Reunidos en El Salvador, 34 familiares de personas desaparecidas de México y Centroamérica compartieron experiencias y retos en la búsqueda de sus seres queridos. Sin cifras oficiales del número de víctimas en la región, exigieron a sus gobiernos que aprueben leyes y políticas públicas con presupuesto suficiente para enfrentar el delito.
Ciudad de México, 21 de diciembre (A dónde van los desaparecidos).- Apenas pasan unos minutos de las siete de la mañana y la atención está puesta en la pantalla. Un grupo de 34 hombres y mujeres de Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala y México miran atentos, desde la sala de un hotel ubicado en el bosque de Chalatenango, en El Salvador, un desfile de mensajes, cantos, bailes y consignas de solidaridad.
Cientos de personas que no conocen, reunidas en grupos de cinco a una veintena de integrantes, les envían saludos a través de una videollamada de Zoom desde más de 40 ciudades del mundo.
Les une un mismo propósito: encontrar a sus familiares desaparecidos.
“Al nivel del país pensamos ‘solo soy yo’ [quien tiene a una persona desaparecida], pero luego te das cuenta de que son varias familias, y luego vas a otros países y ves que es a nivel mundial: todos los países están viviendo la misma situación. Quizás se podría hablar de millones de desaparecidos, ya no de miles, no hay una contabilidad exacta”, dice Karina Ramírez, una salvadoreña de 30 años que busca a su hermano René Ramírez Rivera, quien se comunicó con su familia por última vez desde Mexicali, Baja California, en 2003.
Es una de las asistentes a la tercera Conferencia Internacional para Familiares de Personas Desaparecidas, organizada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) del 21 al 23 de noviembre, que reunió a 34 familiares de víctimas procedentes de México y Centroamérica en Chalatenango, en el departamento de San Ignacio, a unos 85 kilómetros de la capital salvadoreña. Otros 700 familiares de 50 países también se reunieron simultáneamente en 44 sedes locales.
El hilo de la ausencia entreteje la historia reciente de la humanidad. No importa el país, la época ni el motivo. Como dice Ramírez, no hay una cifra que englobe la tragedia de la desaparición.
Jérémy Renaux, coordinador regional del programa de personas desaparecidas para México y América Central del CICR, explica que el encuentro busca que los familiares “puedan, entre ellas y ellos, compartir sus experiencias, sus retos, sus lecciones aprendidas, sus reflexiones, y fortalecer una red de solidaridad a nivel internacional”.
En un comunicado publicado al término del encuentro, las personas asistentes pidieron a los gobiernos de sus países que reconozcan la magnitud del problema de las desapariciones en la región y creen leyes y políticas públicas con presupuesto suficiente para enfrentarlo.
“Resulta crucial que los Estados fortalezcan su cooperación y colaboración, en particular en cuanto al intercambio de información para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas a lo largo de las rutas migratorias”, se lee en el documento.
Foto: Luis Antonio Rojas para A dónde van los desaparecidos
CIFRAS DESCONOCIDAS
La tipología de las desapariciones en los países centroamericanos y en México es extensa y el delito ha perdurado por décadas. En México, durante la llamada “guerra sucia”, las fuerzas del Estado atacaron a integrantes de guerrillas como la Liga 23 de Septiembre y el Partido de los Pobres, en las décadas de los 60, 70 y 80. Unas 900 personas fueron víctimas de desaparición forzada, según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda.
En el mismo periodo —caracterizado en América Latina por el surgimiento de dictaduras militares y gobiernos autoritarios que buscaban eliminar a la disidencia política de izquierda—, otras guerrillas de la región, como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador y las organizaciones integradas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, vivieron también la persecución de sus gobiernos, y en muchas ocasiones la desaparición de sus integrantes.
En Panamá, cientos de personas perdieron la vida en las revueltas por la invasión estadounidense de 1989. En las fosas comunes permanece un número sin identificar, mientras sus familias aún las buscan.
Las nuevas desapariciones están marcadas por el crimen, ya sea perpetrado por las fuerzas de seguridad durante el combate a organizaciones del crimen organizado, o por los mismos delincuentes como una forma de controlar territorios, como se ha documentado en México y El Salvador. En otros casos, como en la región que habitan las etnias garífunas de Honduras, las desapariciones han ocurrido bajo el asedio de intereses inmobiliarios y turísticos.
El número de víctimas de desaparición en la región es desconocido. Solo México cuenta con un padrón oficial, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), con más de 113 mil personas desaparecidas. En Guatemala son 40 mil 122 víctimas entre 2003 y 2021, según datos del Ministerio de Gobernación entregados a Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una organización de familiares de personas desaparecidas durante el conflicto armado en ese país (1960-1996).
El dato varía en El Salvador: mientras que la Policía Nacional Civil reporta 12,495 desapariciones de 2014 a 2019, la Fiscalía General de la República afirma haber recibido 22 mil denuncias por ese delito –sin que pueda precisar cuántas personas siguen sin ser localizadas– en el mismo periodo. Los datos no están actualizados; desde que el gobierno de Nayib Bukele decretó en marzo de 2022 el estado de excepción, el acceso a la información pública es inexistente. En Honduras, la Dirección Policial de Investigaciones ha registrado 9,838 casos entre 2012 y 2022.
En Panamá, los datos son prácticamente nulos. La comisión creada por el gobierno para investigar lo ocurrido durante la invasión de Estados Unidos tiene el registro de 15 personas desaparecidas y, aunque cada cierto tiempo un caso llega a los medios de comunicación, no existe un conteo oficial sobre el número actual de víctimas de este delito.
Aún es más complicado dimensionar la tragedia de los migrantes que desaparecen en el camino a Estados Unidos, tras dejar sus países para buscar mejores condiciones de vida o huir de la violencia. De ellos no se sabe mucho más que lo que sus familias, a miles de kilómetros de distancia, logran averiguar.
Tan solo en 2022, más de 441 mil personas entraron de manera irregular a México; 4 de cada 10 eran de origen centroamericano, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. En la frontera norte, ese mismo año se registraron 705,000 migrantes indocumentados salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses detenidos tras cruzar a Estados Unidos, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país.
“Algunos familiares cruzan [a Estados Unidos], pero hay otros que quedan en el paso porque los desaparecen o los ponen a trabajar para los cárteles, o quizás están en una cárcel y no le dan una oportunidad para que llamen a la familia de donde son ellos. Ahí es cuando perdemos la comunicación y quedamos nosotros con muchas preguntas que no tienen respuesta”, lamenta la hondureña María Elizabeth Martínez, quien busca a su hijo Marco Antonio Amador Martínez, desaparecido hace diez años.
El RNPDNO registra apenas 1,466 personas migrantes de nacionalidad hondureña, salvadoreña, guatemalteca y nicaragüense desaparecidas en México.
ESPACIO DE APRENDIZAJE
El encuentro convocado por el CICR es un espacio de aprendizaje. Las familias comparten los obstáculos que han enfrentado en la búsqueda de sus seres queridos y también sus logros. Qué les ha funcionado, cómo lo han hecho, qué les falta por hacer.
La hondureña Génesis Ramírez, quien indaga el paradero de su madre Julia Velásquez Sierra, desaparecida en 2012, dice que estos encuentros permiten crear alianzas entre buscadoras. “Si el día de mañana yo voy a México y pongo una denuncia, sé que alguien me puede recibir allá porque conoce mi experiencia, conoce mi lucha”.
Los encuentros también son terapéuticos. Las y los buscadores rieron, se abrazaron, hicieron demostraciones de los bailes de cada país y apostaron que se echarían a la piscina si su equipo resultaba perdedor en el partido de fútbol México contra Honduras, que tuvo lugar el primer día de la reunión. Aunque la selección mexicana ganó, los aficionados de ambos países se lanzaron por igual a la alberca.
“Nosotros no podemos desahogarnos en nuestra casa, nos desahogamos con otras madres, porque todas somos una sola, escuchamos, nos abrazamos. Nos reímos, lloramos, pero lo hacemos con el mismo dolor”, reconoce Martínez.
La alegría de encontrarse y los testimonios de otras familias de diferentes partes del mundo hacen más llevaderos sus dolores, apunta Belén González, madre de Jacob Vicente Jiménez, desaparecido en 2015. Sin embargo, las despedidas también son difíciles.
“Cuando esto se acabe, cada quien se regresa a su hogar, a su realidad, que es donde duele más [la ausencia del familiar]. Cuando regresamos a nuestra realidad, pues ya sentimos la losa que llevamos en las espaldas”, dice la buscadora veracruzana.
HACERSE "VIEJITOS" JUNTOS
Belén González lleva tatuado a su hijo, Jacob Vicente, en el antebrazo derecho. “Le digo ‘Ay, nos vamos haciendo viejitos juntos’. Es una forma de llevarlo conmigo, de tenerlo presente a donde quiera”, dice la buscadora.
A Jacob Vicente lo desaparecieron el 25 de septiembre de 2015 en Coatzacoalcos, Veracruz. Fue detenido en el taxi que manejaba, en un retén de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Secretaría de Marina. A otros tres muchachos que lo acompañaban también se los llevaron.
“Ayer vi a las mujeres del Congo [en una reunión virtual]. Me rompieron el corazón. Entonces, quisiera uno estar ahí para poder ayudarlas en base al conocimiento que uno ha adquirido”, dice.
La buscadora se dio cuenta de que las mujeres de ese país africano apenas se empezaban a reunir como grupo, y desconocían que en lugares como México existen instituciones encargadas de buscar a las personas desaparecidas, y leyes que las norman. “Lo que yo he aprendido, me gustaría poder transmitírselos. Están muy lejos, pero a través de estos encuentros que hace el CICR uno puede compartir la expertís que ha aprendido”.
González dirige un colectivo de madres buscadoras en Coatzacoalcos que lleva su nombre. Apoya a 30 familias que, como ella, han sufrido la desaparición de un ser querido. El colectivo ha logrado judicializar los casos de seis víctimas de desaparición forzada, y uno obtuvo la primera sentencia que se ha dado por este delito en el sur del estado.
POR DEFENDER EL TERRITORIO
Secundino Torres desapareció el 15 de noviembre de 2018 en El Triunfo de la Cruz, Honduras. “Fue una desaparición interna a raíz de su lucha por la defensa del territorio de la comunidad”, dice su hija Chely Torres. “Él era uno de los máximos líderes que teníamos. Él era como una piedra en los zapatos para los inversionistas, para aquellos que andan en corbata y que quieren desplazarnos”.
Torres es integrante de la etnia garífuna, asentada en el norte del país. Su territorio ha sido asediado por empresas inmobiliarias y hoteleras. En la misma región donde desapareció, este año han matado a dos defensores del territorio.
Su hija asegura que las autoridades no han hecho nada para encontrarlo.
SIEMPRE EN LA LUCHA
A María Elizabeth Martínez le han llegado muchas felicitaciones desde que se estrenó un documental del que es protagonista. “Usted sabe que nosotros no recibimos felicitaciones, porque qué vamos a celebrar, qué celebramos cuando tenemos un hijo desaparecido”, dice con tristeza la mujer hondureña, madre de Marco Antonio Amador Martínez, quien desapareció el 11 de marzo de 2013 cuando viajaba entre Nuevo Laredo y Reynosa. Quería cruzar a Estados Unidos.
El documental Toshkua, dirigido por Ludovic Bonleux, muestra cómo Martínez emprende desde Honduras el mismo recorrido que su hijo, hasta llegar a las ciudades donde se perdió su rastro. Se la ve buscándolo en albergues, preguntando a los vecinos.
Martínez recuerda cuando, en 2014, fue a su primera caravana de madres de migrantes desaparecidos, junto a cientos de mujeres centroamericanas que cada año atraviesan México para buscar a sus familiares. “Iba con una gran esperanza, iba con ganas de encontrar a mi hijo, pero cuando ya veníamos de regreso, miré yo que no tenía ni una señal. Nada. Y dije yo ‘bueno, regreso a mi país y sin saber nada de mi hijo, pero no voy a dejar de luchar, no voy a dejar de buscarlo’”.
SUMA DE EXPERIENCIAS
Génesis Ramírez tiene 24 años. Es de las asistentes más jóvenes al encuentro. Busca a su madre, Julia Velásquez Sierra, quien desapareció el 17 de agosto de 2012 en Monterrey, Nuevo León, cuando ella tenía apenas ocho años.
“La conferencia para nosotros es como un impacto de aprendizajes, de experiencias, y creo que más que todo porque El Salvador, Guatemala y Honduras compartimos los mismos contextos de desaparición, tanto internos [dentro de sus propios países] como de desaparecidos en la ruta migratoria”, señala. “A nosotros se nos limita la búsqueda por motivos de visa, porque pues hay un montón de requisitos para poder entrar a México, y también por los riesgos de que si tú vas y buscas en México solo, no puedes”.
Su madre logró cruzar a Estados Unidos, pero tras un desencuentro con las personas con quienes hizo el viaje, decidió regresar a México. En Nuevo León vivió con un hombre del que Génesis solo recuerda su nombre: Juan Carlos. En agosto de 2012, dejó de comunicarse con su familia en Honduras. No han sabido más de ella.
MANTENER LA ESPERANZA
Karina Ramírez supo por última vez de su hermano, René Wilmoris Ramírez Rivera, el 1 de enero de 2005. Desde El Salvador llegó a Mexicali, Baja California, buscando cruzar a Estados Unidos.
Su búsqueda ha sido complicada, dice Karina. “Cuando se va a México, lo primero que preguntan es si ya se hizo una denuncia aquí [en El Salvador]. Con eso quieren cerrarnos [la vía para denunciar allá], y entonces ellos piden que se les exija al gobierno de aquí, no a ellos, por ser migrantes, como si no les compitiera. Sin embargo, es ahí donde se han perdido nuestros familiares”.
La joven buscadora afirma no perder la esperanza de encontrar a su hermano. “Quizás puede ser un poco duro para nosotros, pero como dicen, hasta un hueso que nos entreguen nos llenaría”.
EL IMPACTO DEL SEMEFO
El 21 de junio de 2020, en Celaya, Guanajuato, fue desaparecida Sharon Stephanie Carreño Ortiz. Tenía 28 años y estaba por graduarse como ingeniera en administración de empresas.
Su hermana Naylea Carreño la ha buscado desde entonces. Lo más impactante que ha vivido en el proceso, cuenta, fue visitar los Servicios Médicos Forenses (Semefo) de Guanajuato. “Íbamos a los cuatro que había en la región Bajío y era bien fuerte. A veces, en tu deseo tan grande de encontrar, dices ‘bueno, como esté, donde esté, de la manera que sea’”.
Carreño reconoce que en la búsqueda hay altibajos. A veces, dice, pierde la esperanza, pero después la vuelve a recuperar. Encontrarse con otras familias buscadoras la hace sentir fortalecida. “Hay quienes tienen, no sé, 15 años [en la búsqueda] y yo, por ejemplo, llevo un proceso de tres años y nueve meses. Digo ‘no manches, es muchísimo’, pero veo esas historias y pienso ‘está bien cañona [admirable] su lucha’”.
EL CÓDIGO ERA "CABALLO"
Omar Jarquín Roque es secretario general del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide). Busca a su hijo David Alexánder Jarquín Pineda, desaparecido el 1 de junio de 2014 en Reynosa, Tamaulipas, cuando tenía 24 años.
Cuenta que acordó con su hijo poner una clave por si lo secuestraban. El código era “caballo”. En una ocasión, cuando el joven estaba en Reynosa, le preguntó si sucedía algo, pero le respondió que todo estaba bien. “Como él no me mencionaba la palabra caballo, yo le dije: ‘David, ¿hay caballos ahí?’. ‘No te preocupés, no hay ningún problema. Mirá, ya mañana me paso para el otro lado’. Él iba para Houston, Texas. Me dijo: ‘Dentro de cinco días te hablo’”. Pero pasaron más de nueve años y esa llamada no ha llegado.
Como secretario general del Cofamide, Jarquín codirige el Banco de Datos Forenses de Migrantes No Localizados de El Salvador, del que también forma parte el Equipo Argentino de Antropología Forense. “Estamos dando respuesta a los familiares de sus casos y de sus familiares que se están encontrando de cinco, diez, quince, veinte, hasta 25 años de haber desaparecido en la ruta migratoria”, dice el buscador.
