Por David Altman

El domingo 17 de diciembre Chile votó sobre un segundo texto constitucional. Nuevamente la ciudadanía chilena rechazó la propuesta y volvemos a estar en casi el mismo lugar de un proceso que se abrió en octubre del 2019 en el contexto de lo que hoy se conoce como el Estallido Social. Si bien el fracaso del texto del domingo es mucho menos estrepitoso que el de septiembre del año pasado, cuando la diferencia había sido de 24 puntos, este domingo fue de 11 por ciento, en este breve comentario intentaré responder dos preguntas: ¿quiénes son los ganadores (hasta el momento) del proceso y qué podrá pasar de ahora en más?

Queda claro que los sectores conservadores del país, a pesar de que su posición fue rechazada, fueron los grandes ganadores del este proceso. Seguramente los lectores se preguntarán cómo puede ser que diga eso si el Gobierno y los conglomerados de centro e izquierda defendían la opción “en contra” del nuevo texto constitucional (es decir, al menos indirectamente, defendieron el statu quo) y el mundo más conservador apoyó el “a favor” que resultó derrotado. Para explicar este asunto, es necesario tener presente el contexto más amplio en el que tuvo lugar el plebiscito de salida.

Bajo el pegajoso lema “no son 30 pesos, son 30 años”, en alusión a los 30 pesos de aumento de la tarifa del metro que culminó con el Estallido, y los 30 años de gobiernos concertacionistas de centroizquierda, la protesta social fue una tremenda catarsis colectiva. En aquel entonces, los diversos grupos que salieron a gritar sus demandas en la calle, en muchas ocasiones de forma violenta enfrentaron la crudeza de la represión policial. El sistema político, tan vilipendiado por su inmovilismo e incapacidad de no poder llegar a consensos, paradójicamente acordó, en noviembre del 2019, destrabar la crisis sociopolítica a partir de un proceso constitucional en el que aún estamos inmersos.

El llamado Acuerdo por la Paz consistió en un plebiscito de entrada donde las y los chilenos se preguntaron si apoyaban cambiar la Constitución y en caso afirmativo quién debería escribir el borrador: un grupo mixto de legisladores y ciudadanos electos para ese propósito, o un grupo de personas completamente electo. El Plebiscito resultó en un abrumador apoyo al proceso de cambio liderado por ciudadanos electos, que fue respaldado por casi un 80 por ciento de los votantes, pero que eran exactamente la mitad del electorado total.

En la interpretación de este porcentaje, la izquierda chilena cometió un error letal. Creyó que gozaba de una amplia mayoría de apoyo, cuando en realidad, el 10 por ciento voto en contra del cambio, y el 50 por ciento de la ciudadanía chilena no participó del proceso, ya sea porque le temían al contagio de la COVID, o porque estaban asustados de la violencia del estallido o porque simplemente no quisieron votar.

La posterior elección de las y los integrantes de la Convención Constitucional encargada de redactar el nuevo texto, se vio signada por la irrupción de independientes, muchos de ellos representando a los sectores más radicales, que mayoritariamente carecían de experiencia política. El resultado fue un borrador identitario, inconexo, maximalista, e incongruente. Concluido el proceso se produjo el llamado Plebiscito de Salida de septiembre de 2022, en el que la ciudadanía debía ratificar el texto propuesto a través del voto obligatorio. Este último fue uno de los aspectos más contenciosos del acuerdo de noviembre, donde, como era de esperar, el mundo progresista defendía la obligatoriedad del voto y los sectores conservadores eran renuentes a incluirlo.

Así, el texto redactado por la Convención en contraposición a la llamada “Constitución de Pinochet” trajo consigo dos paradojas inéditas. En primer lugar, dado que las encuestas de opinión pública mostraban una imparable tendencia alcista del rechazo muy concentrado en los sectores populares (aquellos que usualmente no votan), llevaron a la izquierda oficialista a intentar desmovilizar a la ciudadanía y a la derecha, en la oposición, a movilizarla todo lo que podía, algo tan contraintuitivo como inesperado.

La segunda paradoja fue que el proceso fue tan desprolijo y enredado que el país llegó a una situación en que cada lado del contencioso pedía el voto ciudadano con la promesa que cambiarían en caso de ganar: “apruebo para reformar” o “rechazo para reformar”. Esto es algo extraño, por decir lo menos, en el mundo de los votos populares y directos y seguramente connota las enormes pifias de los textos en discusión.

El resultado del “Plebiscito de Salida” fue una paliza por donde se lo mire: no sólo por los 24 puntos de diferencia a nivel nacional, sino porque resultó derrotado en 338 de los 346 municipios del país, incluso por más de 60 puntos (!) de diferencia en comunas de alta concentración Mapuche a pesar de que supuestamente el nuevo texto era sensible a las demandas y necesidades de los pueblos originarios.

Luego del fracaso de septiembre, la élite política nuevamente acordó comenzar otro proceso constituyente, pero esta vez liderado por los partidos políticos. En diciembre de 2022, el Congreso decidió crear una Comisión de Expertos conformada por 24 miembros en régimen de paridad de género y conglomerado (oficialismo/oposición). Su objetivo sería elaborar un anteproyecto de propuesta basado en doce grandes principios que lograron consenso entre los partidos políticos, sobre el que trabajaría un Consejo Constitucional de 50 miembros popularmente electos.

Sin embargo, lo que nadie anticipó fue el rotundo éxito del recientemente creado Partido Republicano (PR), una escisión de extrema derecha de la UDI, el conglomerado que hasta entonces representaba a los sectores más conservadores. En la elección de consejeros, el PR obtuvo 23 de los 50 cupos que se sumaron a los 11 de la derecha tradicional. El resultado de la elección supuso un viraje copernicano en la composición del órgano encargado de la redacción final del texto constitucional, que estuvo a las antípodas de la Convención previa.

Frente a estos cambios, no he dejado de pensar lo que el mismo Newton diría en esta circunstancia: “recuerden mi tercera ley: toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto”. Así como sucede en la física, también en la política hay momentos en que las leyes de Newton son casi perfectas y la conformación del Consejo calzaba como un guante.

La gran pregunta era qué estrategia dominaría las acciones de los principales protagonistas de la redacción del borrador. Los grandes sectores del centro, centro derecha y derecha, no parecían incómodos con la Constitución vigente. Y uno podría imaginarse que, al tener semejante dominio del proceso, ahora la derecha se podría dar el lujo de moldear un borrador a su antojo… total, en caso de no aprobarse, prevalecería aquella Constitución que habían defendido meses atrás. No es sorprendente, entonces, que esta vez el texto se radicalizara, esta vez hacia la derecha.

La izquierda, en cambio, tuvo que hacer un fuerte ejercicio de acomodo para lidiar con otra gran paradoja: la llamada “Constitución de Pinochet”, que se había defenestrado pocos meses atrás, tenía ahora que ser defendida considerando que la alternativa era claramente peor para sus intereses. Incluso discursivamente el giro no pasó inadvertido: la llamada “Constitución de Pinochet” en septiembre de 2022 pasó a ser la “Constitución vigente” o la “Constitución de Lagos” en diciembre de 2023, sin que cambiase una sola palabra. Creo que nadie en su sano juicio se hubiese imaginado el 11 de marzo de 2022, el día que asumió el Presidente Boric, que el Gobierno de Chile se vería en la necesidad de defender la “Constitución de Pinochet”.

El rechazo del domingo fue claro. Sin embargo, estoy convencido de que, de haberse emulado la lógica del “plebiscito de entrada” del 2020, donde se hicieron dos preguntas, pero en esta oportunidad, hubiésemos consultado si queríamos una nueva Constitución y en caso afirmativo hubiésemos enfrentado el borrador del Consejo de Expertos frente el borrador del Consejo Constitucional, hubiese salido triunfador el borrador de los Expertos por un amplio margen.

¿Qué pasará de ahora en más? Es difícil de determinar. El Presidente Boric fue explícito que cualquiera hubiese sido el resultado, no se trataría el tema otra vez bajo su actual administración. Por un lado, desde la izquierda hay quienes temían que, de aprobarse el texto de 2023, Chile entraría en un ciclo nuevo de inestabilidad incluso vislumbrando un nuevo estallido social. Por otro lado, desde la derecha, argumentaban que el nuevo texto produciría estabilidad y el fin del “caos”. Por su parte, buena parte de las y los legisladores ha apoyado la idea de que con los actuales quórums (de los más bajos del continente) es posible introducir cambios al texto vigente y que esta discusión debe ser llevada por el Congreso.

El escenario es aún incierto. No obstante, no caben dudas de que el futuro dependerá, en gran medida, de la responsabilidad, actitudes y decisiones de la élite política del país. Lo que creo que es claro, es que la ciudadanía está un tanto desgastada por un proceso de cuatro años que a sus ojos resultó en nada y que buena parte considera extremadamente alejado de sus preocupaciones e intereses.

Hoy, luego de cuatro años, estamos viviendo un déjà vu en la tierra de las paradojas.

*David Altman es Cientista político. Profesor y director del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Univ. Católica de Chile. Doctor en C. Política por la Univ. de Notre Dame (Indiana, E.U.A.). Autor de "Citizenship and Contemporary Direct Democracy" (Cambridge University Press, 2019).

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