Un video del secuestro de cuatro trabajadores en una bodega de pollo visibilizó la extorsión a comerciantes de pollo en el Estado de México, pero el problema no es nuevo, al menos desde el año 2020 polleros de la entidad denunciaron que grupos delictivos los obligaban a comprar a un solo distribuidor y a precios hasta 33 por ciento más caros, lo que ya comenzaba a impactar de manera directa en los consumidores.
Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).– El crimen organizado encontró, hace años, otra fuente de ingresos en el Estado de México: los polleros. La industria, que es boyante, lo denunció en distintas ocasiones, pero hasta ahora se hizo visible por un video grabado en Toluca donde se observa el momento en el que comerciantes son secuestrados. El 14 de febrero de 2023, durante el Gobierno de Alfredo del Mazo, el Congreso local respondió con una iniciativa para elevar hasta en 20 por ciento las penas para extorsionadores. No funcionó. La extorsión, según testimonios recientes, sigue.
"Quiero iniciar diciendo que llevamos más de tres años siendo extorsionados por La Familia Michoacana, haciéndonos cobro de piso para poder dejarnos trabajar. Debido a la negativa que hemos tenido para colaborar con ellos, hemos sido víctimas de amenazas y agresiones, como lo son mi secuestro y después el de mi padre; han quemado y baleado las bodegas en las que trabajábamos y este último ataque fue el levantón de mis trabajadores", denunció el pasado 26 de diciembre Karina Contreras Salinas, dueña de la bodega de pollo donde fueron secuestrados cuatro trabajadores.
El 22 de diciembre, cuatro de sus trabajadores fueron secuestrados de madrugada mientras laboraban en su bodega ubicada en la colonia Nuevo Oxtotitlán, en Toluca, y una cámara de seguridad registró el momento. En el video, que se viralizó en redes, se observa que mientras una canción de Marco Antonio Solís sonaba de fondo, un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar y se llevó a los empleados en una camioneta color blanca.
Los trabajadores secuestrados fueron identificados como Rigoberto Colin Consuelo (41 años), Isidro Díaz Casimiro (40), Jaime Ramón Reyes (22), y Eliseo Escobar Ramírez (47).
Las autoridades emitieron alertas de búsqueda por los cuatro trabajadores
Sus nombres son:
Rigoberto Colin Consuelo, de 41 años
Jaime Ramos Reyes, de 22 años
Isidro Díaz Casimiro, de 40 años
Eliseo Escobar Ramírez, de 47 años pic.twitter.com/CeLG9W9Sj9— Mario C. Rodríguez (@Mario_CRM) December 24, 2023
En la protesta realizada el pasado martes frente al Palacio de Gobierno de Toluca, Karina Contreras denunció el secuestro y el modus operandi de los presuntos integrantes de La Familia Michoacana para extorsionar a comerciantes de pollo en los rastros de la capital mexiquense: "Nos están cobrando dos pesos por cada kilo de pollo vendido; en algún momento yo estuve pagando la cantidad de 950 mil pesos quincenales. En Toluca hay como 19 rastros y a todos nos están haciendo el cobro de piso desde hace tres años".
En esta manifestación, donde también estuvieron los familiares y amigos de los polleros desaparecidos, Karina Contreras detalló que al ser incosteable dicha cuota dejaron de pagarla, contrataron seguridad privada y fue cuando comenzaron las represalias por parte del grupo criminal.
📌 Lizbeth Karina Contreras Salinas, propietaria de la pollería de la que fueron levantados cuatro trabajadores el pasado 22 de diciembre, en la colonia Parques Nacionales de Toluca, por parte de integrantes de la Familia Michoacana (...)
📹 Gabriela Landetta pic.twitter.com/RQQ4Idbf1R
— Diario Portal (@Diario_Portal) December 26, 2023
Por este delito, Karina presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde actualmente existen cinco carpetas de investigación, pero no hay avances.
EXTORSIÓN A COMERCIANTES LLEVA AÑOS
Una semana previa al secuestro de los trabajadores en Toluca, en Ixtlahuaca, otro municipio mexiquense, el mismo grupo del crimen organizado privó de la libertad a 16 empleados de otro rastro de pollos y al menos desde el año 2020 polleros de la entidad denunciaron la existencia de una red de extorsionadores que los obligaba a comprar a un solo distribuidor y a precios hasta 33 por ciento más caros del promedio en el mercado, un problema que ya comenzaba a impactar de manera directa en los consumidores.
Así lo denunció en octubre de 2022, Eduardo Reyes Escamilla, integrante de la Comisión Agropecuaria del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México. En esa ocasión dijo al diario Milenio que el problema de la extorsión se había "normalizado" en la entidad mexiquense y que el cobro de piso había llevado a que el pollo y huevo subieran 12 por ciento.
Los comerciantes de pollo en el Estado de México comenzaron a sentir la presión de los grupos criminales en el año 2020, cuando se incrementaron las extorsiones por parte de La Familia Michoacana, que extendió su control en al menos 25 municipios mexiquenses, entre ellos Toluca y Texcaltitlán.
En noviembre de 2020, comerciantes de pollo de las delegaciones Capultitlán, San Felipe Tlalmimilolpan, Seminario, Santiago Tlacotepec, San Juan Tilapa, en Toluca, fueron víctimas de un grupo delictivo que les impuso a un solo proveedor para cubrir la demanda de la región, además de darles una lista de precios para venderlo al público.
En esa ocasión narraron a medios locales que los hombres llegaron en moto a cada uno de los locales y les dejaron una tarjeta de presentación escrita a mano que traía una leyenda y un número al que debían comunicarse. Los datos eran de un nuevo proveedor al que le tendrían que comprar a partir de ese momento.
En un principio los comerciantes no hicieron caso, pero los hombres volvieron a los locales y ahora los amenazaron con pistolas y los amagaron con desquitarse con sus familias. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo en ese momento a siete hombres por el delito de extorsión, a quienes les decomisaron dos camionetas, una con carne de pollo.
En un intento por aminorar el problema de la extorsión a comerciantes en el Estado de México, el Congreso mexiquense aprobó el 14 de febrero de este 2023 sanciones de seis a 10 años de prisión en contra de quien o quienes obliguen a un comerciante o unidad económica a imponer o fijar precios por encima del mercado en productos, insumos o servicios.
La pena por este delito es ahora de hasta 15 años de cárcel si las o los responsables se ostentan como miembros de algún grupo delictivo y de hasta 20 años si se trata de personas servidoras públicas.
El nuevo tipo penal se incorporó a los delitos contra el consumo y la economía y durante su análisis se incluyeron ideas y opiniones de las y los legisladores, así como del equipo jurídico de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Poder Judicial para determinar, de manera clara, al sujeto activo del delito y evitar que existiera la posibilidad de criminalizar al comerciante.
No obstante, el problema de la extorsión sigue creciendo en el Estado de México y en lo que va del año suman 3 mil 912 víctimas de ese delito, en su mayoría comerciantes, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
