El Vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López, señaló que no existe ninguna orden de aprehensión relacionado a las personas señaladas en el artículo. Además, cuestionó la publicación del texto en el NYT poco tiempo después de que Ernestina Godoy denunciara una campaña en su contra por su proceso de ratificación en la titularidad de la FGJ.
Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) desmintió esta tarde la información publicada en un artículo del diario The New York Times, donde la dependencia es señalada de presuntamente ordenar a la empresa telefónica Telcel a entregarle registros telefónicos de varios funcionarios y políticos, tanto opositores como afiliados a Morena.
A través de un mensaje publicado en sus vías oficiales de comunicación, Ulises Lara López, Vocero de la Fiscalía capitalina hizo pública la postura de la dependencia, la cual «desmiente categóricamente» la supuesta solicitud a la empresa de telecomunicaciones para recibir registros telefónicos, de mensajes de texto y geolocalizaciones de varias personas que se desempeñan en cargos públicos.
«Esta institución no espía a personajes políticos, ni a ninguna persona, por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos», precisó.
Lara López comentó que no no existen números de oficio o carpetas de investigación en los libros de Gobierno con la nomenclatura que se señala en la solicitud de información. «Además, es imperativo aclarar que no se ha solicitado, ni existe alguna orden de aprehensión relacionada con las personas que se señalan», añadió.
Es por ello que afirmó que asegurar sin pruebas los señalamientos que se enuncian en el Times es una especulación.
«Asimismo, no se tiene dato o información que vincule a dichas personas con investigaciones por secuestro y/o desaparición, además de que no se ha dado ninguna orden para realizar investigaciones de este tipo», puntualizó.
Es en ese mismo sentido que aclaró que el diario solicitó información a la Fiscalía; sin embargo, a pesar de otorgársele, no fue publicada en su totalidad, sino que únicamente de forma parcial.
Además, señaló la coincidencia de la publicación del artículo poco tiempo después de que la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, denunciara una campaña en su contra por su proceso de ratificación.
«El medio periodístico confunde instancias locales y federales, al citar otros supuestos casos en años anteriores a la presente Administración y aludiendo a esta Fiscalía como si se tratara de la Fiscalía General de la República [FGR], cuyas facultades por Ley son de orden o fuero diferente», finalizó.
Hoy más temprano el diario estadounidense The New York Times dio a conocer que la Fiscalía de la CdMx ordenó a la empresa telefónica Telcel entregarle registros telefónicos de más de una decena de funcionarios y políticos, incluyendo a la Senadora Lily Téllez y el Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada.
El texto firmado por las y los periodistas Emiliano Rodríguez Mega, Natalie Kitroeff y Maria Abi-Habib, señala que el diario tuvo acceso a por lo menos 14 expedientes judiciales donde muestran que la Fiscalía capitalina, comandada por Ernestina Godoy Ramos, ordenó la entrega de registros telefónicos y de mensajes de texto; así como datos de localización desde 2021 hasta este año. La vigilancia, asegura el Times, involucra tanto a políticos de oposición como a aliados de Morena.
Los requerimientos de la Fiscalía de la CdMx indican que dichos datos se solicitaron debido a una supuesta conexión con investigaciones de secuestros y desapariciones; sin embargo, The New York Times afirma que la oficina de la Fiscalía dice que no cuenta con carpetas de investigación por tales delitos, a lo que añadió que «desmiente categóricamente» haber requerido información telefónica de funcionarios y políticos.
«Esta institución no espía a personajes políticos ni a ninguna persona. Por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos», aseguró.
A pesar de las declaraciones de la Fiscalía, un Juez federal comentó que efectivamente, la dependencia capitalina había solicitado a Telcel que entregara los registros.
«La valoración del Juez se incluyó en una demanda contra la Fiscalía presentada por el Alcalde de una delegación de Ciudad de México que fue nombrado en los 14 requerimientos», documenta el Times.
El diario añade que las personas nombradas en la solicitud de la Fiscalía a Telcel aseguran que la «verdadera razón» por la que se les señaló es porque son «blancos políticos: víctimas de un abuso de poder más amplio y sistémico».
«El sistema de justicia se está empleando en contra de los políticos», afirmó Santiago Taboada, a lo que agregó que no consideraba «normal» tener al Gobierno «respirándote en la nunca» luego de que expresara sus aspiraciones políticas por contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Sobre el mandatario local de Benito Juárez, el Times también precisó que el panista presentó una demanda para obligar a la Fiscalía capitalina y a Telcel para que respondieran por la acusación de vigilancia en su contra.
En el expediente vinculado a la demanda, Telcel reconoció que brindó registros telefónicos de Taboada a la dependencia de la CdMx en respuesta a 14 requerimientos vinculados a secuestros y a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima por un requerimiento. Por su parte, la Fiscalía de la capital negó haber solicitado los registros.
«En los documentos judiciales, la Fiscalía de Colima indicó que había solicitado a Telcel los registros telefónicos luego de que una persona anónima brindara su número, y el de otros usuarios, en conexión con un caso local de secuestro. Los fiscales de Colima dijeron que esa línea de investigación no había brindado nada de relevancia y que habían procedido a destruir los registros telefónicos», explicó el Times.
Además, el diario estadounidense precisó que, si bien en casos de emergencia la legislación mexicana permite que los investigadores obtengan registros telefónicos sin orden, los fiscales están obligados a obtener una orden de un Juez federal 58 horas después de hacer el acercamiento a las empresas de telecomunicaciones, un paso que la Fiscalía capitalina presuntamente no realizó.
«En los registros judiciales, los abogados de Telcel aseguraron que jamás recibieron una orden de un Juez federal para entregar los registros telefónicos solicitados», agrega el medio.
Por su parte, The New York Times se acercó con Telcel; sin embargo, la compañía no respondió a las peticiones para emitir algún comentario.
Otras personas que figuran en el artículo que presuntamente fueron objeto de la solicitud de registros son la Senadora Lily Téllez, el extitular de la Agencia Nacional de Aduanas y actual Secretario de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte; el exsenador morenista y también Jefe de Gabinete del Gobierno mexiquense, Higinio Martínez Miranda; la exsenadora Alessandra Rojo de la Vega; la Magistrada de Circuito María Dolores Igareda; y Ricardo Amezcua Galán, Consejero de la Judicatura de la Ciudad de México.
GODOY ACUSA AL PAN POR IMPEDIR SU RATIFICACIÓN TRAS INDAGATORIA DEL CÁRTEL INMOBILIARIO
Esta mañana, la Fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, acusó al Partido Acción Nacional (PAN) de estar en contra de su ratificación al frente de la institución como “venganza política” por combatir al Cártel Inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez, donde se han asegurado 60 inmuebles como parte de las investigaciones de la red de corrupción y se han detenido a exservidores públicos de la demarcación.
En un mensaje dirigido a medios de comunicación, Godoy Ramos se dijo dispuesta a aceptar el costo de no conseguir la ratificación por haber luchado contra la corrupción y romper con la impunidad del grupo político del PAN en la Benito Juárez.
“A quienes han manifestado públicamente que como venganza política no me permitirán ejercer el derecho constitucional a ratificame, imponiendo la política a la justicia, les digo: si el costo de luchar por que prevalezca la justicia y el combate a la corrupción es la no ratificación, estoy dispuesta a pagar el precio, porque mi deber es cumplir con la Ley, no negociarla, para mantener la impunidad de un grupo político corrupto”, dijo.
“Sabemos que estaban acostumbrados al privilegio de la impunidad, sólo así se explica la operación de este grupo delictivo vinculado al sector inmobiliario y político; sabemos que particularmente esta investigación ha provocado que el Partido Acción Nacional se declare en contra de mi ratificación al frente de la Fiscalía y han pretendido politizar la justicia”, acusó.
La Fiscal recordó que, en agosto de 2021, la explosión de una lavadora mal instalada en un departamento de un edificio ubicado en la Alcaldía Coyoacán dejó al descubierto una “inefable red de corrupción”, pues luego de la investigación pudieron corroborar que “diversos inmuebles de reciente construcción en la Alcaldía Benito Juárez presentaron distintos tipos de anomalías e irregularidades, tanto en su construcción como en los permisos para su habitabilidad”.
Hay funcionarios de la alcaldía Benito Juárez involucrados en la corrupción inmobiliaria, informó la fiscal Ernestina Godoy.
Sin embargo, no detalló si entre los nombres está el del alcalde con licencia Santiago Taboada. pic.twitter.com/4Cw8OZXIf3
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 9, 2023
“Iniciamos una investigación muy amplia sobre una red de corrupción y de sobornos en la Alcaldía Benito Juárez, la cual fue puesta en marcha por diversas servidoras y servidores públicos que ocuparon altos cargos en esta demarcación, quienes ofrecieron permisos de construcción a cambio de obtener ilícitamente diversas propiedades”, explicó.
“Todos ellos tenían un denominador común: la omisión de funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez a la normatividad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, sobreexplotando las capacidades de las dimensiones de cientos de inmuebles que podían soportar”, añadió.
Godoy Ramos precisó que la evidencia de las investigación demostró que “al tolerar la construcción de pisos y viviendas excedentes, hubo ganancias extra para desarrolladores inmobiliarios, quienes devolvían el favor mediante la cesión de departamentos de lujo, venta a precios de remate o a través de transacciones monetarias a prestanombres y familiares”.
Asimismo, hizo un recuento del caso, y señaló que hasta el momento se ha procesado a un exalcalde, tres exdirectores generales, dos exdirectores, un exsubdirector, una particular, un contratista, un trabajador por honorarios y a una gestora; otros cinco exservidores públicos con niveles altos y mandos medios también son investigados, así como otros dos contratistas.
“Lo que hemos puesto al descubierto es una amplia red de corrupción organizada, dirigida y ejecutada por personajes vinculados al grupo que gobierna la Alcaldía de Benito Juárez desde el año de 2015. Se trata de un patrón de abuso de poder, un uso indebido de atribuciones y facultades, que derivó en un claro enriquecimiento ilícito de quienes encabezaron esas operaciones”, afirmó.
Por su parte, el PAN se ha deslindado de las acusaciones de la Fiscal, pero señaló que el trabajo de Ernestina Godoy ha sido una “persecución”, pues no han podido probar ninguno de los delitos por los que acusan a Santiago Taboada, Alcalde con licencia de Benito Juárez, por secuestro y desaparición forzada.
“Supimos de incluso carpetas en las que lo señalan por secuestro y desaparición forzada. Y uno a uno los hemos venido poniendo al descubierto. No han probado un solo señalamiento contra el Alcalde con licencia”, respondió su equipo a través de un chat de WhatsApp.
