En 2018, muchos celebramos el triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el comienzo del gobierno que él y sus aliados más cercanos llamarían “La Cuarta Transformación” (4T). Continuamos celebrando ese triunfo (¿?) y el inicio de una plataforma que, en papel y en el discurso público, distaban mucho del proyecto que algunos denominan “neoliberal”. Dicho proyecto fue diseñado y operado por una élite política y económica que exaltó al mercado y redujo al Estado; ensanchó la brecha entre ricos y pobres; creó instituciones ad hoc para un grupo privilegiado al amparo del slogan de la “transición democrática”; benefició al gran capital en todo momento, y posteriormente enfrascó a México en una “guerra contra las drogas” que derivó—en gran parte a través de la militarización de la seguridad pública—en cientos de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos.

Los saldos de esas administraciones aliadas básicamente al gran capital nacional y transnacional, así como a actores extranjeros (organizaciones filantrocapitalistas y gobiernos de países desarrollados, especialmente Estados Unidos), fueron sumamente negativos para México. La llegada de AMLO a la presidencia y el inicio de su “Proyecto de Nación” prometían demasiado y representaron una gran esperanza para el pueblo mexicano, después de décadas de abandono por parte de una élite que se concentró en enriquecerse y en vender descaradamente al país y sus recursos naturales. El discurso del ahora presidente parecía certero y honesto. Además, desnudó toda una serie de corruptelas y trapacerías de un grupo político y económico (apoyado por intelectuales y medios masivos de comunicación) que se había beneficiado a costa de las mayorías y vendía, al mejor postor, los recursos estratégicos de México. No es entonces incomprensible, que durante todo este gobierno, dicho grupo haya lamentado—de forma pueril y mezquina—su pérdida de privilegios.

El gobierno de la auto-proclamada Cuarta Transformación exhibió a los corruptos y a algunos “empresarios” que se beneficiaron de las privatizaciones a finales del siglo pasado y de no pagar impuestos. Los primeros años de este sexenio fueron una etapa de gloria para una nueva clase política que exhibía malversaciones de fondos y privilegios para un pequeño grupo envuelto en el escándalo. Con el lema de “no somos iguales”, los partidarios de la 4T—representados electoralmente por el partido Morena (fundado por el ahora presidente)—denunciaron a la élite corrupta de la tecnocracia “neoliberal” y comenzaron investigaciones judiciales importantes, demostrando la podredumbre de lo que fueran las administraciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).

Al principio del sexenio era fácil distanciarse del caso Ayotzinapa, de la “guerra contra las drogas” de Calderón, de las desapariciones forzadas que vincularon a la policía federal y a las fuerzas armadas de México, de los escandalosos casos de corrupción de antaño (como aquel de Emilio Lozoya Austin en Petróleos Mexicanos), así como de los vínculos de Genaro García Luna con la delincuencia organizada. Ayudaba mucho el enorme carisma del presidente, su discurso de “primero los pobres” y el hartazgo de un pueblo masacrado por la violencia, hastiado por las corruptelas de Peña Nieto y esperanzado en lo que prometían los denominados programas del bienestar.

Precisamente ahora, casi al comienzo del sexto y último año de gobierno, vale la pena hacer un balance de los logros y fracasos de la 4T. Por supuesto que hay cosas que celebrar, como el desplazamiento de parte de una clase política rancia que privilegió al gran capital y casi termina vendiendo al país completo. Pero, ¿es verdad que se fueron estos personajes? ¿es la nueva clase gobernante mejor o distinta que la anterior? ¿son distintos los y las que nos gobiernan hoy y aspiran a seguirnos gobernando? En mi entorno, ya pocos creen en el lema de “no somos iguales”; cinco años de gobierno han sido suficientes para responder de forma cuasi-certera a estas preguntas cruciales.

En realidad, algunas características de la nueva clase política no parecen distar mucho de aquellas de la élite que gobernó el país en años/décadas anteriores. Un análisis a detalle de este argumento requeriría de mucho espacio, pero vale la pena hacer una breve mención de algunos puntos clave. En lo que se refiere al militarismo y a la dependencia de México de los grandes capitales y Estados Unidos se mantiene, de muchas maneras, una situación muy parecida y poco favorable. El sello de la 4T es, sin lugar a dudas, la militarización. En esta área se avanza a pasos agigantados y, sin grandes logros en el tema de la seguridad, se afianza un modelo en el cual las fuerzas armadas sostienen un papel protagónico—con todos los riesgos que esto implica en términos de verticalidad del poder, así como de potencial represión y pérdida de libertades en tiempos de crisis. Sorprende que un gobierno que se dice de izquierda haya elegido esta ruta.

Por otro lado, la nueva élite política resultó ser muy similar a aquella del pasado reciente. El pragmatismo del partido en el poder al involucrar en su proyecto político a cuestionados personajes y liderazgos de antaño imprimen más de lo mismo en lo que prometía ser un partido-movimiento de carácter revolucionario. Los escándalos de corrupción, la superficialidad y ausencia de austeridad de algunos cuadros (incluyendo gobernadores; revisar casos de Baja California y Colima, por citar dos claros ejemplos), el influyentismo y supuestos vínculos de algunos actores relacionados con el oficialismo a la delincuencia organizada, no han sido menores en la presente administración.

Destaca, por ejemplo, el caso de los 27 mil millones de pesos en adjudicaciones de Pemex a empresario y operador de Adán Augusto López Hernández (quien se dice “hermano del presidente”). Este personaje (Daniel Flores Nava, q.e.p.d.) ganó 13,000 por ciento más que en el sexenio anterior (https://www.animalpolitico.com/politica/pemex-contratos-millonarios-operador-adan-augusto) y murió a finales del pasado mes de julio, cuando se desplomó el avión en el que se dirigía a Veracruz (https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/07/29/daniel-flores-nava-el-colaborador-de-adan-augusto-que-fallecio-en-desplome-de-avioneta/).

También relacionado con el exsecretario de gobernación y exgobernador de Tabasco, llama la atención el caso de Fernando Padilla Farfán, quien fuera también su operador político. Cabe destacar que este personaje, según reporta el portal Emeequis, ha ganado cerca de 1,600 millones de pesos “en contratos con SCT, así como de gobiernos estatales morenistas, tales como la propia gestión de López Hernández en Tabasco; el gobierno de Rutilio Escandón en Chiapas, y el de Mara Lezama en Quintana Roo” (https://www.m-x.com.mx/investigaciones/sueltan-1600-millones-a-operador-de-adan-y-mecenas-de-armenta-en-puebla).

En temas menos escandalosos quizás, pero no menores, destaca el aparente gasto excesivo en publicidad y movilización (algunos le llaman “acarreo”) de quien fuera Jefa de Gobierno de la Ciudad de México—ahora Coordinadora de Defensa de la Transformación—y sus preferencias por un personaje cuestionadísimo ante la opinión pública, Omar García Harfuch. Los mítines de Sheinbaum (que algunos consideran actos anticipados de campaña) y su cobertura en distintas partes del país (e incluso en el extranjero), nos suelen recordar a los mejores tiempos del PRI, con todo y sus espectáculos faranduleros.

Entre muchas otras similitudes, sobresalen también casos de influyentismo, como el de la familia Taddei en Sonora—destacando la selección del Director General de la nueva paraestatal (cuya operación es una incógnita) LitioMX o Litio Para México. Otro caso un tanto delicado es el Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ascendió, en tan solo tren años, a investigadora Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt). Es notable este ascenso, considerando las dificultades que enfrenta el resto de los investigadores nacionales para alcanzar tal distinción. A muchos les gustaría conocer los criterios que se utilizaron en este caso tan peculiar—en un entorno de precariedad y exigencia aparentemente diferenciada para los académicos mexicanos.

Estos son sólo unos ejemplos recientes—y no analizados a profundidad—de lo que pareciera demostrar que la nueva clase política mexicana vinculada al actual movimiento de la 4T y al Partido Morena, no dista mucho de la que gobernaba en la era de lo que muchos denominan el PRI-AN. Por lo que se ha visto en estos años y analizando la configuración actual del hoy partido en el poder, algunos se han referido al PRI-MOR para definir a un partido que lo “atrapa todo”, hasta a lo peor de la casta política, con el afán de acumular triunfos electorales.

En realidad, ciertos sectores de Morena y la clase política actual parecen haber comprometido algunos de sus preceptos y principios fundamentales con el objeto de ganar elecciones y mantenerse el poder. El pragmatismo, los pactos con parte de la élite política de antaño y el gran sector empresarial (Grupo Carso, por ejemplo, y grupo Salinas a pesar del show que intenta dar la impresión contraria), así como el avance del militarismo, han caracterizado su forma de gobernar. Al llamado de “unidad”, con quien sea y con quien resulte más popular en las encuestas, se pretende mantener el poder a como dé lugar. Pareciera ser que sí, “que son iguales” o bastante parecidos al fin.

Guadalupe Correa-Cabrera

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Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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