En los periodos electorales se presentan picos de violencia significativos. Ello se manifiesta particularmente sobre dos sectores fundamentales: el periodístico y político.

Dicha violencia deriva de la disputa propiamente política pero también de la reconfiguración de pactos criminales.

En 2018, la Red Rompe el Miedo documentó 185 agresiones contra la prensa durante y por la cobertura electoral. Fueron las elecciones más violentas contra la prensa. Actos que van desde la intimidación hasta las detenciones arbitrarias de personas comunicadoras, fueron el sello una elección histórica en términos de participación ciudadana y resultados. Del total de agresiones perpetradas, 76% fueron cometidas por partidos políticos y funcionarios públicos.  El crimen organizado perpetró 6 agresiones. No podemos pasar por alto que la dinámica de violencia contra la prensa, por otras coberturas, representó 359 agresiones, entre ellas 9 asesinatos.

En 2021, durante las elecciones intermedias, la misma Red documentó 81 agresiones contra la prensa. En términos comparativos, por el volumen de intereses y de participación pública, resulta comparable con las intermedias anterior, en 2015, respecto de las cuales se registraron 62 agresiones (30% menos). En ambos ciclos electorales 7 periodistas fueron asesinados.

Por otro lado, durante el proceso electoral 2017- 2018 fueron asesinados alrededor de 152 políticos; mientras que en el periodo comicial 2020-2021 fueron privados de la vida 91.

Las personas políticas son los actores centrales de la disputa política, mientras que las y los comunicadores son esenciales para dar a conocer los detalles de esa disputa. Estamos hablando de la oferta política y de la información como materia prima del ejercicio de derechos político-electorales. Por tanto, el ataque contra la vida y la integridad de ambos actores es un ataque directo contra la integridad de las elecciones como piso mínimo de la democracia.

No podemos dejar de lado otros ataques -varios de ellos emergentes- contra la posibilidad de ejercer plenamente los derechos políticos de la ciudadanía. Ahí están la desinformación que hoy día puede volverse viral; la manipulación a través de herramientas de inteligencia artificial; el perfilamiento de usuarios de redes sociales para hacer microsegmentación (caso Cambridge Analytica); los discursos polarizantes y de odio desde la tribuna pública;  la remoción de contenidos en línea sin garantías mínimas de defensa; el acoso judicial contra las expresiones críticas; entre otros. Estas circunstancias suman un grado de complejidad mayor a la posibilidad de ejercer derechos en una ciudadanía de por sí escéptica frente a las instituciones tradicionales de las democracias.

En este contexto, vimos un inicio de proceso electoral fatídico. Desde el inicio de las pre-campañas electorales el 5 de noviembre, se ha cometido el asesinato de un periodista en Ciudad Juárez (Ismael Villagómez); la privación de la libertad de tres en Taxco (Marco Toledo, Silvia Arce y Alberto Sánchez); y el intento de asesinato de 4 más en Chilpancingo  (Óscar Guerrero, Víctor Mateo, Jesús de la Cruz y Héctor Camacho ) y uno en Apatzingán (Maynor Ramírez) durante el martes 28. También se documentó durante el mes, la amenaza masiva contra 8 periodistas en Iguala.

Como se observa, la mayoría de los ataques se cometieron en Guerrero, situación que puede indicar el intento claro de mandar mensajes políticos por parte de grupos criminales y de inhibir el ejercicio periodístico durante este periodo. Ambas intenciones son posibles y no se excluyen. Hoy es Guerrero, pero hay otras entidades que son un polvorín como Chiapas o Guanajuato, por dar un par de ejemplos.

Lo peligroso es que las autoridades parecen asumir que la violencia es parte de la cotidianidad y una dinámica aceptable en el juego electoral, puesto que no hacen nada por prevenirla.  Ya veremos en este proceso electoral que inicia si esa pasividad, y en ocasiones franca complicidad, no pasa una factura mucho mayor.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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