El testimonio del empresario deja ver que durante al menos tres administraciones diversos servidores públicos de la Alcaldía Benito Juárez hicieron uso de sus cargos para otorgar permisos a constructoras y, al mismo tiempo, enriquecerse con dinero que obtenían por las compensaciones de las personas a cargo de las obras.
Ciudad de México, 16 enero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) dio a conocer información relacionada al caso de corrupción en el sector inmobiliario de la Alcaldía Benito Juárez.
En un mensaje emitido por Ulises Lara, quien es Coordinador General de Investigación Territorial de la Fiscalía, se presentó el testimonio de un empresario que proporcionó información sobre el funcionamiento de la red de corrupción en la cual distintos exservidores públicos de Benito Juárez dieron protección a empresas constructoras para burlar posibles contratiempos durante el desarrollo de los proyectos inmobiliarios.
Fue gracias a las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por parte de vecinas, vecinos y empresarios dedicados a la industria de la construcción que la Fiscalía pudo conocer más sobre la amplia red de vínculos alrededor de dicha industria y, así, saber más detalles sobre el modus operandi de los funcionarios de la Alcaldía, quienes hicieron uso indebido de sus cargos públicos y de su posición de poder, además de que solicitaron sumas monetarias para acceder a favorecer las gestiones de los proyectos de construcción.
En el video, el empresario que ofreció su testimonio relató que en el año 2010 conoció a Luis «N» a través de un supuesto amigo en común, quien los presentó para que este sujeto fungiera como un contacto que pudiera ayudarle en todo lo relacionado al trámite de licencias de construcción.
Sigue el mensaje a medios del Coordinador General de Investigación Territorial, en suplencia de la persona titular de la #FGJCDMX, doctor @UlisesLaraLopez, relacionado con la investigación por corrupción en #BenitoJuárez. Más información: https://t.co/XNorESY5tZ
— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) January 16, 2024
En distintas ocasiones, el empresario, cuyo nombre no se reveló para proteger su identidad, acudió a Luis «N» para solicitar apoyo, sobre todo en situaciones en que una construcción había sido detenida a causa de falta de permisos o pausas en los trabajos derivadas de visitas de verificación por parte de las autoridades.
Luis «N» llegó a pedir el apoyo a entidades como la Dirección de Obras de Benito Juárez para otorgarle al empresario los permisos necesarios con la finalidad de que la obra en curso pudiera seguir operando o, incluso, concluirse, pero siempre con la condición de recibir sumas monetarias de hasta 250 mil pesos por cada situación que el sujeto resolvía en favor del empresario y de las obras en cuestión.
La declaración del testigo también relata que Luis «N» posteriormente acudió al empresario para solicitarle apoyar la candidatura de quien en 2014 estaba postulándose para dicho cargo en Benito Juárez, a lo que accedió debido a los favores que había recibido anteriormente de parte de Luis «N».
Dos años después, el sujeto fungiría también como socio del empresario, y ambos llegaron a aliarse para llevar a cabo proyectos inmobiliarios.
Derivado de esta asociación, ambos gestionaron proyectos de construcción en los que diversos funcionarios de la demarcación mencionada también tuvieron participación, incluyendo el Alcalde. También llegó a colaborar con ellos el entonces Director de Planeación, Desarrollo y Participación de la delegación Benito Juárez, quien era muy cercano al Alcalde en turno y que les ayudó a «proteger» algunas de las obras —es decir, evitar visitas de verificación— que estaban llevando a cabo, y en las cuales dichos funcionarios eventualmente pasarían a ser propietarios de algún inmueble.
«En suma, las cuotas que había que cubrir por protección de obra eran de 50 mil pesos por departamento, pagándose la mitad al inicio y el resto al terminar, para poder obtener la autorización de ocupación», señala la declaración del empresario.
El comunicado de la Fiscalía concluye describiendo y confirmando «el modus operandi desde 2015 de esta red de exservidores públicos de la Alcaldía Benito Juárez, con decenas de construcciones en la demarcación fue recurrente, durante al menos tres administraciones, para solicitar apoyos económicos y en especie, a modo de protección para que los desarrollos inmobiliarios evitaran sanciones y multas».
