Un número indeterminado de elementos de la Guardia Nacional, aunque en el video se aprecia claramente a tres, y es de suponer que por lo menos uno va al frente de la unidad, en colaboración con Policías Estatales de Baja California y agentes de la Municipal de Tijuana, robaron droga al cártel de Sinaloa.

La criminal actitud de los elementos policíacos, de los órdenes, federal, estatal y municipal, mantiene una ola de violencia en la fronteriza ciudad de Baja California. El edificio de la Fiscalía General de la República (FGR) fue baleado. Dos policías, uno de la Fiscalía General del Estado, y otro de la Municipal, han sido asesinados, y otros se encuentran con paradero desconocido. Se supone, huyendo de la mafia sinaloense.

Esto sucedió hace ya 20 días y los elementos de la Guardia Nacional siguen impunes. De hecho, a diferencia de los estatales y municipales, se desconoce sus nombres, porque prácticamente de inmediato a darse a conocer el hurto de la droga, fueron cambiados de ciudad. La investigación, que la encabeza la FGR no ha contado con la colaboración de la Guardia Nacional donde los agentes no tienen residencia asignada, sino que, como es evidente, a humor del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del comandante, el general David Córdova Campos, o del secretario de la defensa, Luis Crescencio Sandoval, son trasladados de un lugar a otro, sea para sofocar olas de inseguridad o para apoyar en desastres naturales.

En este caso, los ladrones de droga de la Guardia Nacional no han sido identificados. Mandos de la corporación creada por López Obrador se niegan a proporcionar esa información a la FGR justificando que ellos realizarán su propia indagación para determinar qué procede contra los deshonestos elementos.

Supuestamente coordinados por un hombre que lo mismo sirve de informante que de organizador de un cártel de policías, los Guardias Nacionales, los Estatales y los Municipales, se vieron en un punto de la ciudad para juntos partir a robarse la droga. Sucedió el 17 de noviembre de 2023 en una céntrica y conocida colonia de Tijuana, en una privada que cuenta con caseta de seguridad, cámaras de vigilancia y está enrejada. Independientemente de que el robo fue alertado por miembros del cártel de Sinaloa, el hecho quedó videograbado.

En imágenes que fueron liberadas en redes sociales, se aprecia cuando salen de la privada seis unidades, tres de ellas pick ups en cuyas cajas traseras se observa trasladan bolsas negras con algo dentro de las mismas. Son tres pick ups blancos característicos de la corporación estatal local, un sedan rojo, un pick up con los rótulos y el número de patrulla de la policía municipal de Tijuana, y un pick up con los rótulos y número de patrulla de la Guardia Nacional en el que se aprecia a por lo menos tres elementos de esa corporación en la parte trasera, aun cuando se sabe que suelen ser entre seis y ocho los ocupantes de cada unidad.

El video sirvió tanto a los titulares de las corporaciones, como a los miembros del cártel de Sinaloa, para identificar a quienes participaron en el robo de la droga.

Después del robo de la droga el día 17 de noviembre, el 18, al día siguiente, criminales balearon las oficinas de la FGR en Tijuana a manera de represalia. 25 impactos de bala quedaron en la fachada del edificio federal y en dos unidades que se encontraban estacionadas al frente, una propia de la fiscalía y una municipal.

Una vez identificados los policías locales que participaron en el robo, de acuerdo al número de las patrullas que fueron videograbadas llevándose la supuesta droga (se aprecian bolsas negras de basuras llenas de algo), siete días después del hurto, el 24 de noviembre fue asesinado el policía municipal León Bueno Loreto. Es uno de los dos tripulantes de la patrulla que fue grabada saliendo de la privada con bolsas en la caja trasera. El otro oficial de la municipal está con paradero desconocido. En la corporación apuntan a que huyó después del asesinato de su compañero.

Tres días después, el 27 de noviembre, y a diez días del robo de droga, el agente estatal Salvador Vargas Ruiz fue asesinado. Lo cazaron mientras cargaba de gasolina su vehículo personal. Sus dos compañeros agentes estatales que, según determinaron en la corporación, también participaron en el hurto, un hombre y una mujer, están con paradero desconocido desde ese día. Los tres, habían sido retirados de la institución para ser investigados.

En indagatorias anteriores y posteriores a los crímenes contra policías se supo que compañeros de las corporaciones también los habían delatado ante sus superiores, temerosos que, al no ser identificados, los criminales atacaran sin razón a los policías. Lo que quieren los mafiosos es amedrentar al resto de los oficiales para que la droga les sea regresada.

De los elementos de la Guardia Nacional que participaron en el robo al cártel de Sinaloa nada se sabe. Ya no están en Baja California, es la única certeza que tienen los investigadores debido al hermetismo con que han actuado los militares a cargo de esa corporación policíaca.

Respecto a la droga, se ha llegado a conocer en las indagaciones que se trata de un cargamento de cocaína y de metanfetamina que miembros del cártel de Sinaloa resguardaban en esa privada para su posterior distribución y trasiego. De igual forma, la autoridad investigadora no ha determinado quiénes son las personas o la célula del cártel a cargo de esa droga, y, por tanto, quienes están asesinando policías.

La impunidad ante todo a partir de la opacidad de la Guardia Nacional para conocer quiénes son los elementos que patrullan las calles en las distintas ciudades del País adonde han sido enviados para contribuir al orden, pero que, caso contrario, integran comandos para robar droga, por lo menos en Baja California el del 17 de noviembre de 2023, no es el único caso donde se ha advertido la participación de Guardia Nacional en robo de droga.

La tan defendida corporación del presidente Andrés Manuel López Obrador, atraviesa su propia transformación hacia la criminalidad organizada, con la venia de los mandos que, en lugar de ponerlos a disposición de las autoridades federales, en este caso la FGR, para ser investigados, los protege enviándolos a otra ciudad y a su paso dejando al crimen impune.

Adela Navarro Bello

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