El Poder Judicial y los poderes Ejecutivo y Legislativo han protagonizado en los últimos meses una férrea batalla por la conservación de esos “guardaditos” por 15 mil millones que, finalmente, el Congreso eliminó de 13 de 14 fideicomisos.
Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).– La Secretaría de Gobernación acusó al Poder Judicial este viernes por conflicto de interés, al ser Juez y parte de los amparos promovidos para evitar que los fideicomisos del Poder Judicial –que suman 15 mil millones de pesos– vayan la reconstrucción de Acapulco y otros municipios de Guerrero devastados por el huracán “Otis”, a propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador y que la Ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, había aceptado.
"Se tuvo un encuentro con la Ministra presidenta, derivado de los amparos y de una acción de inconstitucionalidad de 50 senadores, nos dijo que habría que esperar esa resolución, que no era posible que se pudiera tomar una determinación hasta que no resuelva la Corte", explicó este viernes la titular de Segob, María Luisa Alcalde.
"Lo que nosotros venimos planteando es que son los propios jueces y magistrados los que promueven estos amparos y son ellos mismos los que determinan la suspensiones: solamente para dar un ejemplo: hay 3 amparos con suspensión (son jueces de Chihuahua, Ciudad de México y Morelos). En el segundo amparo de una asociación de magistrados y jueces, la Jueza de la causa era agremiada, ella promueve el amparo y ella misma decide la suspensión. Si eso no es conflicto de interés no sabemos que signifique", explicó desde Tijuana, donde se llevó a cabo la conferencia matutina del mandatario mexicano.
"Es lamentable que estas cosas sucedan, se trata de la presidenta de la Suprema Corte, ahora cambian, ya están metiendo amparos y con sus aliados del [opositor] PAN haciendo maniobras leguleyas", dijo por su parte López Obrador.
Por último, Alcalde señaló que la suspensión en el juicio de amparo es "cuando se presume que puede haber afectación, pero no hay derechos de jueces ni de magistrados del Poder Judicial afectados".
El Poder Judicial y los poderes Ejecutivo y Legislativo han protagonizado en los últimos meses una férrea batalla por la conservación de esos “guardaditos” por 15 mil millones que, finalmente, el pleno del Senado de la República eliminó de 13 de 14 fideicomisos el pasado 24 de octubre.
El Presidente López Obrador ha insistido por años que dichos “guardaditos” sólo han beneficiado a la elite del Poder Judicial, en especial a ministros, magistrados y jueces que, durante décadas, han tenido los salarios y prestaciones más altas en la burocracia federal.
Ante la emergencia en Guerrero, la Ministra Piña Hernández había mostrado una postura más flexible sobre el tema y su oficio de esta tarde la muestra decidida a tender una mano al Poder Ejecutivo.
