De manera anticipada y sin mucha consideración por la legalidad electoral construida durante el último cuarto de siglo, las tres candidaturas presidenciales que se enfrentarán en la elección de junio del próximo año están ya en plena campaña. En los tres casos se está usando el subterfugio de la “precampaña”, aunque no existan contrincantes para los ungidos por las cúpulas partidistas como abanderados de las dos coaliciones y el partido que juega en solitario.

Las dos candidatas y el candidato comparten, además, el haber sido seleccionados por las cúpulas de sus organizaciones, sin procedimiento democrático alguno. En Morena se argüirá que hubo encuestas para determinar a la favorita, pero con independencia de la confiabilidad de los instrumentos demoscópicos utilizados, que fue cuestionada por el contendiente que quedó en segundo lugar, ese mecanismo no puede ser considerado una forma de participación democrática, no solo por la ausencia de deliberación alguna, sino porque el modelo aleatorio de selección de encuestados está bien como indicador de la popularidad de un personaje, pero no es un sustituto válido para manifestar la voluntad reflexiva de una comunidad política, como se supone que sea el conjunto de los militantes de un partido político.

Lo de la Alianza Opositora, cuyo nombre oficial es tan cursi que me ha dado repelús aprendérmelo, ha resultado patético, porque el ungimiento de Xóchitl Gálvez ni siquiera cumplió con las reglas que los propios integrantes de la coalición promotora se pusieron cuando anunciaron con bombo y platillo que llevarían a cabo un proceso con elección primaria abierta. A la hora de la hora, se echaron para atrás ante la complejidad de un proceso que sin duda superaba sus capacidades organizativas.

Por su parte, Movimiento Ciudadano ha vuelto a desilusionar a quienes han tratado de ver en ese partido al posible germen de una organización socialdemócrata moderna, por más que se les advierta de que se trata de un partido patrimonial, cuyo dueño suele jugar a presentarse como alguien abierto e impulsor de la incorporación de nuevos rostros y nuevas ideas en la política, pero que a la hora de las definiciones siempre acaba decidiendo de acuerdo con sus cálculos de viejo político priista, sin otro objetivo que su propia supervivencia y su beneficio personal. La candidatura de Samuel García es un despropósito desde cualquier óptica que no sea la de Dante Delgado y resulta más repelente por lo truculento del proceso, que descabalgó por la mala a contendientes que podían representar una opción fresca, como la senadora Indira Kempis.

El asunto es que a nadie ha tomado por sorpresa el proceso de selección de candidaturas decidido en los estrechos márgenes de las cúpulas partidistas, en buena medida porque a nadie le cabe duda de que los partidos mexicanos son organizaciones cerradas, verticales, clientelistas, que en realidad no representan corrientes de opinión de la sociedad y, cuando mucho, son expresiones de fuerza de intermediarios políticos con capacidad de intercambiar apoyos por candidaturas y prebendas. La debilidad del incipiente arreglo democrático mexicano comienza por su sistema de partidos, que adolece de representatividad precisamente porque no permite la participación abierta de la ciudadanía en la deliberación pública.

El martes pasado, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, participé en un coloquio sobre partidos políticos del 12 seminario internacional Corrupción y Procesos electorales, patrocinado por el Instituto de Investigaciones en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, el cual acogió a la Red por la Rendición de Cuentas que durante años fue acogida por el CIDE hasta la captura e ese centro por el actual gobierno. Por fortuna, la U de G rescató los esfuerzos y el talento de Mauricio Merino y Lourdes Morales.

El panel que compartí con la comisionada del INAI Norma del Río, con a investigadora de la U de G Nancy García y con el formidable Paulo Hidalgo, profesor de la Universidad de Talca en Santiago de Chile y viejo complice de aventuras intelectuales, partió de tres preguntas formuladas por Jaime Hernández Colorado: ¿son los partidos políticos transparentes? ¿Son democráticos? Y ¿ha servido la reelección consecutiva de legisladores y ayuntamientos para fortalecer la rendición de cuentas de la política? Mi repuesta fue negativa a las tres cuestiones.

Las razones que aduje para responder no en los tres casos no tienen nada que ver con cuestiones morales. Los partidos mexicanos son opacos, corruptos y antidemocráticos por razones institucionales, por el sistema de reglas del juego decidido por los propios políticos a la hora de determinar los mecanismos de entrada y permanencia a la competencia política.

El sistema de registro de partidos políticos basado en asambleas, no me he cansado de repetirlo, propicia la existencia de organizaciones clientelistas y verticales, donde se premia la fidelidad y la lealtad y se repele a quienes quieren hacer política con base en ideas y propuestas programáticas. Se trata de un mecanismo proteccionista para evitar el surgimiento de nuevas expresiones que pongan en riesgo la hegemonía oligárquica de las organizaciones existentes. Cuando se estableció, con la legislación de 1996, pesó la trayectoria institucional de la legislación existente desde 1946 y que impidió la irrupción de partidos que pudieran poner en riesgo el control del PRI, al tiempo que hacía inviable cualquier ruptura interna de la coalición de poder.

La reforma política de 1977 aireó un sistema de partidos que no era más que una simulación y propició un nuevo arreglo entre las elites políticas, pero en cuanto se pactaron las reglas que darían estabilidad al nuevo régimen competitivo, todos los pactantes estuvieron de acuerdo en volver a establecer reglas proteccionistas para el registro de partidos. Sin opción de salida y sin posibilidades reales para la irrupción de fuerzas ciudadanas creadas en torno a un programa y unas candidaturas, las dirigencias partidistas se han vuelto cada vez más opacas y cerradas y los líderes se han podido mantener por décadas sin competencia interna ni eterna-

El caso del PAN es especialmente sorprendente, porque mal que bien durante los tiempos en los que fue una fuerza más bien testimonial tuvo procesos internos relativamente participativos y democráticos, pero desde la decisión de la candidatura de Vicente Fox, con la que finalmente ganaría la Presidencia de la República, el partido que presumía de tener la institucionalidad interna más sólida acabó cediendo al chantaje caudillista y a partir de entonces sus métodos internos so igual de turbios que los de sus homólogos derivaos del PRI, más alguna herencia de corte estalinista o maoísta.

Con esas candidaturas, la campaña electoral de 2024 será cansina. La única candidata con cierta espontaneidad e ingenio, Xóchitl Gálvez, está lastrada por la pertinacia de las dirigencias de los partidos que la apoyan y por la estulticia de quienes dirigen su estrategia. En una contienda en la que se necesita movilizar el entusiasmo de los electores para enfrentar la regresión antidemocrática, parece que todo se decidirá en una competencia entre votos duros a favor o en contra.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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