A pesar del cambio de la medida cautelar, Roberto Borge seguirá encerrado en Ayala, Morelos, ya que está pasando otro proceso por delincuencia organizada.
Por Carlos Álvarez Acevedo
Tijuana, 18 de diciembre (Zeta).- Un Juez federal concedió a Roberto Borge Angulo -Gobernador de Quintana Roo del 5 de abril de 2011 al 24 de septiembre de 2016 y exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI)-, la prisión domiciliaria en un proceso por lavado de dinero y ahora, para salir de la cárcel, sólo restaría que le cambien la prisión preventiva oficiosa en su otro proceso por delincuencia organizada.
El juzgador autorizó el confinamiento de Borge Angulo en su domicilio particular, con el uso de brazalete electrónico, aunque para salir del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), ubicado en el municipio de Ayala, en el estado de Morelos, tendría que cubrir una garantía de 10 millones de pesos. No obstante, en caso de ser condenado posteriormente, tendría que regresar a la cárcel.
Según informes del Poder Judicial de la Federación (PJF) -citados por el diario Reforma-, el Juez federal justificó su pronunciamiento con base en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, que obligaba a revisar la prisión preventiva tras dos años de reclusión.
Con base en lo anterior, según el mismo rotativo, el juzgador determinó que habían cambiado las condiciones objetivas por las cuales cuatro años antes le habían dictado la prisión preventiva justificada, pero en la actualidad no habría elementos para presumir que existía el riesgo de que el exgobernador pudiera fugarse.
En este caso de lavado, la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Borge Angulo de designar a Claudia Romanillos Villanueva, como titular del Instituto de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, para después ordenarle vender, a amigos y familiares, un total de 22 predios de la Riviera Maya a precios subvaluados, lo que ocasionó un daño a las arcas públicas del estado por 900 millones.
La FGR presentó su acusación por escrito por el delito de lavado y pidió que le impusieran a Borge Angulo una condena de 15 años de prisión. En el fuero común, al exgobernador le iniciaron tres procesos, pero en la actualidad sólo están en curso dos y ya no está sujeto a la prisión preventiva en ninguno de ellos, por lo que, según el diario Reforma, “el único obstáculo que lo separa de la libertad es la medida cautelar del procedimiento penal por delincuencia organizada. Este último expediente se basa en los mismos hechos de la acusación de lavado de dinero”.
En cuanto a los dos procesos vigentes en la justicia local de Quintana Roo, uno es por peculado porque se presume que desvió 594 millones de pesos y la subcontratación de servicios aéreos a la empresa paraestatal “VIP Servicios Aéreos Ejecutivo S.A. de C.V”, durante el periodo de 2011 a 2013.
El otro es por el delito de aprovechamiento ilícito del poder -donde ya también concluyó la etapa de investigación complementaria-, relacionado con el pago irregular de 594 millones de pesos a la empresa paraestatal VIP Servicios Ejecutivos S.A. de C.V.
ROBERTO BORGE, EX GOBERNADOR DE QUINTANA ROO, VINCULADO A PROCESO POR DELINCUENCIA ORGANIZADA
Roberto Borge Angulo, Gobernador de Quintana Roo del 5 de abril de 2011 al 24 de septiembre de 2016 y exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue vinculado a proceso, el 16 de marzo de 2023, por un Juez federal, por el delito de delincuencia organizada.
Dicho proceso se suma a los otros tres que enfrenta, dos de ellos por investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) quintanarroense, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y aprovechamiento ilícito del poder, así como una más de orden federal, imputado por la Fiscalía General de la República (FGR), por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El exgobernador permanecerá recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), ubicado en el municipio de Ayala, en el estado de Morelos, mientras se llevan a cabo los procesos penales en su contra. El 13 de diciembre de 2022, Borge Angulo obtuvo un amparo contra el proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública.
Antes, el 13 de noviembre de 2019, el exmandatario de Quintana Roo fue vinculado a proceso por presunto desempeño irregular de la función pública. Un Juez de control le atribuyó la entrega indebida de cinco concesiones de transporte de carros de golf en Isla Mujeres.
En abril de 2019, un total de 22 inmuebles a nombre de Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre de Borge Angulo, fueron embargados. Un Juez de control de Quintana Roo ordenó al Registro Público de la Propiedad la incautación de las propiedades. Dos de los predios estaban ubicados en Cancún y Playa del Carmen, mientras que otros 20 se encontraban en Cozumel.
El 19 de mayo de 2019, el político quintanarroense también quedó vinculado a proceso por el delito de aprovechamiento ilícito del poder, en perjuicio de la empresa paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. (VIP-Saesa), por 590 millones de pesos, por subcontratación simulada a empresas de transporte aéreo (aviones y helicópteros).
El 5 de enero de 2019, Borge Angulo fue vinculado a proceso por el presunto lavado de 900 millones de pesos, que fueron presuntamente desviados del erario público de Quintana Roo. Al exgobernador se le acusaba de rematar 22 predios que formaban parte de una reserva natural, con precios por debajo de las valuaciones a familiares y amigos.
Según las autoridades federales, los terrenos fueron adquiridos por 238 millones 790 mil 121.98 pesos, sin embargo, el precio real era de mil 138 millones 889 mil 540 pesos. Los 900 millones 99 mil 418 pesos de diferencia fue señalada como quebranto al patrimonio de la entidad.
Por medio de una red conformada por familiares y amigos del entonces Gobernador, se conformaron empresas fantasma para la compra de los bienes y su posterior venta en un precio mucho más elevado, lo que ocasionó un quebranto de 900 millones 99 mil 418.17 pesos.
El Ministerio Público de la Federación señaló que de abril de 2011 a septiembre de 2016, Borge se valió de un plan que diseñó incluso antes de su llegada a la gubernatura. La red de corrupción se concretó a través de empresas fantasmas, como Estemar del Caribe, Ruta Náutica, Caracol 65, Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe, y Siyenat del Caribe, que adquirieron al menos 24 predios ubicados en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cozumel, y Othón P. Blanco.
Además, en los contratos figuran más de trece compañías, como Inmobiliaria Cigarra, y Desarrollo Xcacel y Protección de la Tortuga, algunas de estas creadas por el abogado de la familia del exgobernador, César Celso González Hermosillo, y por María del Lourdes Pinelo Nieto, quien fue secretaria del padre de Borge, como los beneficiarios de los terrenos a bajo costo.
Uno de los fiscales federales señaló, también, que en dicha red estuvo involucrada Claudia Romanillos Villanueva, quien fuera durante su gestión directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE).
Tras la enajenación, los bienes estatales fueron vendidos por la administración de Roberto Borge en 238 millones 790 mil 121.98 pesos, cuando su valor real era de mil 138 millones 889 mil 540.15 pesos. Sin embargo, las empresas que adquirieron los predios, no contaban con ningún personal contratado ni reportaban alguna actividad comercial, señalaron los fiscales en la audiencia.
En la venta de tres de los 22 predios, las autoridades federales detectaron que se ocultó totalmente la información y no se reportó la operación a los órganos internos del estado. Los bienes de los cómplices, entre quienes se encuentra la madre de Borge, María Rosa Yolanda Angulo Castilla, permanecían restringidos con el argumento de la protección de datos personales.
La Fiscalía estatal sostuvo que debido a que los terrenos se encontraban en áreas protegidas, se tenía que presentar un proyecto previo a la autorización de venta. Tampoco se investigó la insuficiencia económica del interesado en la compra ni existe constancia de que el interesado haya presentado documentos certificados para el cotejo de sus datos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores panameño extraditó al político quintanarroense, el 4 de enero de 2018, entregándolo a las autoridades mexicanas -de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR)- en un hangar del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de Ciudad de Panamá.
A mediados de diciembre de 2017, el entonces Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, y la canciller, Isabel De Saint Malo, firmaron la resolución para la extradición a México de Borge Ángulo. Ello después de que la Corte Suprema de Justicia panameña rechazara tres hábeas corpus presentados por la defensa del exgobernador.
El 27 de julio de 2017, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó a Ministerio homólogo panameño, la solicitud formal de extradición contra el exmandatario estatal, acompañada de una copia certificada de la orden de aprehensión librada el 31 de mayo por el Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl.
El 8 de junio del 2017, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expulsó al exgobernador Borge Ángulo, al considerar que su conducta provocó “efectos negativos” a dicho instituto político.
Borge Angulo fue detenido en Panamá, el 4 de junio de 2017, antes de abordar un vuelo con destino a París, Francia, acusado por presunto aprovechamiento de poder, desempeño irregular de la función pública y peculado durante su Gobierno en Quintana Roo. Luego permaneció recluido durante 7 meses en la prisión de “El Renacer”, hasta su extradición a México.
