En la mañanera del 14 de diciembre el jefe de gobierno de la CDMX, Martí Batres, y la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, presentaron la metodología y los resultados derivados de la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Esto se da después de la aplicación, durante gran parte del 2023, de una estrategia de búsqueda generalizada, fundada en el cruce masivo de numerosas bases de datos oficiales a nivel estatal y federal.

El llamado “censo” casa por casa y el cruce de datos previo, trabajados por la Secretaría de Gobernación, la del Bienestar y la Comisión Nacional de Búsqueda, han sido objeto de múltiples señalamientos por parte de colectivos de familiares, organizaciones de la sociedad civil, de la Onu y de periodistas de investigación.

Las críticas apuntaron a la falta de transparencia y de participación de las víctimas en su realización, a casos documentados de revictimización de las familias y a su incompatibilidad con los protocolos vigentes, particularmente porque los servidores de la nación fueron los principales funcionarios encargados de las visitas y verificaciones en campo. Asimismo, la ex comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, sostuvo en las últimas semanas, tras su salida de la institución por este mismo motivo, que la operación estaba dirigida a reducir las cifras y a borrar a las y los desaparecidos del registro por razones políticas.

A reservas de poder analizar más a fondo los datos que recién presentaron las autoridades en la conferencia de prensa, aventuro unas interpretaciones preliminares.

Eran 110,964 (100% del total) los registros que se tenían de 1962 al 22 de agosto de 2023 en el RNPDNO (Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas). Después del reordenamiento generalizado de los datos y de las búsquedas de campo individualizadas, aun con las criticidades que fueron denunciadas y que no han quedado aclaradas en la misma rueda de prensa, se tienen los siguientes resultados:

1. 16,681 (15%) personas localizadas con prueba de vida;
2. 17,843 (16%) ubicadas en los registros, todavía no con prueba de vida;
3. 26,090 (24%) registros sin datos suficientes para identificar (pero sí para seguir buscando, por lo que se pide colaboración a la ciudadanía);
4. 36,022 (32%) registros sin indicios para la búsqueda, por lo que igualmente se pide apoyo a la ciudadanía;
5. 12,377 (11%) confirmaciones de desaparición;
6. 1,951 (2%) registros duplicados.

A partir de lo anterior, si bien se anunció que ninguno de estos registros será eliminado, el RNPDNO, que finalmente debe de registrar sólo las personas que tienen estatus de desaparecidas y/o no localizadas, podría quedar en algún momento con una cifra menor, equivalente a 92,332 personas. O sea, mostraría una baja de aproximadamente el 17% (el 15% de las personas consideradas como “localizadas”, y el 2% que son registros duplicados).

Esta cifra no consideraría las cerca de 3,000 personas que, después del 22 de agosto, han sido incorporadas a dicho registro como nuevas desapariciones. De todos modos, la baja representaría un avance para la confirmación del registro y la localización de personas, pero, como mínimo, debería revisarse su validez, la conformidad con los protocolos, y mecanismos de incorporación de las familias.

Por otro lado, en la segunda categoría que arrojó esta metodología, a saber, personas ubicadas de las cuales no ha sido comprobada “materialmente” la localización, pareciera resultar cuando menos posible o factible que se dé con su paradero en el futuro con los datos a disposición. Aun así, todo dependerá de las capacidades y las voluntades del conjunto de instituciones involucradas en las operaciones de búsqueda e identificación a lo largo de la geografía nacional y de la incorporación cabal de los nuevos casos. Asimismo, el esfuerzo deberá complementarse con los mecanismos de identificación forense y de búsqueda en panteones ministeriales y municipales. Al respecto, aún son incipientes o inexistentes las políticas de coordinación intergubernamental y regional en materia de búsqueda, investigación e identificación.

Avanzando un poco, se observa que el 56% del total de los registros que se tienen en las categorías 3 y 4 (24% Y 32%, respectivamente) son incompletos o inidóneos. Lo anterior delata el gran desaseo institucional, especialmente de las fiscalías, que denuncian desde siempre las familias, en las fases de toma de datos y carga en las plataformas. Por otra, sugiere que deben perfeccionarse las plataformas y modalidades de reporte ciudadano independiente.

En la categoría 3, la información disponible no bastaría para identificar a la persona buscada, pero sí para seguir buscando. En la categoría 4, la situación es más grave, pues no hay información suficiente para comenzar una búsqueda mediante algún indicio útil. Para estas situaciones fue extendida a la ciudadanía una solicitud de cooperación. Sin embargo, en estos casos, además de pedir una colaboración colectiva, es deber de las autoridades de todos los niveles esclarecer, completar y recuperar las fuentes originarias y la información necesarias para que todas estas personas puedan ser registradas y buscadas inmediata y correctamente.

Finalmente, en el 11% de los casos se habló de “confirmación de las desapariciones”. El etiquetado o nombre de esta categoría es algo ambiguo, pues, mediante una suerte de deslice semántico, se tiene la sensación de que los casos de las otras categorías utilizadas no sean propiamente “desapariciones confirmadas”, sino simplemente “en trámite” o “en fase de análisis o cotejo”. En este sentido, queda la impresión de que tan solo este 11% residual se considere realmente “desaparecido” para todos los efectos. Las personas desaparecidas dentro de esta categoría, entiendo, tienen registro y datos completos, pero en la búsqueda generalizada masiva en bases de datos no se ha podido dar con ningún indicio sobre su paradero.

Si la verificación de los datos y los métodos presentados en la mañanera podrá ser validada socialmente y explicada más a detalle, puede que el urgente proceso de reorganización del registro nacional esté comenzando a dar resultados interesantes y positivos para la comprensión de los diferentes tipos de desapariciones en el país y de la calidad de la información realmente disponible para la búsqueda de las personas. Sin embargo, su arranque fue accidentado y justamente cuestionado por el nulo involucramiento de las víctimas indirectas en el proceso, entre otros problemas, lo cual mina el principio de participación conjunta, las buenas prácticas internacionales y la confianza hacia las instituciones.

Martí Batres mostró también una gráfica de las presuntas causas de las desapariciones, con base en la información sobre el total de las personas localizadas desde que se tiene registro en la capital. Faltó una explicación de la metodología con la cual se recabaron los datos, que comprenden las localizaciones en la ciudad durante un periodo histórico largo y cierta simplificación de las categorías explicativas de las razones por las cuales las personas localizadas en su momento “se ausentaron”. La presentación señala que el 6.8% de estas fueron víctimas de un delito. El efecto, me parece, es el de normalizar el fenómeno de la desaparición y de las violencias en general, ya que estas no necesariamente se corresponden con “delitos”, aunque son parte integral de las crisis que vivimos en el país. Es bueno recordar que, según la Ley General, pasadas 72 horas del reporte de desaparición, en todos los casos la autoridad ministerial debe presumir la comisión de un crimen y la no localización se convierte en desaparición. Esto ha sido parte de una reivindicación histórica y fue plasmado en la redacción de la ley. También debe tenerse en cuenta que muchísimas desapariciones, consideradas “ausencias voluntarias” en las estadísticas, se deben a un continuum de agravios contras las y los más vulnerables. Se deben a patrones de violencia patriarcal, de injusticia estructural, de descomposición socio-económica, de desplazamiento forzado, de gobernanza mafiosa y de ataques criminales contra la población que, definitivamente, no van a ser incluidos como tal en un parte o una encuesta sobre los motivos o la voluntariedad de la ausencia, pero sí son elementos de contexto y gatillos fundamentales para determinar la gravedad y sistematicidad de las desapariciones en el país.

Fabrizio Lorusso

https://www.sinembargo.mx/author/fabrizio-lorusso/

Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

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