José Gil Caro Quintero, jefe del cártel de Caborca y sobrino del capo Rafael Caro Quintero, fue aprehendido en Tulum, Quintana Roo, el pasado 12 de octubre pero horas después los agentes ministeriales lo dejaron en libertad. Las fuentes consultadas señalan que el narcotraficante ofreció un soborno de quince millones de pesos para recobrar su libertad. Su captura se había efectuado cuando comía en un restaurante de mariscos en compañía de una mujer que, hasta ahora, no ha sido identificada. Conocido en el mundo del hampa como “El Pelo Chino” y/o “Don José”, Caro Quintero controla el tráfico de drogas en Sonora, Veracruz y buena parte del sureste del país; otro de sus feudos es el estado de Quintana Roo, donde trafica drogas mediante narcovuelos que provienen de Colombia y otros países del Cono Sur. El capo tiene un alto perfil criminal: es considerado sanguinario y posee gran capacidad para corromper autoridades.

El cártel de Caborca expande sus redes y tentáculos hacia el sureste del país y ya controla la plaza de Quintana Roo, una de las más boyantes para el tráfico de drogas proveniente de Centro y Sudamérica. La entidad es gobernada por la morenista Mara Lezama, quien fue investigada por presuntas actividades de lavado de dinero y enriquecimiento inexplicable cuando fungió como alcaldesa de Cancún.

El jefe de esta organización criminal, José Gil Caro Quintero, opera desde Veracruz y El Caribe mexicano con protección oficial. El pasado 12 de octubre el capo, quien es conocido como “El Pelo Chino” y/o “Don José”, paseaba por Quintana Roo y en Tulum fue aprehendido por agentes ministeriales cuando comía en un restaurante de mariscos acompañado de una mujer hasta ahora no identificada.

Los policías entregaron al sobrino de Rafael Caro Quintero a otro grupos de agentes, según algunas versiones, quienes dejaron ir al jefe del cártel de Caborca.  Otra versión extraoficial, hasta ahora no desmentida ni aclarada, indicaba que el soborno que entregó José Gil Caro Quintero fue de unos quince millones de pesos. La Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades de Quintana Roo ya investigan este hecho, según dijeron, pero hasta ahora nada se sabe del narcotraficante ni de los policías.

El jefe del cártel de Caborca es el presunto responsable de la mayoría de los narcovuelos que arriban a Quintana Roo cargados con cocaína y precursores químicos para elaborar drogas sintéticas. El Caribe mexicano es una de las zonas más socorridas por el crimen organizado, pues tanto autoridades como empresarios estarían ligados a este negocio.

En Veracruz tiene varios refugios y se afirma que tiene protección de las autoridades locales; el llamado “Pelo Chino” ocupó el lugar que ocupaba en ese estado Albino Quintero Meraz, cabecilla del cártel de Juárez, quien operaba al lado de Alcides Ramón Magaña, “El Metro”. Este último fue el principal enlace de ese grupo criminal que sirvió para involucrar en presuntas actividades de lavado de dinero y tráfico de drogas al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, según establecen las investigaciones que realizó la extinta Procuraduría General de la República a finales de los años noventa del siglo pasado.

José Gil Caro Quintero tiene refugios en Veracruz; se afirma que uno de sus presuntos protectores es el exsecretario General de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros, aspirante a la gubernatura de ese estado.

También tiene su feudo en el estado de Sonora, asiento del llamado cártel de Caborca, fundado por su tío, Rafael Caro Quintero, tras haber puesto en libertad en el año 2013. Esa entidad, gobernada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) desde hace dos años, está convertida en un campo de batalla donde al menos cuatro cárteles ajustan sus cuentas dejando como saldo cientos de muertos y un baño que sangre que ya es causa de terror en toda la entidad.

Tal situación, incontrolable hasta ahora, puso en evidencia la ineficacia del gobernador Arturo Durazo Montaño, exsecretario de Seguridad Pública Ciudadana, quien no ha podido frenar la ola de violencia que azota al estado más rico en litio y otros minerales de alto valor que también desatan la ambición de los grupos criminales.

Y es que en Sonora los cárteles de Sinaloa y el de Caborca llevan más de un año de enfrentamiento en ese territorio; se disputan el control de los recursos naturales, el mercado de consumo de drogas y las rutas de trasiego hacia Estados Unidos. El gobierno estatal simplemente no mete las manos ante la guerra de ambos grupos de la delincuencia.

Para colmo, a la disputa por el control del negocio ya se sumaron los cárteles de Jalisco y “Los Chapitos” y redes relacionadas con Ismael “El Mayo Zambada –el capo más viejo del narcotráfico mexicano –por el dominio del territorio y la carrera por la apertura de narcolaboratorios para producir drogas sintéticas, entre otras ferntanilo, que ha desatado una fiebre de consumo en Estados Unidos, así como más de cien mil muertes por sobredosis.

Sonora bajo el dominio de “El Pelo Chino”

A casi dos años de haber asumido la gubernatura, Alfonso Durazo enfrenta la peor crisis de inseguridad en la historia de Sonora: la entidad está sacudida por una oleada de matanzas, secuestros, levantones y desapariciones forzadas, perpetradas por los grupos criminales que se disputan a sangre y fuego el control del territorio, uno de los más codiciados por la mafia.

En la entidad que gobierna el exsecretario de Seguridad Pública Ciudadana y exsecretario particular de Luis Donaldo Colosio –el fallido candidato presidencial asesinado en 1994 en Lomas Taurinas, Baja California, hace 29 años –la disputa se centra entre el cártel de Sinaloa, El cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Caborca, éste último era comandado por Rafael Caro Quintero y ahora su jefe es Gil Caro Quintero, uno de sus sobrinos.

Sonora es un estado clave para el tráfico de enervantes hacia Estados Unidos, de acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional:   está muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Según informes de la DEA, la agencia antidrogas norteamericana, desde esa entidad los grupos criminales envían a territorio estadunidense decenas de toneladas de drogas sintéticas, entre otras, fentanilo, la sustancia de moda en Estados Unidos por su bajo costo y alto efecto adictivo.

Pero esta narcodinámica no está ajena a la violencia, pues el estado no tiene paz y en cualquier momento las balaceras y ejecuciones se desatan como consecuencia de la disputa territorial y el amplio mercado de drogas. También detona violencia la guerra por el control de recursos naturales, entre otros el litio, de gran demanda en Estados Unidos para la industria electrónica, en especial, para los automóviles eléctricos.

Tanto de día como de noche las balaceras, levantones, ejecuciones y enfrentamientos se multiplican por todas partes y en distintos municipios de la entidad. Es tanta la inseguridad en Sonora que hasta el propio gobernador Durazo Montaño fue víctima de la criminalidad: su teléfono celular fue hackeado cuando apenas llevaba dos meses en el cargo: le sacaron información y habrían usado sus cuentas en redes sociales para cometer fraudes, una nueva modalidad del crimen organizado.

Durazo Montaño recibió un estado plagado por el crimen organizado, pero durante los dos años que lleva como gobernador el problema se ha recrudecido.  En San Luis Río Colorado, una de las zonas más socorridas por los criminales, existe una disputa territorial entre un capo apodado “El Ruso” y los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, que mantienen férreos controles en la plaza.

La presencia de Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán, los vástagos de “El Chapo” conocidos como “ Los Chapitos”, no ha evitado la violencia en Sonora, por el contrario, ésta se ha agudizado desde septiembre del 2021, cuando Alfonso Durazo, presuntamente investigado por la DEA por sus presuntos nexos con el narco, tomó posesión como gobernador de esa entidad. Respecto de la indagación de la DEA, Durazo negó ser investigado por la agencia estadunidense, pues aseguró que no tiene ningún nexo con grupos criminales.

Después de algunos meses de tregua, obligada por la pandemia del coronavirus, la delincuencia organizada se ha reactivado y los grupos que antes eran aliados ahora se enfrentan por el control territorial, el tráfico de drogas y los negocios paralelos que ha desarrollado la delincuencia organizada.

La violencia que ha venido escalando en las semanas recientes tanto en San Luis Río Colorado, Sonora, como en la zona del Valle de Mexicali –corredor de la droga controlado por el cártel de Sinaloa –, a decir de autoridades federales y fuentes consultadas obedece a la disputa por el control de la venta y tráfico de drogas. Esta guerra ha incendiado toda la zona noroeste del país.

Los asesinatos en esta región forman parte de este historial de violentos reacomodos. Por ejemplo, a finales de octubre de 2021, fue asesinado en San Luis Río Colorado el exagente de la Policía Ministerial, Orlando Méndez.

No fue todo: el pasado 17 de octubre de ese mismo año fueron asesinados, en la carretera Mexicali-San Luis Río Colorado, Everardo Cota y Fernando Márquez Tamayo, hermano mayor del expolicía,  Marco Polo Tamayo, asesinado el 1 de mayo de este año junto con su hijo de tres años en un fraccionamiento de la ciudad de Mexicali. Este hecho fue el inicio de una guerra de largo alcance hasta ahora imparable tanto por autoridades locales como federales.

Los Salazar, otro cártel poderoso

La disputa por la plaza en San Luis Río Colorado inició desde que una célula criminal identificada por las autoridades como el grupo de “Los Salazar” –originarios de Navojoa, Sonora y vinculados al cártel de Sinaloa –se afincó y extendió sus tentáculos hacia San Luis hace poco más de tres años.

Debido a desacuerdos con los narcos locales, encabezados por los hermanos Lara, conocidos en el mundo del hampa como “Los Cuates”, comenzaron los ajustes de cuentas entre los distintos bancos criminales:

Los Salazar, vinculados con el capo Adán Salazar –el jefe del clan –mataron a un miembro del grupo “Los Cuates”, el 2 de mayo de 2019. Mientras era velado en una funeraria ubicada en la calle 17 de San Luis Río Colorado pretendieron abatir a su hermano, aunque otro grupo repelió la agresión. No lo consiguieron.

En ese enfrentamiento la policía detuvo a cuatro pistoleros, dos por cada bando, los cuales fallecieron. Debido al fuego cruzado, los hermanos de Santa Clara, quienes habían llegado a expresar sus condolencias, fueron acribillados.

Las disputas continuaron sin que autoridad alguna pusiera orden en el territorio. El propio gobierno estatal se vio rebasado por la violencia criminal. Fue el 15 de diciembre de 2019, tras recibir un reporte de la presencia de personas armadas, que policías municipales de San Luis Río, Colorado, abatieron a “El Charal”, quien era buscado por autoridades de Sonora y Baja California-

Al momento de su muerte, las autoridades le atribuían a “El Charal” y a su grupo de sicarios unos 21 crímenes, entre ellos el del policía Ignacio Villagómez, en abril de 2019, luego de una infracción automovilística ocurrida en Ciudad Morelos, en Mexicali.

Además, los oficiales David Ramírez, Raúl Ramírez y Ricardo Castro fueron acribillados mientras estaban en un restaurante de comida china, en San Luis Río Colorado.

Los sonorenses, con la anuencia de los hijos de “El Chapo”, continuaron la cacería de sus enemigos, entre ellos, el expolicía Polo Márquez Tamayo, asesinado recientemente como consecuencia de un ajuste de cuentas.

De acuerdo con las estadísticas, Sonora enfrenta actualmente niveles de violencia que no se vivían desde el año 2006. La tasa estatal de homicidios es de 54.18 por cada cien mil habitantes. La media nacional llegó a 30.08.

La violencia se recrudeció tras el asesinato de Édgar Alonso Villegas Sarazín, “El H”, identificado por las autoridades estatales y federales como jefe de sicarios del cártel de Los Salazar.

Además, en la zona conocida como Valle del Yaqui fueron asesinados, el pasado 27 de octubre de 2021 tres personas durante un enfrentamiento entre presuntos grupos criminales.

Lo extraño de todo, es que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, a pesar de haber sido secretario de Seguridad Pública Federal, ahora como mandatario parece tener las manos atadas ante el crimen: la violencia continúa, imparable, pero nada se hace ni por parte de las autoridades estatales ni federales.

Luego del escándalo desatado por la captura y liberación del general Salvador Cienfuegos, en octubre de 2020, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) volvió a la carga: Notificó al gobierno mexicano que estaba investigando por presuntos nexos criminales al exsecretario de Seguridad Pública y actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

Las investigaciones se habrían iniciado desde que Durazo era candidato a la gubernatura. Pero hasta ahora la DEA no ha informado nada al respecto. Tampoco la FGR ha hecho público que exista una investigación vigente.

El exfuncionario federal negó ser investigado, como lo sostuvo la DEA. Después de las controversias y polémicas que causó el caso del general Cienfuegos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa de ley al Congreso para reformar la Ley de Seguridad Nacional. El objetivo de la reforma fue limitar la actuación de la DEA en México.

Ahora los agentes estadunidenses que operan en el territorio deberán informar al gobierno mexicano sobre todas sus investigaciones; además, para portar armas tendrán que solicitar el permiso correspondiente a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Así, ajustados a este nuevo marco legal, la DEA le informó al gobierno federal que tiene un expediente abierto contra Alfonso Durazo, quien durante los dos primeros años del actual gobierno se desempeñó como secretario de Seguridad Pública. En ese lapso de tiempo se vio envuelto en asuntos escabrosos: la liberación de Ovidio Guzmán luego de ser capturado en la ciudad de Culiacán y un señalamiento público a través de un video en el que se le califica como una pieza del cártel de Jalisco Nueva Generación. En este último caso, el presidente López Obrador descalificó la información.

La investigación de la DEA no es la primera que se endereza contra Durazo Montaño. En el año 2005, cuando se desempeñaba como secretario particular de Vicente Fox, fue investigado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por la infiltración del narcotráfico en Los Pinos través de un viejo conocido de Durazo –Nahúm Acosta Lugo –quien fungía como jefe de área en la oficina presidencial.

De acuerdo con la investigación, Acosta Lugo recibió un soborno de cien mil dólares por pasar información a la organización Beltrán Leyva sobre la agenda del presidente.

Por ese hecho, revelado en un audio donde presuntamente hablaba Arturo Beltrán y Nahúm Acosta la PGR abrió un expediente y solicitó la comparecencia de Alfonso Durazo, Manuel Espino y Enrique Ruiz Sánchez, éste último era el coordinador de giras presidenciales y jefe directo de Acosta Lugo.

En aquel entonces la DEA le solicitó a la PGR intervenir todos los teléfonos de la residencia oficial de Los Pinos. El tema fue tratado entre José Luis Santiago Vasconcelos –entonces era el subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) –y el procurador Rafael Macedo de la Concha. La decisión fue no intervenir las comunicaciones de la casa presidencial.

Nahúm Acosta fue separado del cargo tras ser sujeto de investigación por presuntos nexos con el crimen. Luego apareció como jefe de prensa del ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora.

Después de su fallido desempeño como secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo se convirtió en el candidato de MORENA al gobierno de Sonora, su tierra natal.

Formado a la sombra de su paisano Luis Donaldo Colosio –asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana, en 1993 –Durazo se quedó huérfano políticamente en 1994. Ocho años después de ese suceso se incorporó a la administración de Vicente Fox, donde se desempeñó como secretario particular. Después fue su vocero. Su paso fue polémico, pues con frecuencia sostuvo diferencias con la esposa del entonces mandatario, Martha Sahagún.

Cuando Durazo fue ungido candidato de MORENA al gobierno de Sonora, la entidad ya era un territorio plagado de criminalidad desde hacía tiempo. La plaza estaba dominada por el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. Con este último grupo criminal lo relaciona la DEA. Ambos cárteles se disputan la plaza a sangre y fuego.

En el estado de Sonora la crisis de seguridad pública es aguda. Este territorio del norte de México es, desde hace varios años, un campo de batalla de los grupos criminales que, a sangre y fuego, se pelean el control del tráfico de drogas, ya que la entidad colinda con el estado de Arizona, clave para el tráfico de enervantes.

El clímax del descontrol criminal alcanzó el máximo de su descomposición en 2019 cuando en la zona serrana ubicada entre los límites de Chihuahua un grupo armado asesinó a tres mujeres y seis niños de la familia Lebarón, lo que desató uno de los escándalos más fuertes, pues este tipo de ejecuciones confirmó que Sonora y buena parte del norte del país ya estaba fuera de control.

El multihomicidio se le atribuyó a grupos del crimen organizado, pero hasta ahora no se conocen las verdaderas razones de la masacre.

En los primeros nueve meses de 2019, el estado de Sonora registró una cifra escandalosa de crímenes: 761 en total, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La cuarta parte de los asesinatos ocurrieron en la ciudad de Hermosillo, la capital del estado. En 489 asesinatos las autoridades detectaron que hubo uso de arma de fuego de alto poder, signo inequívoco de la fuerte presencia del narcotráfico.

Debido al recrudecimiento de la violencia –consecuencia de la intensa disputa territorial por parte de los cárteles –la entonces gobernadora Claudia Pavlovich, emanada de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y quien llegó al poder en septiembre de 2015 –solicitó ayuda al gobierno federal para frenar la violencia.

En aquel momento, la lucha entre los cárteles se centró por el control de municipios de una intensa narcodinámica: Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Ciudad Obregón y Yécora.

Sin embargo, pese al envío de más de mil elementos tanto de la policía como de efectivos militares, la violencia en el estado se recrudeció.

Y es que para el narcotráfico, el estado de Sonora es un territorio atractivo debido a su situación geográfica: forma parte del llamado “Triángulo Dorado” que confirman los estados de Durango, Sonora y Chihuahua; además, la tierra natal de Luis Donaldo Colosio –candidato del PRI a la presidencia de la República en 1994 y asesinado ese mismo año en Lomas Taurinas, Baja California –colinda con el estado de Arizona, en la Unión Americana, clave para el tráfico de drogas. Esta ubicación privilegiada ha hecho de Sonora un territorio de nadie.

La Guerra criminal

De acuerdo con un informe de la Fiscalía General de la República (FGR) que abarca desde el año 2000 hasta el 2018, las autoridades federales han asegurado un total de 104 narco-túneles a lo largo de la frontera con Estados Unidos, de los cuales 56 fueron localizados en el estado de Sonora.

Según el informe, la plaza se la disputan los cárteles de Sinaloa, encabezado por Ismael “El Mayo Zambada; “Los Chapitos”, “Los Salazar”, el cártel de Jalisco Nueva Generación, así como algunos ramajes de la organización Beltrán Leyva, encabezados por “El Chapo” Isidro Meza, uno de los más violentos y sanguinarios de esa región. La DEA también señala al cártel de Caborca, encabezado por Rafael Caro Quintero, quien mueve el tráfico de drogas a través de avionetas que aterrizan en la Península de Yucatán y la zona de Quintana Roo.

Según su historial criminal, Meza Flores era aliado del cártel de Sinaloa, pero tras las fuertes disputas internas, se pasó al grupo de los hermanos Beltrán Leyva. Por ello, se ha propuesto no dejar el estado de Sonora a los hijos de Joaquín Guzmán Loera –Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán –lo que ha derivado en un incremento de la violencia en el sur del estado, colindante con Sinaloa, principalmente en la población de Cajeme, donde los crímenes han alcanzado niveles históricos.

No es todo: Desde hace varios meses se ha desatado una guerra abierta entre “La Línea” –brazo armado del cártel de Juárez –que opera en Chihuahua y los cárteles de la droga que operan en Sonora, principalmente en la región serrana.

De acuerdo con las últimas estadísticas del Semáforo Delictivo Sonora, en abril de 2021 los municipios con más muertos fueron Empalme, Guaymas, Magdalena, Nogales y Hermosillo.

La situación también se ha complicado en otras demarcaciones como Agua Prieta, Navojoa, Guaymas y Empalme, poblaciones pequeñas con menos de 200 mil habitantes y que colindan con Sinaloa, territorio controlado por el cártel del mismo nombre.

La violencia ha alcanzado a personajes de la política. Un caso escandaloso ocurrió en octubre de 2019 cuando grupos del crimen organizado balearon el domicilio de la presidenta municipal de Guaymas –Sara Valle Dessens –. En ese municipio fueron acribillados once policías en el mismo año.

Tras el ataque, Sara Valle solicitó protección personal por parte de elementos de la Marina. De acuerdo con la dependencia, no se descarta que en algún momento la edil pueda vivir en alguna unidad habitacional resguardada por marinos ante la atroz violencia que enfrenta el estado.

La exalcaldesa de Guaymas milita en MORENA, el partido en el poder. En junio de 2021 ella advirtió a la población que evitarían espacios públicos y de esparcimiento ante los fuertes enfrentamientos que se han registrado en el municipio. La autoridad simplemente está rebasada.

Y es que las amenazas del narcotráfico no sólo afectaron a los alcaldes sonorenses sino que alcanzaron, en su momento, incluso a la propia Claudia Povlovich cuando era gobernadora del estado: En agosto de 2019, por ejemplo, en las calles de la ciudad de Hermosillo el crimen organizado colgó una “narcomanta”. Los autores fueron los miembros del cártel “Pura Gente Nueva”, encabezado por “Los Salazar”.

La amenaza a la mandataria fue directa. También arrasaron con su familia. Le recriminaron que no había cumplido con los acuerdos. Al finalizar el mensaje cierra con una amenaza: “Los compromisos se pagan con sangre”.

Y, así, Sonora sigue envuelta en una oleada de muerte y tragedia.

Con números negativos, ineficaz en su función de secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo se lanzó como candidato a la gubernatura en medio del estruendo por la violencia que no pudo frenar y de una investigación, por parte de la DEA, de la cual ya le notificaron al gobierno federal.

Amigo de Luis Donaldo Colosio, exsecretario del presidente Vicente Fox, Alfonso Durazo carga a cuestas el cuestionamiento de haber liberado a Ovidio Guzmán en octubre de 2019, después de que un grupo de militares y policías lo detuvieron para extraditarlo a Estados Unidos, donde se le acusa de tráfico de drogas.

Después de aquel evento –el gobierno de la Cuarta Transformación no quedó bien parado debido a las sospechas que se desataron –Alfonso Durazo ofreció que Ovidio Guzmán sería capturado en otro momento. Sin embargo, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, no fue molestado durante cuatro años a pesar de que tenía vigente la orden de captura internacional por parte del gobierno de Estados Unidos que se ejecutó hace dos meses.

Ovidio Guzmán se paseaba impune por todo el estado de Sinaloa, asistía a fiestas y ninguna autoridad lo molestaba.

Antes de dejar la SSPC,  Durazo Montaño aseguró que en México ya no había crimen organizado y que los estados están libres de ese problema. Una mirada al estado de Sonora –su terruño –basta para entender que el actual mandatario sonorense mintió.

Con seis cárteles en disputa, Durazo no tiene más alternativa que gobernar con el crimen: El pasado 20 de marzo, el municipio de Caborca vivió una pesadilla cuando grupos armados, presuntamente de Sinaloa y del cártel de Caborca, se enfrentaron dejando un saldo de siete personas masacradas.

Ante la ola de violencia, el alcalde de esa demarcación –Abraham David Mier Nogales — anunció la suspensión de las actividades por el 166 aniversario de la Gesta Heroica del 6 de abril. Las autoridades aseguraron once armas de distintos calibres, diez vehículos y sólo dos personas fueron detenidas.

Así la realidad de Sonora.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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