Regularmente en México los políticos gobernantes tienden a ocultar información, minimizar situaciones de riesgo, menospreciar denuncias de corrupción, ignorar llamados de la sociedad, manipular cifras de inseguridad y violencia. Lo hacen con la intención de, por lo menos a través de la retórica, cambiar una realidad que no le es favorable a nadie: ni a ellos porque es el reflejo de una mala administración, ni a la sociedad que se encuentra más vulnerable en una situación desfavorecedora.

A propósito de la violencia cruenta y crecida en el estado de Guerrero, hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que algunos medios “magnifican la violencia”, que exageran y no consideran la información oficial, o sea la suya, o la de las fiscalías, que en cualquiera de los casos se niega o acaso se proporciona a cuentagotas, esperando que el caso caiga en el olvido o sea superado por otro de mayor notoriedad.

Así, un caso trágico de inseguridad va opacando al anterior, dejando en el camino investigaciones inconclusas, versiones oficiales parciales, incapacidad en la procuración y la administración de la justicia, una sistemática ausencia del Estado de Derecho y un presidente que suma cinco años con 166 mil 278 ejecutados, culpando al pasado y a sus supuestos adversarios de todo lo que no resuelve.

La ejecución de cinco jóvenes a manos de militares en febrero de 2023 en Nuevo Laredo fue información que se rezagó cuando en mayo del mismo año desaparecieron ocho jóvenes trabajadores de un call center en Jalisco, cuya muerte sería confirmada un mes después.

El caso, sin embargo, aun con militares -no altos mandos- en juicio, fue superado por la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, otra vez en Jalisco, amigos entre ellos, y cuyo lamentable destino sería evidenciado posteriormente en redes sociales. Aun cuando una parte de la sociedad no salía del estupor por los muchachos de Lagos de Moreno, días después, en septiembre de ese 2023, siete jóvenes fueron desaparecidos en Zacatecas. Un grupo de hombres armados los sacó por la fuerza de una fiesta a la que asistieron en el municipio de Villanueva. Posteriormente, los cuerpos de seis de ellos serían localizados.

Apenas entraba diciembre de 2023 cuando cinco jóvenes estudiantes de la Universidad Latina de México en Celaya, Guanajuato, fueron asesinados. En un acto de suma irresponsabilidad, el presidente declararía que el caso estaba relacionado con el consumo de droga, que habrían acudido a comprar enervante. Los exámenes toxicológicos a los cuerpos de los cinco jóvenes refutaron la versión presidencial, al no encontrárseles rastros de sustancias ilícitas en su organismo, además que sería documentado, fueron privados de su libertad cuando se encontraban en un balneario.

Pero una vez más, ante el impacto de la sociedad, las manifestaciones sectorizadas en Celaya y otras partes del Estado fueron opacadas por la masacre de Salvatierra, Guanajuato. El 17 de diciembre un grupo de amigos celebraba una posada navideña en lo que había sido una hacienda. La fiesta fue interrumpida por extraños que pretendieron entrar sin ser invitados. Se retiraron y al tiempo regresaron portando armas largas y disparando a mansalva. Mataron a once personas y dejaron heridas a 14 más. En la escena de terror, autoridades recogieron 195 casquillos que salieron de siete armas.

Los primeros días de enero de 2024, el sacerdote Filiberto Velázquez, un activista por los derechos humanos y defensor de víctimas en Guerrero, denunció una masacre en la sierra de Guerrero, de la cual poco se conoce. Por lo menos hay cinco muertos en lo que el prelado califica como una guerra criminal encabezada por el cártel de la Familia Michoacana.

Pocos días después, el 6 de enero, hombres armados irrumpieron en un palenque en Petatlán, otra vez Guerrero, y sin miramientos ni amenazas dispararon contra los presentes. A pesar que la versión de la fiscalía guerrerense y sostenida por el gobierno de la República indica que fueron seis los muertos, el lunes 8 de enero, con mucho valor, Martha Díaz Garzón, sindica procuradora de Petatlán y alcaldesa encargada de despacho ante la licencia que solicitó el presidente municipal Javier Aguilar Silva para buscar una diputación federal, informó que los asesinados en el palenque habían sido 13 y no 6. Además, que 21 personas resultaron heridas.

La encargada de despacho y para que no quedaran dudas, leyó nombre, apellidos, edad y ocupación tanto de los muertos como de los lesionados. La mayoría con labores lícitas, comerciantes, estudiantes, empleados, meseras, amas de casa, trabajadores. Bertha Díaz levantó la voz: “la masacre no debe entenderse como parte de un enfrentamiento entre criminales, sino como un ataque directo contra la población”. Contra civiles desarmados, concretó.

El 9 de enero, tres días después de la masacre en el palenque de Petatlán, Guerrero, y después de la narcoviolencia desatada en zonas de Guanajuato contra la población por la presunta detención de David y/o Luis Antonio, hijo de José Antonio Yépez “El marro, en Querétaro fueron localizados nueve cuerpos. Nueve hombres muertos. Teorías hay varias, información oficial escasea, pero ya la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano trasladaron por cientos a elementos a aquel estado, hasta ahora uno de los más tranquilos del país.

La realidad es trágica en México, los criminales, los mafiosos, los narcotraficantes acechan y atacan de manera directa a la población. No es un “enfrentamiento entre criminales” como bien lo dijo la encargada de despacho de Petatlán, Guerrero, es un ataque a civiles desarmados.

En todos los hechos de masacres aquí enumerados, el común denominador es ese, que las víctimas fueron civiles, estudiantes, amigos, trabajadores, y todos, desarmados. No pertenecían a la criminalidad organizada, o a algún cártel u organización delincuencial. Eran personas departiendo en algún lugar, un balneario, un lugar de trabajo, una posada, un palenque, una calle, que fueron masacradas por criminales armados pertenecientes a alguna estructura mafiosa dedicada a la producción, distribución, trasiego y tráfico de enervantes, de personas, de combustible, a la extorsión y el cobro de piso.

México, el gobierno de la República, las Fuerzas Armadas y las corporaciones policíacas, están rebasados por la inseguridad y la violencia, exponiendo y vulnerando a la población en general, a caer víctimas en una masacre, en un ataque directo contra la población por parte de criminales que claramente están por encima de la ley en el sexenio de los abrazos.

Adela Navarro Bello

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