El pasado 22 de diciembre, en sesión del primer periodo extraordinario, el Congreso de Quintana Roo aprobó por unanimidad revocar un decreto que permitía a Aguakan mantener una concesión para operar el servicio de agua potable y alcantarillado hasta el años 2054, en municipios de la zona norte de esa entidad.
Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- El Congreso de Quintana Roo aprobó el pasado 22 de diciembre, por unanimidad, revocar el decreto 250, mediante el cual en 2014, el Gobierno estatal, entonces encabezado por Roberto Borge, otorgó la ampliación a una concesión de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan), para que brindara el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento en diversos municipios de la entidad.
Dicho decreto permitía la extensión de esa concesión por 30 años más luego de que venciera el contrato inicial, el 31 de diciembre de 2023, por lo que la ampliación concluiría hasta el 31 de diciembre del 2054, en medio de diversas irregularidades y el descontento de la ciudadanía quintanarroense, como explicó Luis Humberto Aldana Navarro, Diputado local por Morena en Quintana Roo.
“En 2014, la XIV legislatura presenta un acuerdo, presenta un decreto, aprueban un decreto por mayoría (...) [para] que sea Aguakan la misma empresa que desde 1993, con la primera concesión que se les aprobó, tenga a bien dar otros 30 años, brincándose o saltándose el final de la concesión que era en el año 2023, el 31 de diciembre”, señaló el legislador.
Por ello, añadió el Diputado morenista, “nosotros instalamos una comisión especial durante esta legislatura, la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, para dar seguimiento a los temas”. Además, comentó que se llevó a cabo una revisión en la que “se detectaron algunas irregularidades” y “algunos incumplimientos graves de parte de la empresa y, entre tanto, se hizo una investigación y un análisis del decreto que le da la ampliación anticipada a Aguakan”.
Indicó que hubo “dos omisiones gravísimas, con las cuales la empresa engaña, le miente, tanto a la población como al Congreso, como a los inversionistas y al Gobierno en ese entonces”. Una de ellas fue que “no exhibían el modelo de negocio, y eso tiene todo que ver con la manera como la empresa se tiene que conducir para mantener su rentabilidad, el modelo de negocio, no estaba exhibido ante los legisladores”, detalló
“Esto quiere decir que no fue aprobado, al no ser exhibido no es aprobado, porque no es parte del cuerpo del decreto, y, otra, que los pleitos se dirimirían en el extranjero, en Francia, entonces, eso anula la posibilidad del Estado mexicano de defender el derecho y de garantizar el derecho al agua a los ciudadanos y las ciudadanas quintanarroenses, pero tampoco estaba exhibido este tema, no estaba frente a los legisladores”, añadió.
“Entonces, algo con lo que no fue aprobado, están operando, es con lo que ellos están obteniendo su renta, y, aparte, cualquier pleito se tendría que dirimir en el extranjero, cuestión que lesiona gravemente a la ciudadanía”, reiteró el Diputado Aldana Navarro.
Además, el legislador recordó que Aguakan obtuvo la concesión sin la correspondiente licitación y aportando mil 055 millones de pesos, recursos que no han sido localizados y por los que se inició una investigación. [Los mil 55 millones de pesos] es una cantidad importante que se depositó en su momento en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado”, dijo.
También subrayó que “[los recursos] aparentemente, fue depositada el mismo día que presentan el modelo de negocio, se depositan a la CAPA, a la Comisión de Agua Potable, y ésta a su vez lo envía a una cuenta del Gobierno del estado y de ahí no aparece ese dinero y hay una investigación que se está llevando a cabo para deslindar y fincar responsabilidades en todo caso acerca del destino de ese dinero”,
Recordó que hay una constante queja por parte de la ciudadanía por el servicio que brinda Aguakan. “Hay una mentira flagrante de parte de Aguakan hacia la ciudadanía, abusos constantes”, destacó Aldana Navarro, quien enfatizó sobre la necesidad de que las autoridades jurisdiccionales actúen “de maner responsable, defendiendo a la población y ayudando al Gobierno a garantizar este servicio y no a privilegiar los intereses de privados”.
Respecto al recurso de amparo que presentó Aguakan en contra de la resolución del Congreso de Quintana Roo, el legislador morenista aseguró que están en todo su derecho de defenderse como consideren necesario, sin embargo, en un tema de derechos humanos, como lo es el agua, los diputados cuentan con la facultad de reformar con el propósito de garantizar tales derechos a los ciudadanos.
“Nosotros como legisladores tenemos la facultad de sin derecho a audiencia y en un tema de garantías de derechos humanos o de interés público importante del nivel del agua, poder corregir todas las deficiencias o reformar todas aquellas leyes o decretos que tengan deficiencias que lesionen a la población y que no permitan al estado ser garante de estos derechos”, sostuvo.
“Porque sí es evidente y si es palpable todos los días que la población sigue sufriendo de lo que ellos llaman una ‘limitación de repente’, cobros abusivos, pero también una limitación que es que no den todo el paso al agua y esto significa en lo hechos un corte, porque en los hechos el goteo que llega no alcanza para estar bien en una casa”, agregó.
Desde 1993, en la época de privatización del salinismo, la empresa Aguakan de Jorge Eduardo Ballesteros Franco –demandado en Estados Unidos en 2001 por abuso de información privilegiada y subsidiaria de la constructora Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD)– da el servicio de agua, drenaje y saneamiento al norte de Quintana Roo. La concesión es hasta 2053.
Sin embargo, por las irregularidades del otorgamiento y las cientos de denuncias ante la Profeco por cobros indebidos, autoridades locales buscan anularla mediante un recurso jurídico y una consulta ciudadana.
Sin licitación de por medio para determinar la mejor opción y por solo mil 055 millones de pesos, la empresa Aguakan obtuvo un título de concesión integral hasta el 2053 para otorgar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en el norte de Quintana Roo, específicamente en los municipios turísticos de Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres y Puerto Morelos desde 1993 y de Solidaridad (Playa del Carmen) desde 2015.
El 10 de noviembre de 2014, los entonces apoderados de la empresa José Antonio Salazar Guevara y Paul Andrew Rangel Merkley solicitaron al Gobierno estatal de Roberto Borge Angulo, así como a los gobiernos municipales de Benito Juárez (desde 2015 también Puerto Morelos), Isla Mujeres y Solidaridad, y a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) un único título de concesión para los municipios, extenderlo a Solidaridad y prorrogarlo hasta el 31 de diciembre de 2053.
Aguakan se formó en julio de 1990 y opera en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde diciembre de 2014. Ante sus inversionistas, la empresa propiedad de Jorge Eduardo Ballesteros Franco justifica que desde la década de los noventa la “escasez” de presupuesto público para invertir en sistemas de agua dieron lugar a nuevos esquemas para “resolver el grave rezago”, sobre todo en los centros turísticos de la entidad.
En 1991, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) estatal y la empresa realizaron un primer proyecto de coinversión en infraestructura y el 20 de octubre de 1993 se otorgó la concesión, ampliada por 30 años en el 2014 durante el Gobierno estatal de Roberto Borge Angulo, detenido por desvío de recursos públicos.
La resolución del pasado 22 de diciembre, que tuvo lugar en sesión del primer periodo extraordinario, contó con el apoyo de los 19 legisladores presentes, los cuales también determinaron que a partir de este 1 de enero del presente año, sería la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), la encargada de ofrecer los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.
