El saldo de los enfrentamientos entre la población peruana que exigió la renuncia de Dina Boluarte, quien alguna vez juró lealtad al exmandatario Pedro Castillo, a la Presidencia de Perú fue de al menos 50 peruanos muertos y múltiples heridos de por vida en Puno. Algunos de los ellos arrojaban piedras y cohetes, mientras otros protestaban de forma pacífica y varios simplemente miraban, como Alex Mamani.
Por Franklin Briceño
JALIACA, Perú (AP).- Alex Mamani camina por las calles de Juliaca con rabia y desesperanza mientras recuerda cómo cambió su vida a inicios de 2023 cuando un balazo le destrozó la mandíbula en medio de las protestas antigubernamentales que remecieron Perú.
“Yo mismo no me reconozco”, confesó Mamani, de 34 años, bajo una intensa lluvia de granizo en la plaza de Juliaca, la ciudad más poblada de Puno, la región que registró la mayor violencia durante las protestas que exigían la renuncia de la Presidenta Dina Boluarte y los miembros del Congreso.
“Nos trata peor que animales”, indicó en referencia a Boluarte, la primera Presidenta mujer de Perú, quien tiene una aceptación de 8 por ciento, según una encuesta de noviembre del Instituto de Estudios Peruanos. La cifra es la más baja comparada con sus 12 antecesores.
Mamani, quien trabajaba en una empresa que vende medicinas a las farmacias, vivía en un cuarto cerca del aeropuerto de Juliaca, la zona donde se producían las protestas. El viernes 6 de enero, luego de trabajar hasta el mediodía debido a las manifestaciones, se vistió con la camiseta de la selección peruana de fútbol para ir a jugar con sus colegas.
Al salir de su casa observó cómo la policía golpeaba a unos manifestantes y se acercó a mirar. De pronto sintió un puñetazo en la cara que lo desmayó. Al despertar le preguntaron su nombre y no pudo hablar. De su boca cayeron sangre y más de una decena de dientes.
Su camiseta blanca, que quedó teñida de rojo, fue cortada a la mitad por los médicos con una tijera. Un cirujano le cosió un orificio en el lado izquierdo de la cara por donde había salido la bala. Con el paso de los meses fue sometido a dos operaciones en la mandíbula, que se había partido en varios fragmentos. Le colocaron clavos y mallas de metal para unir las partes pero aún necesita varios injertos óseos que deben ser extraídos de su cadera o costillas.
Desde hace 11 meses no puede masticar e ingiere alimentos licuados con una jeringa o una pajilla de plástico. Limpia sus dientes con un cepillo para bebés que logra ingresar por su estrecha boca, le cuesta hablar y su párpado derecho está tan estirado por las operaciones que no puede cerrar ese ojo. “Ya no soy yo”, se dice a sí mismo cuando se mira en el espejo por las madrugadas. “Mi cara está chueca, pero lo que más quiero es abrir la boca para comer", dijo.
El hombre observa a la gente en los restaurantes, en los puestos callejeros de comida y a sus padres con quienes vive ahora en una casa rural y se desespera por no poder disfrutar de los alimentos.
Boluarte sucedió el 7 de diciembre de 2022 al exmandatario Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta, luego que horas antes Castillo intentó disolver el Congreso, lo que llevó a su remoción y encarcelamiento por tres años mientras es investigado por corrupción y rebelión. La salida de Castillo provocó casi medio millar de protestas durante cuatro meses, sobre todo en regiones del sur de los Andes de mayoría indígena como Puno, donde Castillo había arrasado en las elecciones presidenciales de 2021.
Mamani recordó que asistió junto a miles a la plaza de Juliaca el 7 de diciembre de 2021, exactamente un año antes de que Castillo fuera encarcelado. Aquel día el ahora expresidente subió al tabladillo acompañado de Boluarte. La entonces vicepresidenta dijo en una intervención transmitida por la televisión nacional y luego viralizada en las redes sociales que “si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente”. Su lealtad con Castillo, añadió, era a “prueba de balas”.
Muchos consideraron que Boluarte iba a renunciar, pero eso no ocurrió. Los 130 congresistas tampoco dimitieron y la mandataria aseguró que finalizaría su gestión en 2026.
El 9 de enero de 2023 en Juliaca las protestas dejaron 18 civiles muertos, todos con impactos de armas de fuego, la mayoría transeúntes que ni siquiera estaban protestando. La presidenta dijo a fines de enero a la prensa internacional que la mayoría de los muertos fueron a causa de “armas artesanales”, una hipótesis sobre la que no ha dado detalles hasta el momento.
Las protestas que exigían la dimisión de Boluarte se extendieron hasta marzo por lo que el Gobierno compró casi 700 mil artículos antimotines, entre bombas lacrimógenas y perdigones. Cuando las manifestaciones llegaron a Lima, más de 5 mil agentes desfilaron el 9 de febrero por el centro histórico en un gran despliegue de fuerza que llevó al mandatario de colombiano Gustavo Petro a decir que los policías peruanos marchaban como “nazis” contra su pueblo.
Otros mandatarios como el mexicano Andrés Manuel López Obrador llamaron presidenta “espuria” a Boluarte, quien rebajó las relaciones diplomáticas con ambos países a nivel de encargado de negocios.
En total murieron 50 peruanos en el contexto de los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, algunos de los cuales arrojaban piedras y cohetes mientras otros protestaban de forma pacífica y varios simplemente miraban.
Investigaciones de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coincidieron en que las fuerzas de seguridad realizaron un uso excesivo de la fuerza al disparar armas de guerra a los manifestantes o arrojar cartuchos de bombas lacrimógenas o perdigones a corta distancia. La Presidenta dijo que actividades criminales como la minería ilegal y el narcotráfico financiaban las protestas, pero nunca mostró pruebas.
Las manifestaciones provocaron más de mil millones de dólares en pérdidas para grandes y pequeños negocios, una cifra mayor a los daños que en esos primeros meses de 2023 dejó el ciclón tropical Yaku con lluvias torrenciales e inundaciones en Ecuador y el norte de Perú, según el Ministerio de Economía.
El pasado octubre el Gobierno admitió que Perú se encontraba en recesión tras indicar que en los dos primeros trimestres el crecimiento había sido negativo. Eso se evidenció en un aumento del desempleo y una disminución en la capacidad de consumo y los ingresos. Los negocios, entre ellos la pequeña distribuidora de medicamentos en la que trabajaba Mamani, sintieron el efecto de la caída de las ventas. La droguería despidió a la mitad de su personal, incluido Mamani, quien ahora busca trabajo.
El mes pasado Boluarte dijo en un foro de inversionistas en Washington que Perú “ahora es un país que está en calma, que está en paz, luego de aquel 7 de diciembre del golpe de Estado y luego de la asonada golpista”. Pero en medio de la recesión la delincuencia se ha incrementado, en especial las extorsiones que subieron más del 50 por ciento entre enero y agosto en comparación con el mismo periodo de 2022, según la policía.
Los peruanos escuchan con frecuencia noticias de asesinatos por encargo y explosiones en las fachadas de pequeños negocios que se niegan a pagar dinero. Esta semana delincuentes mataron a nueve trabajadores tras un asalto a La Poderosa, la segunda mina productora de oro.
Pero el mayor desafío para Boluarte es el reciente enfrentamiento con la Fiscal general Patricia Benavides, quien a fines de noviembre denunció ante el Parlamento a la presidenta para que al culminar su mandato en 2026 sea juzgada por homicidio calificado y lesiones graves a causa de las muertes en las protestas.
La denuncia de Benavides se produjo luego de que una Fiscal anticorrupción señaló a la fiscal general de ser la presunta líder de un grupo criminal que usaba su poder para beneficiarse. El principal asesor de la fiscal general fue capturado y ha confesado ante los investigadores que realizó negociaciones con congresistas para favorecer con sus votos los intereses de Benavides.
Los familiares de los fallecidos en las protestas no creen en la denuncia de la fiscal general.
Raúl Samillán, hermano del estudiante de medicina Marco Samillán —quien murió tras recibir dos balazos el 9 de enero en Juliaca mientras auxiliaba a manifestantes heridos—, dijo que Benavides ha utilizado la memoria de las víctimas “para quitarse de encima las investigaciones en su contra”.
También recordó que la Fiscal general ordenó trasladar a Lima las investigaciones por las muertes de los manifestantes, los cinco cambios de fiscales en el caso y añadió que la denuncia contra la presidenta sólo incluye a cinco de los 50 fallecidos y a uno de los casi mil civiles heridos que dejaron las protestas.
Hasta el momento Mamani no ha sido llamado a declarar. “Quisiera contar todo el daño que me han hecho”, dijo. “A veces pienso que mejor me hubiesen matado”.
