Estados Unidos y México han tenido una relación complicada en cuanto al combate de drogas ilícitas por más de 50 años. La crisis del fentanilo es solo la manifestación más reciente de ello.
Por Victoria Dittmar y Parker Asmann
Ciudad de México, 4 de enero (InsightCrime).- Las diferencias en cómo Estados Unidos y México abordan el problema de fentanilo quedaron expuestas a lo largo del último año.
En abril de 2023, fiscales en Washington, DC; Illinois y Nueva York anunciaron una serie de cargos contra 23 presuntos operadores del Cartel de Sinaloa, quienes se cree que participan en el tráfico de fentanilo para esta organización.
Fue uno de los ejemplos más recientes de cómo el Gobierno estadounidense había puesto su mirada firmemente en la facción de los Chapitos, liderada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López. Todos ellos son hijos de Joaquín Guzmán, alias “El Chapo”, el exlíder del Cartel de Sinaloa que actualmente está encarcelado.
A los ojos de los estadounidenses, los hermanos – específicamente Ovidio, quien había sido detenido por segunda vez meses antes – son los principales responsables de las cantidades récord de fentanilo que se trafican a través de la frontera entre México y Estados Unidos.
“La crisis del fentanilo en Estados Unidos, alimentada en gran parte por el Cartel de Sinaloa, amenaza nuestra salud pública, nuestra seguridad pública y nuestra seguridad nacional”, dijo la Fiscal general adjunta, Lisa Monaco.
Sin embargo, para los funcionarios mexicanos, la situación no era tan clara. Días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara los cargos contra los Chapitos y sus asociados, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) de “intromisión abusiva” en México, y llegó incluso a afirmar que “no puede haber agentes extranjeros en el país”.
El Presidente mexicano, conocido como AMLO, ha minimizado durante mucho tiempo la gravedad del problema del fentanilo, así como el papel de México en la crisis. Su postura ha provocado indignación entre varios políticos estadounidenses y ha llevado a algunos a proponer la idea de otorgar a las fuerzas armadas de Estados Unidos la autoridad para combatir a los traficantes de fentanilo en México.
UNA HISTORIA DE TENSIONES TRANSFRONTERIZAS
Estados Unidos y México han tenido una relación complicada en cuanto al combate de drogas ilícitas por más de 50 años. La crisis del fentanilo es solo la manifestación más reciente de ello.
En 1969, las crecientes preocupaciones sobre el uso de marihuana en Estados Unidos llevaron al entonces Presidente Richard Nixon a ordenar el cierre casi total de la frontera entre ambos países. Esto se realizó con solo una consulta mínima a sus homólogos mexicanos. Eventualmente, la medida perjudicó más al comercio lícito que a la reducción del flujo de drogas.
A mediados de la década de 1980, los grupos del crimen organizado en México producían marihuana a escala industrial. Y después del asesinato en 1985 de un agente de la DEA en la ciudad de Guadalajara, el entonces Presidente Ronald Reagan ordenó su propia desaceleración de las operaciones en la frontera para obligar al Presidente mexicano a intensificar sus esfuerzos para encontrar al agente desaparecido y reprimir a los narcotraficantes.
Las tensiones en cuanto a la cooperación antidrogas han fluctuado desde entonces, incluso con presidentes mexicanos que generalmente mantenían una relación cercana con Estados Unidos. En 2011, por ejemplo, después de que los Zetas ocasionaran un incendio en un casino de Monterrey que dejó 52 muertos, el entonces Presidente Felipe Calderón pronunció un discurso incendiario en el que criticó a Estados Unidos por no asumir suficiente responsabilidad para reducir la demanda de drogas ilícitas.
Hoy en día, muchos de los desacuerdos entre ambos países se centran en dos cuestiones: el papel de México en el tráfico de drogas que están matando a un número récord de estadounidenses y el papel de Estados Unidos en la venta de armas que son contrabandeadas a manos de criminales responsables de una gran parte de los homicidios en México.
Las consecuencias de estas tensiones son, probablemente, más graves que nunca. Mientras que a ambos gobiernos se les complica encontrar un terreno común, el fentanilo ha seguido fluyendo a través de la frontera a niveles sin precedentes, mientras que las muertes por sobredosis han aumentado en ambos países, según datos de funcionarios de aduanas y de salud.
LAS MUERTES AUMENTAN Y LA CRISIS DE FENTANILO EMPEORA
En Estados Unidos, la crisis del fentanilo se ha convertido en una prioridad para muchos políticos debido a la vasta escala de la crisis de sobredosis.
El opioide sintético está matando a más personas que nunca. En 2022, los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus iniciales en inglés) encontraron que los opioides, principalmente el fentanilo, contribuyeron alrededor de tres cuartas partes de las 110,000 muertes por sobredosis registradas en el país. Apenas siete años antes, en 2015, los funcionarios estadounidenses registraron solo la mitad de esta cifra de sobredosis y los opioides sintéticos eran responsables de solo una parte menor.
En los últimos años, una parte de estas muertes se ha atribuido a las pastillas falsificadas que se fabrican en México y que son contaminadas con cantidades letales de fentanilo ilícito. Sin embargo, las autoridades mexicanas han considerado en gran medida que el problema es exclusivo de Estados Unidos.
“Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, pero ¿por qué no atienden ellos el problema? ¿Por qué no combaten la distribución del fentanilo?”, cuestionó el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador durante una conferencia de prensa en marzo.
Estas diferencias han obstaculizado la cooperación entre ambos países para combatir a las redes criminales que trafican el opioide sintético.
“Yo diría que la cooperación es buena. Siempre podría ser mejor, pero estamos muy contentos de poder trabajar con nuestros colegas mexicanos”, dijo Todd Robinson, Secretario adjunto de Estado de Estados Unidos para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, en una entrevista con la agencia de noticias EFE.
Aunque Estados Unidos ha sido, hasta ahora, escenario de la mayor parte de la crisis, los datos disponibles sugieren que el consumo de fentanilo también está aumentando en México. Es probable que en poco tiempo los políticos mexicanos puedan comenzar a exigir más acciones para enfrentar el problema.
Por ejemplo, la demanda de tratamiento médico relacionado al uso del fentanilo ha crecido exponencialmente. Mientras que solo 10 personas buscaron tratamiento en 2018, este número aumentó a 333 en 2022, según datos del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas. Además, los centros médicos y grupos de la sociedad civil que trabajan para prevenir adicciones y reducir el daño en las ciudades fronterizas de Tijuana y Mexicali están registrando un creciente número de sobredosis letales de fentanilo.
Aun así, el Presidente López Obrador no ha reconocido la magnitud de la crisis del fentanilo y su impacto en ambos países. Estas opiniones también se han extendido a otros sectores de su Gobierno.
“Recuerden que México no produce fentanilo”, dijo la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez Velázquez en octubre, durante una conferencia de seguridad de alto nivel con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. “México es un país de tránsito … [y] no hemos detectado laboratorios de producción de fentanilo”.
Pero no todos están de acuerdo. Algunos funcionarios, como la Secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, han sido más diplomáticos al reconocer el problema y la necesidad de cooperación con Estados Unidos.
“Por supuesto que hay laboratorios ilegales [de fentanilo]. Eso es lo que hemos encontrado. Y, por supuesto, hemos asegurado laboratorios clandestinos, y eso es exactamente en lo que estamos colaborando”, razonó casi al final de la reunión bilateral.
¿UNA VENTANA DE OPORTUNIDAD?
Aunque Estados Unidos y México estuvieron en desacuerdo sobre cómo abordar la crisis de fentanilo en 2023, no todo estaba perdido.
Al comienzo del año, los mandatarios de Canadá, México y Estados Unidos se reunieron y formaron el Comité Trilateral de Fentanilo, un grupo de trabajo que reúne a funcionarios de seguridad de los tres países para debatir sobre los desafíos compartidos y comprometerse a una mayor cooperación.
Unos meses después, funcionarios de los tres gobiernos se reunieron para conversar sobre un enfoque más integral para abordar el fentanilo que fuera más allá de la estrategia “kingpin”, que consiste en ir tras las cabezas de las organizaciones criminales.
Pero incluso mientras intentaban generar nuevas estrategias, continuaron presionando a los grupos de crimen organizado en México.
Un ejemplo de un posible reinicio en la cooperación antidrogas fue el caso de Ovidio Guzmán. La operación de enero para capturarlo fue respaldada por inteligencia compartida por Estados Unidos. Tan solo ocho meses después, el Gobierno mexicano extraditó al capo a Estados Unidos. Una exfiscal de Estados Unidos que procesó a docenas de traficantes de drogas dijo en ese momento que esta “extradición acelerada” era, sin duda, “estratégica y política”.
Esta presión intensificada puede estar teniendo también otros impactos. Hacia mediados de año, los Chapitos presuntamente prohibieron toda la producción y tráfico de fentanilo en Sinaloa. Queda por verse cuán firmemente se ha implementado la orden y cuáles podrían ser los impactos. Sin embargo, parece que los esfuerzos bilaterales para frenar el fentanilo están perturbando a algunos círculos criminales.
De hecho, la prohibición fue ordenada originalmente debido a un aumento de la presión de las autoridades sobre el grupo, según entrevistas de InSight Crime con productores locales y ejecutores de violencia en la ciudad de Culiacán, el centro operativo de los Chapitos en Sinaloa.
Aún no queda claro cómo tomará forma el trabajo conjunto contra el narcotráfico en el futuro cercano. Pero para cerrar la reunión de seguridad en octubre, los funcionarios de alto nivel de los gobiernos de Estados Unidos y México destacaron su compromiso de cooperar entre sí.
“Cuando se trata de fentanilo… no tengo dudas sobre el compromiso de México de trabajar de manera colaborativa para enfrentar este enrome desafío que ambos enfrentamos. Porque está afectando a personas tanto en México como en Estados Unidos”, dijo el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en sus comentarios de clausura.
La Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, hizo eco de esta postura y trató de aclarar la situación.
“El Presidente López Obrador ha dado instrucciones muy precisas, y es que debemos de apoyar y colaborar en todo lo que tenga que ver con la producción, el tráfico y el consumo de fentanilo. Entonces no, no hay negación, no hay rechazo de su parte”, añadió.
Durante una breve reunión entre el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y AMLO en la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico al mes siguiente, ambos líderes reiteraron su compromiso compartido de frenar el comercio ilícito. Durante la cumbre, el Gobierno chino también anunció que restablecería la cooperación bilateral antidrogas con Estados Unidos y trabajaría para reducir el flujo de precursores químicos utilizados para producir fentanilo.
El tiempo dirá cómo estas palabras se traducirán en acciones. En 2024, habrá elecciones presidenciales tanto en México como en Estados Unidos, y es probable que el tema del fentanilo ocupe un lugar central en el debate en torno al futuro de la cooperación bilateral antidrogas.
