/author/fabrizio-lorusso/

Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

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