En Monterrey, activistas denuncian que funcionarios han privilegiado los intereses del sector privado –en particular el inmobiliario– por encima de la restauración de fuentes de captación de agua, como la regeneración del Río Santa Catarina, a pesar de estar sumergido en una crisis hídrica que data desde hace más de 15 años.
Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).– Mientras que el estado de Nuevo León, y en particular la zona metropolitana de la capital de Monterrey, batalla contra una crisis hídrica cada vez más profunda, activistas han denunciado que los gobiernos local y estatal –incluyendo en la administración de Samuel García Sepúlveda, actualmente Gobernador con licencia– no han priorizado medidas sustentables para atender la problemática, e incluso han tomado acciones contra la regeneración del río Santa Catarina, con la intención de privilegiar al sector privado en vez del bienestar general.
Aunque se buscó que el Acueducto El Cuchillo II mitigara la situación, que incluso recibió presupuesto federal, el biólogo Antonio Hernández advirtió que la obra, que ya tiene una primera etapa en operación, incurrió en irregularidades porque no contaba con su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) al empezar la obra, y a largo plazo no podrá atender la crisis de agua en la región.
«En el contexto de [crisis hídrica profunda], esa condición, sí es adecuado aumentar la oferta, y aumentar la oferta significa habilitar nuevas fuentes de agua y eso es una respuesta adecuada en lo inmediato. Sin embargo, si nos mantenemos bajo esa mirada de solamente extraer, sin ningún tipo de regulación, simplemente nos vamos a volver a acabar el agua y vamos a estar en una crisis de mayores alcances», señaló el activista.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), responsable de realizar este trámite, no brindó a la dependencia la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) requerida por ley hasta diciembre del año anterior, casi tres meses después de que se iniciara la obra. SinEmbargo intentó contactar a la Conagua para entrevista sobre las irregularidades detectadas en la obra del acueducto, pero al momento de esta publicación no obtuvo una respuesta.
La crisis hídrica de Monterrey se agudizó en 2022, ya con el emecista Samuel García en el piderpoder, al grado que fue considerada por expertos la peor en los últimos 30 años. Sin embargo, el nivel histórico de las cuencas y acuíferos de los cuales depende el abastecimiento de agua en la ciudad y su zona metropolitana ha contado con niveles negativos desde hace al menos 15 años.
«[Monterrey] es una ciudad que necesita agua, y normalmente las personas más afectadas, los sectores más afectados, son los sectores de más bajos ingresos», sumó al respecto el activista Lorenzo José Rosenzweig Pasquel. «Si eso lo combinas con una ciudad que es inmensamente calurosa en verano, pues tienes una parte de la población, que no solamente enfrenta el problema de la falta de agua, también es un riesgo de salud».
En 2003, el Gobierno federal publicó que el nivel del acuífero del Área Metropolitana de Monterrey (AMM) contaba con un nivel de -31.59 hectómetros cúbicos anuales; es decir, un registro negativo. Para 2013 el déficit era de 57.31 hectómetros cúbicos, y al 2020, la cifra era de -11.51 hectómetros cúbicos.
Las dos cuencas que atraviesan la ciudad, de acuerdo con información de la Conagua, son Río Pesquería y Río San Juan I. Ambas han registrado desde el 2011 un déficit en su nivel que va desde -69.7 hectómetros cúbicos para Río San Juan I en dicho año, hasta -91.8 hectómetros cúbicos para esta misma cuenca en 2013. Para el 2020, los registros eran de -25.62 hectómetros cúbicos en Río Pesquería y -82.18 hectómetros cúbicos en Río San Juan I.
«En un mundo ideal, las ciudades y metrópolis deberían resolver su abasto de agua dentro de su propia cuenca, dentro de su propia zona de influencia, y aprovechar lo que los ecosistemas les brindan, que es lo que hoy se conocen como ‘soluciones basadas en naturaleza’, pero eso no siempre se puede», añadió Rosenzweig Pasquel.
En este contexto, el Gobierno de Nuevo León, de la mano con la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, decidieron comenzar la construcción del Acueducto «El Cuchillo II», que tenía como finalidad atender la falta de agua en la zona metropolitana de Monterrey.
LAS IRREGULARIDADES DEL ACUEDUCTO «EL CUCHILLO II»
«Gracias a ustedes, muy pronto va a llegar el doble de agua a la ciudad de nuestra presa más grande, presa ‘El Cuchillo’, que va a calmar la crisis de Nuevo León y garantizar, al menos, señalan los números, los siguientes 10 años”, dijo Samuel García, entonces Gobernador del estado, este septiembre cuando, junto con el Presidente López Obrador, se puso en marcha la primera etapa del Acueducto «El Cuchillo II».
Es esta misma construcción la cual promovió García en anuncios pagados de Facebook valuados en más de 90 mil de pesos, semanas antes de registrarse como precandidato a la Presidencia de la República para las elecciones de 2024, aún cuando prometió que finalizaría su gestión.
Después de una larga crisis hídrica en la entidad, se decidió construir por fases la expansión del acueducto y la primera de ellas se entregó «en tiempo récord», presumió el Gobierno federal, aunque al momento de su entrada en operación aún no contaba con la autorización provisional que emitió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para su construcción, que empezó en octubre de 2022.
Buenas noticias, estamos a pocos días de prender la segunda bomba del Acueducto El Cuchillo II. Aquí te explico todo: 👇🏻 pic.twitter.com/PvF8XKWcft
— Samuel García (@samuel_garcias) October 24, 2023
Además de esto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió en su Cuenta Pública 2022 que se formalizaron contratos para la ejecución de la obra «sin contar con un proyecto ejecutivo, estudios, planos y normas de calidad», además de que en los documentos no se indicó «la autorización del presupuesto para cubrir sus compromisos, ni la descripción pormenorizada de los trabajos por ejecutar».
Debido a lo anterior, la ASF emitió tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, una de ellas porque la Conagua no logró justificar la diferencia en adecuaciones presupuestales para la obra, por lo que quedaron pendientes de aclarar 5 millones 234 mil pesos de la adecuación 2022-16-511-5308, que no fue proporcionada.
Otra de las observaciones que hizo la entidad fiscalizadora fue que faltó documentación de soporte que acreditara un monto de 139.2 millones de pesos que fueron ministrados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la gerencia del proyecto, «ni se demostró haber enterado a la Tesorería de la Federación los intereses generados en la cuenta concentradora».
La construcción, que tiene prevista una longitud de 90 kilómetros comprendido en nueve tramos de construcción, obtuvo 6.5 mil millones de pesos por parte del Gobierno federal, y otros 5.7 mil millones de pesos por parte del Gobierno de Nuevo León para la adquisición de tubería, bombas, y otro equipamiento. Al 13 de septiembre, la administración de López Obrador anunció un avance físico global del 87.7 por ciento.
NECESARIO, RENOVAR FUENTES DE CAPTACIÓN DE AGUAS
Aunque el acueducto se abastece de la presa de «El Cuchillo» –que de acuerdo con la información oficial de Conagua tenía un porcentaje de llenado de 44 por ciento–, activistas han denunciado que esta no es una solución que sea sostenible a largo plazo si no se atiende la problemática de raíz, y eso incluye la restauración de las cuencas y acuíferos. «Paralelo a las extracciones adicionales de agua de la presa ‘El Cuchillo’, se tendría que implementar de manera urgente un proceso de restauración ecológica de las cuencas de donde llega el agua a la presa de ‘El Cuchillo'», advirtió Antonio Hernández.
Una medida impulsada por ambientalistas de la región es la restauración del Río Santa Catarina, que es hogar de más de 800 especies de flora y fauna, y de suma importancia ecológica para la recarga de mantos acuíferos de la región metropolitana de Monterrey.
Es considerado el pulmón verde de la ciudad, con una longitud de 160 kilómetros y una cuenca aproximada de mil 200 kilómetros cuadrados, de acuerdo con el estudio «Riqueza, composición y abundancia de especies en una comunidad vegetal ribereña en el río Santa Catarina, Monterrey, Nuevo León», de los investigadores José Manuel Mata-Balderas, Silvino Eduardo Hernández-Cárdenas, Eduardo Alanís-Rodríguez y Arturo Mora-Olivo.
Además, atraviesa siete municipios: Santiago, Santa Catarina, San Pedro, Monterrey, Guadalupe, Juárez y Cadereyta Jiménez.
Debido a la amplia variedad de especies que habitan ahí, en septiembre del 2008 una parte se decretó Área Natural Protegida Estatal (ANPE), en categoría de Parque Urbano, bajo la denominación de “Parque Lineal” con la finalidad de lograr un «uso y aprovechamiento regulado, controlado y sustentable compatible con el uso y disfrute del mismo por la comunidad».
«El Río Santa Catalina es tremendamente importante porque es nuestro indicador de la salud del ecosistema en cuanto a su ciclo hídrico», opinó el especialista Lorenzo José Rosenzweig Pasquel.
Pese a esta declaratoria de ANPE, a lo largo de su historia, en sus momentos de más bajo registro, el río y los espacios aledaños han sido utilizados para la instalación de espacios deportivos como canchas de fútbol, una pista de go-karts, y más recientemente ha sido invadido por personas migrantes que buscan un lugar para hospedarse cuando los refugios se encuentran rebasados.
«Dentro del propio lecho del río Santa Catarina ya existen invasiones, ya existen construcciones ilegales que ninguna autoridad ha querido atender como se debe, entonces eso ya existe y existe el riesgo de que esta invasión de espacios federales [naturales] como son los ríos y sus riberas se prosiga», indicó Carlos Velazco, activista e integrante de la organización «Abeja y Planta». «Es un conector, es un refugio de biodiversidad, nos provee de servicios ambientales desde captura de contaminantes, favorece la recarga de los mantos acuíferos».
Incluso, en julio del año en curso y nuevamente el pasado 21 de octubre se registraron incendios en tramos del río, primero en 6 hectáreas, del cual se pronunció en ese momento Samuel García al decir que se trató de un «ataque más de la vieja política»; y más recientemente uno que suscitó después de que un tiradero clandestino fue consumido por las llamas.
«El impacto de los incendios forestales y el asociado al desarrollo urbano sin regulación adecuada [que ha habido en Monterrey] impactan directamente. Es decir, degradan o disminuyen el beneficio de aportación de agua hasta su cuencas, que impactan directamente en los almacenamientos de la presa de ‘El Cuchillo'», resaltó por su parte Hernández.
