La semana pasada se emitió fallo en un juicio que por sí mismo es histórico. Por primera vez en la historia reciente del país se judicializó una investigación por espionaje cometido contra una periodista. Este fue el caso de la periodista Carmen Aristegui quien  fue atacada en su privacidad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Como ha sido ampliamente difundido, la herramienta utilizada para espiarla -y por lo menos a otros 20 periodistas- es Pegasus, un software que ha sido el centro de escándalos internacionales por su utilización contra comunicadores, políticos, activistas y disidentes en diversas partes del mundo.

La sentencia dictada por el juez Benítez Alcántara después de seis semanas de juicio, exoneró al único acusado después de 7 años de investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Fiscalía General de la República (FGR). El mismo juez consideró acreditada la infección con Pegasus al celular de Aristegui, reconociendo también el expertise del Citizen Lab de la Universidad de Toronto y su carácter de grupo de expertos más solvente a nivel mundial para identificar el malware. A la par, establece que dicho espionaje parte de los trabajos de investigación periodística encabezados por Carmen, entre ellos y medularmente, la llamada  “Casa Blanca de Enrique Peña Nieto”.

La teoría del caso de la fiscalía fue que Juan Carlos García Rivera, operador técnico y conocedor en el uso del software espía por parte de las empresas vendedoras del mismo en nuestro país, realizaba espionaje a petición de su jefe Uri Emannuel Ansbacher, dueño de facto de una red de empresas (KBH) beneficiadas por jugosos contratos en el sector seguridad y militar. Ansbacher, a su vez, respondía a las peticiones de espionaje realizadas por el propio Peña Ninto, Osorio Chong (entonces secretario de Gobernación) y Eugenio Imaz (ex director del CISEN). Sin embargo, para el juez no hubo pruebas suficientes que acreditaran a García como ejecutor de la compleja trama.

No es buena noticia que haya espionaje sin espías. Pero diseccionando el sentido de la resolución hay aspectos que se pueden rescatar después de larga lucha de víctimas de espionaje y organizaciones como R3D, Social TIC y Artículo 19. El reconocimiento a Citizen Lab y su calidad técnica no es menor. Los gobiernos Peña Nieto y López Obrador han puesto en tela de duda la calidad del trabajo forense del laboratorio, mismo que ha confirmado la infección de personas periodistas, opositores y personas defensoras de derechos humanos en sus respectivos sexenios. Este punto central de la disputa jurídica, política y narrativa ha quedado saldado. Vaya, ni la defensa del acusado en este juicio, y mucho menos la fiscalía, ponen en duda la infección cometida contra el dispositivo móvil de Aristegui.

La parte poco grata es que una vez más tenemos potencial macroproceso tambaleándose. Lo decimos así porque según la estrategia de la FEADLE este era el primer paso para avanzar en responsabilizar al resto de implicados en la cadena de mando. Y al cerrar el caso de García Rivera, el único avanzado en términos probatorios por los casos ocurridos durante el gobierno de EPN, resulta poco probable que a estas alturas se avance con otras hipótesis, otras pruebas, otros responsables (instituciones y personas), y peor aún, con las garantías de verdad y justicia para todas las víctimas (hay una docena de denunciantes más que sus casos no avanzan).

Valdrá la pena reflexionar sobre los factores que no permiten avanzar en estos casos que tocan altas esferas políticas. Si bien la explicación basada en los pactos de silencio e impunidad resulta plausible, hay elementos adicionales que reconocer. Los arreglos políticos trastocan la voluntad. Pero falta preguntarnos qué hay de la capacidad. Es ahí donde vemos con claridad que no existen la estructura, conocimientos y herramientas en las fiscalías para avanzar en casos complejos.

Los macroprocesos como Odebrecht y Agronitrogenados nos demuestran que las fiscalías – cuando quieren avanzar- apuestan más por los fuegos de artificio de las primeras detenciones y los subsecuentes acuerdos políticos y delaciones de los imputados.  Pero omiten por completo formar personal competente para hacer análisis criminales complejos, establecer estrategias probatorias más creativas, adoptar una mirada de conjunto que ubique redes de actores y autores y no solamente responsables individuales.

El juez del caso Pegasus, el único que ha conocido de primera mano toda la evidencia, cierra de manera contundente su resolución. Lamenta no poder garantizar justicia para la Carmen Aristegui por la deficiente investigación de la fiscalía. Esa frase sintetiza el núcleo del problema de impunidad que mañosamente se ha sobresimplificado, dirigiendo únicamente las baterías contra los y las jueces, acusándoles de corrupción en todos los casos malogrados por las fiscalías. Sin duda mucho que corregir en el plano de la judicatura, pero mientras no se observé con sentido de urgencia a las fiscalías, las víctimas y la sociedad seguiremos lamentando la falta de justicia.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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