«Creo que la intención de este censo es clara: reducir los informes de desapariciones», señaló Karla Quintana al confirmar que su renuncia fue por diferencias en el levantamiento y actualización del Censo de Personas desaparecidas en el país.
Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- Karla Quintana, excomisionada Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), confirmó que su renuncia se debió a diferencias sustanciales en cuanto a la forma y la finalidad del proceso de actualización del Censo de Personas Desaparecidas pues en dicho proceso se involucra personal de la Secretaría de Bienestar sin especialización, con falta de transparencia y, lo más grave, dijo, se está realizando con la intención de «reducir» el número de registros de personas desaparecidas.
«Es de conocimiento público que el 23 de agosto pasado presenté mi renuncia de carácter irrevocable al Presidente de la República. Esta renuncia se produjo debido a diferencias sustanciales, tanto en términos de forma como de los objetivos y finalidades de la actualización del registro de personas desaparecidas y el censo en curso», afirmó.
Durante su participación en el seminario «Las y los desaparecidos en México», organizado por el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, Comex, Quintana explicó que una de las razones de su renuncia se relaciona con la participación de la Secretaría de Bienestar, específicamente a través de los «Servidores de la Nación», en un proceso que debería ser liderado por las comisiones y fiscalías especializadas en la búsqueda de personas desaparecidas.
Detalló que esto ha estado ocurriendo durante meses, con visitas a familiares de personas desaparecidas y a otras personas que no tienen relación directa con los casos de desaparición.
El problema central, según señaló, es que esta labor está siendo realizada por una autoridad que no está legalmente habilitada como autoridad buscadora, lo que plantea interrogantes sobre su eficacia.
Además, Quintana subrayó que el propósito declarado de estas visitas es reducir el número de personas registradas como desaparecidas y eliminarlas de la lista, lo cual ella no comparte.
«Siempre se ha dicho que la búsqueda es un asunto de Estado, y nadie está en contra de la actualización del registro. El problema radica en que este proceso no está siendo liderado por las autoridades especializadas y se añade la intención de este ejercicio, que no es actualizar la información, sino reducir la cifra de personas desaparecidas en este gobierno, lo cual es muy claro», indicó la extitular de la CNBP.
Karla Quintana destacó que la Secretaría de Bienestar no está capacitada ni especializada para llevar a cabo este tipo de trabajo. Hizo hincapié en que la búsqueda de personas desaparecidas es una labor altamente especializada que requiere un enfoque preciso y coordinado, y se rige por un protocolo homologado que establece las directrices claras de cómo debe llevarse a cabo.
«No estamos en contra de que una institución apoye, pero es cierto que debe hacerlo bajo la dirección y la protección de la información de las autoridades buscadoras, lo cual no está sucediendo», abundó.
Otra preocupación planteada por Quintana se centra en la falta de transparencia y supervisión en las visitas realizadas por la Secretaría de Bienestar. Nadie sabe con exactitud quién está llevando a cabo estos procesos, quién toma decisiones sobre a quién visitar y a quién no, y qué criterios se utilizan para determinar estas acciones. Quintana reiteró que lamentablemente la intención detrás de este proceso de actualización del registro parece ser más política que humanitaria.
«No deberíamos estar preocupados por si hay una persona más o una persona menos en el registro, sino por la existencia de personas desaparecidas en este país en medio de una crisis de desapariciones», expresó.
Foto: Graciela López, Cuartoscuro
En relación a la intención de reducir la cifra de personas desaparecidas, particularmente en el contexto del Gobierno en turno, mencionó que existe un intento de reducir estas cifras específicamente en las 23 entidades federativas gobernadas por el partido Morena.
«Creo que la intención de este censo es clara: reducir los informes de desapariciones, principalmente durante este sexenio», señaló Quintana.
Quintana resaltó que si la actualización no se realiza con cuidado y dentro del marco legal, «existe el riesgo de eliminar del registro a personas que aún siguen desaparecidas, basándose únicamente en indicios de localización».
«Hay muchos riesgos; podría darse de baja a personas con nombres similares con el fin de reducir las cifras, o podría darse la instrucción de eliminar los registros de aquellos que no tengan un segundo apellido en su inscripción, lo que resultaría en una clara intención y estaría dirigida a ciertas entidades federales», explicó.
El pasado 23 de agosto, la entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, presentó su renuncia “inmediata e irrevocable” al cargo a través de una carta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según el documento publicado en la red social X —antes Twitter—, la excomisionada tomó la decisión de separarse del puesto “en virtud de los contextos actuales”, sin dar más detalles al respecto, y especificó que tiene “carácter de irrevocable y con efectos inmediatos” al final de ese día.
Una nota publicada por Proceso señalaba que la renuncia de Karla Quintana Osuna a la Comisión Nacional de Búsqueda se debía a diferencias sobre el censo para verificar personas desaparecidas en México. De acuerdo con el texto firmado por Gloria Leticia Díaz, Karla Quintana habría sido relegada del proceso, participando la Secretaría del Bienestar.
Además, destacaba que la operación del censo bajo Ariadna Montiel y presuntas presiones de Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos, influyeron en la renuncia de Quintana, quien habría rechazado eliminar casos no confirmados para reducir cifras.
La renuncia de Karla Quintana generó una fuerte incertidumbre de los colectivos, la cual, se agravó debido a la falta de claridad sobre las razones detrás de la renuncia. En diversos medios se señaló que la razón podría estar relacionada con problemas en el censo que se estaba llevando a cabo para la base de datos de personas desaparecidas. Situación que confirmó hoy la excomisionada.
Uno de los puntos de preocupación de los colectivos radica en los problemas relacionados con el censo que está siendo levantado para la base de datos de personas desaparecidas, en los cuales, los mismos colectivos y organizaciones de derechos humanos han puesto en duda.
La organización Fundar aseguró que el censo que se está realizando para dimensionar las personas desaparecidas del país, no está sustentado en una metodología clara y sigue trasladando la responsabilidad a las familias, quienes deben notificar a las autoridades la información que obtienen sobre el paradero de las personas desaparecidas, tarea que, en muchos casos, ha sido revictimizante.
Por su parte, el 3 de agosto la organización Movimiento por Nuestros Desaparecidos México (MNDM) manifestó su inconformidad por el censo que el Gobierno federal debido a que consideran que existen diversas irregularidades con la intención de minimizar las cifras de desaparecidos y que, incluso, se está presentando revictimización.
A través de un comunicado, el MNDM externó en días su descontento hacia el método utilizado para levantar el censo, debido a que presuntamente habría opacidad en el mismo ya que el personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) que lleva a cabo el registro de personas localizadas estarían utilizando como fuente de información el patrón que se usó para la vacunación contra la COVID-19.
“Los colectivos que conformamos el Movimiento por Nuestros Desaparecidos México (MNDM) manifestamos preocupación ante la noticia donde la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha estado utilizando el registro de vacunación COVID-19, como fuente de información para confirmar casos de supuestas localizaciones. Nos preocupa que esta acción pueda centrarse en minimizar las cifras de las personas desaparecidas en un contexto de cierre de gobierno”, indicó la organización en su comunicado.
El MNDM enfatizó que la estrategia implementada en este nuevo censo “parece estar diseñada para confirmar sólo aquellos casos en los que se presume localización con la intención de disminuir la cifra de personas desaparecidas del mismo Registro”, por lo que, incluso, refirieron que desde el pasado mes de abril han notado “movimientos irregulares en la cifra de personas desaparecidas y no localizadas”.
El viernes 24 de agosto, el entonces subsecretario Alejandro Encinas, quien habría guardado silencio casi por dos días tras la dimisión de Quintana, negó las afirmaciones de que se hayan ejercido presiones para reducir el censo de personas desaparecidas en México.
“Niego categóricamente cualquier presión para llevar a cabo actos ilegales o que busquen ocultar un fenómeno tan grave y sensible para el país como la desaparición de personas. Por el contrario, he enfocado mi gestión en visibilizar y atender la problemática”, señaló.
El propósito del censo, dijo, no es realizar un “maquillaje” de los registros de desaparecidos sino coordinar acciones de búsqueda en vida basadas en pruebas suficientes para presumir la localización con vida de las personas. Según Encinas, los registros no se borran; simplemente cambian de estatus de “desaparecido o no localizado” a “localizado” cuando se confirma una prueba de vida, siguiendo los protocolos de búsqueda acordados.
Sobre la colaboración de la Secretaría de Bienestar, Encinas explicó que ésta se lleva a cabo en virtud de un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda. Afirmó que el papel de la Secretaría es auxiliar a las fiscalías y comisiones de búsqueda locales y nacionales para fortalecer las capacidades estatales en la búsqueda de personas desaparecidas. Contrarrestando las acusaciones de marginación, Encinas afirmó que la CNB ha estado involucrada en el proceso en todo momento.
El 31 de julio pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en tres meses estaría listo el censo de personas desaparecidas en el país con el número actualizado, del que, señaló, es menor al registro actual, lo cual, argumentó, que al ir “casa por casa” han corroborado que algunas personas sí están con sus familiares.
“En unos tres meses [estará listo], ya llevamos tiempo avanzando en esto, lo estamos haciendo porque nos ayuda mucho a saber cómo vamos, antes no había un programa de estos, en los gobiernos anteriores, ahora estamos en la búsqueda de desaparecidos”, dijo.
En el mismo mes de julio, un trabajo periodístico elaborado por A dónde van los desaparecidos reveló que familiares de personas desaparecidas han recibido notificaciones inesperadas sobre el supuesto registro de sus seres queridos como vacunados contra el coronavirus durante la pandemia. Uno de los testimonios mencionados en el reportaje es el de María Elena, madre de Miguel Armando Mata Villa, quien desapareció en Reynosa, Tamaulipas, en febrero de 2012.
De acuerdo con el reportaje, cuando funcionarios de la comisión estatal de Durango acudieron a su casa para preguntar sobre el paradero de su hijo, llevaron consigo una lista de personas desaparecidas que aparecían como vacunadas contra el COVID-19.
El error no se limita a un solo estado, ya que otras listas similares han sido enviadas a organismos de búsqueda y fiscalías en Coahuila, Durango, Guerrero y la Ciudad de México, de acuerdo con el reportaje.
Ante la gravedad del caso, los comisionados de búsqueda de Coahuila y Durango, Ricardo Martínez y Carlos Burciaga, respectivamente, junto con Samuel Ocampo, director de relaciones interinstitucionales de la CNB, sostuvieron una reunión telefónica en la que reconocieron que se trató de un lamentable error y propusieron depurar la lista, que aparentemente se cruzó con otras bases de datos previamente.
