Por: Janet Oropeza*

Una de las grandes promesas de este gobierno fue el combate frontal a la corrupción y a la impunidad. Sin embargo, a escasos meses de terminar este sexenio, abordamos tres grandes pendientes que persisten en estas áreas.

Como contexto, es importante señalar que, en aquellos países donde se ha logrado combatir la corrupción de manera eficiente, la evidencia apunta a que es necesario asegurar tres elementos. En primer lugar, las investigaciones realizadas deben de ser de calidad, con pruebas suficientes para sostener los casos ante instancias sancionadoras, obtenidas con apego a derecho y centradas en identificar todo el entramado de actores e instituciones involucrados en los actos de corrupción. Esto significa, a menudo, priorizar investigaciones que involucraron grandes cantidades de recursos y realizarlas de manera coordinada entre varias instituciones. En segundo lugar, debe haber justicia, es decir, que todos los actores que incurrieron en estos actos reciban una sanción o pena acorde al delito que cometieron y a su responsabilidad en el mismo. Esto incluye llevar ante la justicia a Secretarios o Secretarias de Estado por su participación en estos actos y también lograr que las víctimas directas o indirectas de estos actos sean reparadas. En tercer lugar, el combate a la corrupción debe asegurar la no repetición de estos actos, lo que conlleva identificar y transformar aquellas prácticas o vacíos legales o institucionales que permitieron dichos actos, estableciendo candados específicos, lo que implica también fortalecer las instancias de rendición de cuentas y control, como los órganos de fiscalización, investigación de delitos y de acceso a información.

Sin embargo, en nuestro país, estas condiciones no se han logrado porque aún hay pendientes significativos, como:

– Persistencia de la impunidad. En 2018, a unos días de haber sido electo, el Ejecutivo presentó 50 lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana. En éstos, se prometía acabar con la impunidad, sancionando a cualquier persona funcionaria que incurriera en actos de corrupción y permitiendo a las fiscalías realizar su trabajo con autonomía y sin ninguna interferencia del poder ejecutivo.

Lamentablemente, casi seis años después, los casos de corrupción de mayor escala del sexenio anterior y/o el actual o no han sido investigados de forma adecuada e integral o permanecen en la impunidad. Sus avances han sido acotados y lo poco que conocemos de ellos es por el seguimiento de periodistas y no por las propias entidades de investigación. De hecho, durante sus primeros años de operación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FEEC) ha judicializado sólo 3.6% de las carpetas de investigación y ha obtenido sólo siete sentencias condenatorias.

A manera de muestra está la Estafa Maestra, en donde 11 dependencias federales durante el gobierno de Peña Nieto participaron, junto con universidades públicas, en el desvío de más de 7, 000 millones de pesos (mdp) a través de empresas fantasmas. Las investigaciones penales se centraron casi exclusivamente en Rosario Robles, la ex titular de la SEDESOL y la SEDATU, y en algunos funcionarios de mando medio, sin que se hubieran investigado a los otros 10 Secretarios de Estado, titulares de empresas productivas del Estado o al propio ex Presidente de la República y su equipo más allegado, que presumiblemente orquestaron este esquema. Incluso, dentro de la propia SEDESOL, se omitió investigar a otras personas funcionarias que participaron en los desvíos como Emilio Zebadúa. Con la absolución penal de Robles en 2023 y sin avances sustantivos en el plano administrativo, el caso permanece impune. Además, nunca se recuperaron los 7,000 mdp desviados que, en muchos casos, iban destinados a garantizar derechos, por ejemplo, la alimentación o nutrición.

El caso Segalmex muestra también la falta de voluntad para sancionar a todas las personas implicadas en corrupción. Los recursos desviados se calculan en 9,500 mdp, ocurrieron a partir de 2019 y estaban destinados a asegurar el derecho a la alimentación de quienes más lo necesitaban. En el plano penal, la Fiscalía General de la República se encuentra investigando más de 100 denuncias y ha obtenido más de 49 órdenes de aprehensión. Sin embargo, ninguna persona ha sido sentenciada. Además, sobresale que el ex titular de Segalmex, quien estuvo involucrado, no fue investigado penalmente y, por el contrario, ha sido defendido públicamente por el presidente y nombrado para otro cargo público. Los mayores avances se reportan en el plano administrativo donde se creó un grupo intersecretarial y se han impuesto multas a las empresas involucradas y se han inhabilitado a ex funcionarios y funcionarias públicas, además de que se reportó la recuperación de al menos 800 mdp.

– Ausencia de mecanismos de prevención que eviten la repetición de actos de corrupción. Informes de las propias entidades de fiscalización, como la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación, así como investigaciones periodísticas han mostrado que, en este sexenio, las dependencias públicas siguen incurriendo en prácticas como a) contratar a empresas fantasmas, que no cuentan con el personal ni capacidades técnicas y que no realizan los trabajos acordados; b) pagar por obras o servicios a sobreprecio con empresas que simulan competencia, son de reciente creación y carecen de experiencia, o están vinculadas con funcionarios y funcionarias públicas; c) exigir “moches” para asignar contratos.

Algunos casos que reflejan estas prácticas son Sitravem, que derivó en la muerte de una niña en un hospital de Playa del Carmen; la contratación de empresas fantasmas por parte de la SEDENA, el Centro Federal de Readaptación Social Hermosillo; y la exigencia de “moches”  CONADE Estos casos revelan, por ejemplo, que los controles preventivos en las contrataciones siguen siendo débiles. Además, de forma preocupante, el gobierno continúa haciendo un uso excesivo de figuras que generan riesgos de corrupción como las adjudicaciones directas o la invitación a tres. A pesar de que al inicio de esta gestión, se prometió que “los contratos de obra se llevarían a cabo mediante licitación pública con la participación de ciudadanos y de observadores de la ONU”, 8 de cada 10 contratos se hacen por adjudicación directa. Por ello, fortalecer el aspecto preventivo de las contrataciones continúa como un gran pendiente del gobierno.

– Intentos por debilitar el acceso a la información. Además de ser un derecho humano reconocido en el artículo sexto constitucional, el derecho de acceso a la información es un mecanismo fundamental para prevenir la corrupción. Cuando existe transparencia sobre el actuar del gobierno y la ciudadanía puede acceder a información pública, se desincentiva la corrupción o puede detectarse y denunciarse.

Lamentablemente, durante todo el sexenio, el presidente y miembros de su partido en el legislativo han apostado por debilitar el entramado institucional y legal de transparencia vigente desde 2014, en vez de promover la transparencia proactiva en todo el actuar gubernamental. El presidente ha realizado constantemente ataques públicos contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), bajo el argumento de que dicho órgano constitucional autónomo “no sirve”. El Ejecutivo también ha impedido en diversas ocasiones el nombramiento de las personas comisionadas faltantes por el Senado de la República como una manera de impedir su funcionamiento. En este periodo, ha habido otros intentos para minar este derecho. En mayo de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el Acuerdo por el que el presidente declaraba a las obras y proyectos prioritarios como de interés público y seguridad nacional, ya que este carácter imposibilitaría conocer información de estos, transgrediendo el derecho.

En suma, al parecer este sexenio terminará aún con grandes pendientes en materia de corrupción, por lo que es importante que el nuevo gobierno tenga a la agenda anticorrupción entre sus prioridades, ya que este fenómeno, como dan cuenta los casos expuestos, no genera sólo una afectación para las arcas públicas, sino a la garantía de diversos derechos humanos, a menudo de las personas en mayor situación de vulnerabilidad.

* Janet es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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