Es una polémica. Surgió en redes sociales la idea de que el gobierno de la CDMX está “escondiendo” o “maquillando” las cifras de homicidios dolosos. Es una crítica que llega en un momento electoral particular y que, de ser cierta, pondría en entredicho los éxitos de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum. Más grave, todavía, dejaría entrever la tentativa del gobierno capitalino de esconder cifras de homicidios. Un crimen.

La abogada Vanessa Romero Rocha y yo nos dimos a la tarea de entender y revisar la verosimilitud de las acusaciones ¿Tienen fundamento? ¿Es la reducción de la violencia un mito? Cotejamos bases de datos, revisamos todo el material público disponible y contrastamos ideas con otros expertos. A continuación, resumiré los hallazgos de nuestro análisis publicado en el blog Paz y Seguridad de la Revista Nexos.[1] Les adelanto: no hay evidencia para pensar que el gobierno de la CDMX esté escondiendo números. Podemos respirar aliviados.

Empecemos por explicar la acusación y su contexto. Como cada otoño, el INEGI reportó, a finales de octubre, el número de defunciones por cada entidad federativa para el año inmediato anterior. En este caso, 2022. A muchos sorprendió el bajo número de presuntos homicidios reportados (747) y, sobre todo, el alto número de Eventos de Intención No Determinada (EIND, 1549).

¿Qué son los EIND? Fácil. El INEGI clasifica las defunciones en dos grupos. En el primero están la inmensa mayoría de muertes en el país: aquellas cuyo origen está en enfermedades y problemas de salud. En el segundo grupo están las defunciones por “causas externas”, divididas, a su vez, en cuatro clases: presuntos homicidios, suicidios, accidentes, y EIND.

Los EIND engloban casos en los cuales los médicos no pueden afirmar con certeza si una defunción se debe a alguna de las otras tres: presunto homicidio, accidente o suicidio. En 2022, el INEGI contabilizó 1549 EIND en la CDMX o, lo que es lo mismo, el 37.7 % del total de las defunciones por causas externas en la entidad. Ningún otro estado tiene una proporción tan alta.  El promedio nacional es de 6.9%. Se trata, pues, de una anomalía que necesita explicarse. Romero Rocha y yo tenemos dos hipótesis que la explican: la primera tiene que ver con una directriz que parecen seguir los médicos de la Secretaría de Salud (SEDESA) de la CDMX desde cuando menos 2016. La otra es relativa a la falta de comunicación entre autoridades de la CDMX y el INEGI. Empiezo por la primera:

El INEGI compila sus estadísticas a partir de los certificados de defunción. En ellos, los médicos hacen constar —entre otras cosas— el tipo de defunción: por enfermedad, accidente, agresión, lesiones autoinfligidas, etc. Así, siendo lo normal que los médicos tengan acceso al cuerpo, pero carezcan de detalles sobre el contexto de la muerte, es común que no puedan determinar con absoluta seguridad si se trata de un suicidio, un homicidio o un accidente. Un ejemplo puede servir: imaginemos el cuerpo inerte de una mujer al pie de un edificio. Sin contexto alrededor, el médico, basándose solo en ese hecho, no puede determinar qué originó la muerte, si cayó por descuido, si la empujaron o si tuvo la voluntad de quitarse la vida. Los EIND son el recurso para que los médicos indiquen que no pueden llegar a una conclusión definitiva sobre lo sucedido. ¿Quién habrá de hacerlo? La autoridad judicial que, tras una investigación, determinará si aquel caso que el médico catalogó como EIND corresponde a un presunto homicidio, accidente o suicidio.

En suma, en la CDMX, los médicos, siguiendo buenas prácticas internacionales, no adelantan las conclusiones sobre las motivaciones de defunciones accidentales o violentas. Esperan a que sean las autoridades judiciales las que tengan la última palabra. Esto ha hecho crecer el número de EIND desde 2016, mucho antes del inicio de esta administración.

La segunda parte del problema deriva de un problema de comunicación y reclasificación. Nuestra hipótesis sostiene que la Fiscalía y el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) no están actualizando la reclasificación de los EIND al INEGI tras la investigación del contexto de muerte. Es decir, una vez que los investigadores de la Fiscalía y médicos forenses del INCIFO terminan la investigación de cada evento, no notifican a la SEDESA los resultados de esta. Esto hace que los números no se actualicen en los reportes del INEGI. Es un teléfono descompuesto.

Ahora bien, ¿podemos saber con certeza las causas de muerte de los casi 1500 eventos de intención no determinada de 2022? Es la tarea que tiene en puerta la mesa interinstitucional que el gobierno de la CDMX acaba de instalar esta semana y cuya función será analizar a detalle cada caso. Sus resultados deben traer la certeza y transparencia que, con razón, exigen los críticos.

Si bien no podemos afirmarlo con absoluta certeza, de nuestro análisis deriva que lo más probable es que la gran mayoría de los EIND registrados por el INEGI para 2022 sean suicidios o accidentes. ¿Cómo lo inferimos? Cotejando las bases de datos de la Fiscalía y la del INEGI. Un simple cruce de datos públicos da cuenta de un número similar de defunciones, pero catalogadas de manera distinta. Si INEGI reconoce 747 homicidios para 2022, la FGJ registró 849 para el mismo periodo, una diferencia usual y consistente con los años. Nuestro estudio publicado en Nexos lo explica con más detalle.

En resumen: no hay pruebas para sostener que haya una intención malévola de “maquillar” números de homicidios en la CDMX. Sí identificamos, en cambio, un problema de actualización y reporte de datos entre instancias del gobierno de la CDMX y el INEGI. En las próximas semanas —esperemos— podremos comprobar nuestra hipótesis cuando el gobierno de la CDMX dé a conocer los resultados de la mesa interinstitucional creada para este fin. Mientras tanto, podemos respirar tranquilos.

[1] Véase: Romero Rocha, Vanessa, y Carlos A. Pérez Ricart. “¿Esconde el gobierno de la CDMX el número de homicidios?.” nexos, noviembre 7, 2023. https://seguridad.nexos.com.mx/esconde-el-gobierno-de-la-cdmx-el-numero-de-homicidios/

Carlos A. Pérez Ricart

https://www.sinembargo.mx/author/ricart/

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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