Por Dardo Justino Rodríguez

Inexorablemente, el Presidente salvadoreño Nayib Bukele se encamina con absoluta calma hacia su inconstitucional reelección. Decimos inexorablemente porque controla todo el aparato estatal, incluyendo los poderes legislativo y judicial, y, además, mediante una buena campaña en redes sociales, sigue convenciendo a buena parte de la población de que es un gran Presidente. 

El ambiente preelectoral está teñido por las quejas de la oposición, a las que muy pocos prestan especial atención. “Bukele y los suyos son realmente magos utilizando las redes sociales, y el carisma del Presidente hace el resto… lo hace de tal manera, que sus audiencias sólo piensan que ahora pueden caminar con más tranquilidad por las calles”, afirma un analista que prefiere mantener el anonimato. Tras una caída de su imagen positiva, según las últimas encuestas Bukele cuenta con una intención de voto del 71 por ciento. Quizás la cifra sea exagerada, pero no hay dudas de que tiene el aval de la mayoría.

La ilegalidad de la candidatura de Bukele 

El pasado 15 de septiembre, Día de la Independencia, Bukele afirmó en su discurso que iría por la reelección para “copiar lo bueno de las naciones desarrolladas”, a pesar de reconocer que la reelección no está constitucionalmente permitida en el país.

En cuatro artículos, la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección presidencial. El artículo 75 establece que “pierden los derechos de ciudadano los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”.

El artículo 88, en tanto, considera la alternabilidad “indispensable para el mantenimiento de la forma de Gobierno y sistema político establecido”. “La violación de esta norma obliga a la insurrección”, añade. Por su parte, el artículo 152 dice que no puede ser candidato a la primera magistratura “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del periodo presidencial”.

Estos son sólo algunos de los artículos que afirman explícitamente que su candidatura es ilegal. Pero nada de eso importa con una Corte Suprema de Justicia servil al mandatario y un Tribunal Supremo Electoral que salva sus responsabilidades acatando lo fallado por la Corte.

Tras el anuncio de Bukele, que era esperado por todo el país, la oposición saltó de sus escasas butacas en el legislativo para cuestionar las intenciones del Presidente. La derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) declaró que “por fin Bukele se quitó la máscara y desveló su verdadera intención, perpetuarse en el poder”. Por su parte, el ¿izquierdista? Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) indicó en un comunicado que las intenciones de Bukele “van en contra de la Constitución de la República”, lamentando el aval dado a esa ilegal aspiración por la Sala de lo Constitucional de la CSJ.

La realidad de los salvadoreños de a pie

En estos años, la corrupción ha alcanzado niveles inéditos. Pero Bukele, que se maneja muy bien en el mundo de las redes sociales, ha logrado monopolizar la narrativa de sus logros –reales y supuestos–, sobre todo en el campo de la seguridad ciudadana, ya que las calles de las ciudades están más tranquilas. Esto a costa de la violación constante de los derechos humanos de los sectores de la población marginados, pero no marginales. 

Miles de personas, según organizaciones de derechos humanos, llevan meses y años en prisión sin haber sido juzgadas. Los factores comunes de las víctimas es que son pobres, casi iletrados y de procedencia rural. Según cálculos de estas organizaciones, estas personas suman casi el 40 por ciento de la población carcelaria, una cifra difícil de comprobar. El objetivo del Gobierno es mostrar a la audiencia “delincuentes” presos. O sea, maximizar el efecto de su política ante una ciudadanía que, por lo menos, se ve menos asediada por la delincuencia.

Así las cosas, Bukele, obviamente, sigue al mando del Ejecutivo y será reelecto, pues los niveles de adhesión, que en algún momento bajaron de forma sensible, han vuelto a subir considerablemente. En ello influyen sus inteligentes campañas en redes sociales, su carisma, sus creíbles aunque falsas declaraciones, la incipiente seguridad que se respira en las calles, pero, sobre todo, una oposición desprestigiada y desperdigada.

Bukele, por ahora, maneja todos los hilos del poder y nadie parece poder quitárselos, máxime considerando que cuenta con el apoyo prácticamente irrestricto de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Desde la oposición, relegada dentro de las estructuras del Estado, en especial del Parlamento, no se cuenta con estrategias para enfrentar al oficialismo. Y si bien es en algunas zonas rurales donde el Presidente cuenta con menos adhesiones, los votos, aunque fueran mayoritariamente a algún candidato opositor, no serían suficientes para contrarrestar el apoyo que tiene en los grandes centros urbanos. 

Por otro lado, a pesar de los supuestos “encontronazos” con Washington, la oposición es consciente de que desde el norte se prefiere confrontar a un personaje como Bukele y su narrativa que a una oposición frontal a los intereses estadounidenses en la región.

Latinoamérica 21

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