Los últimos años nos han brindado claras lecciones sobre la importancia que tiene la interconectividad regional. No sólo en torno al mantenimiento de la diplomacia y de las relaciones entre los países, sino también alrededor de una variedad de temas fuertemente relacionados entre naciones tales como: salud (ejemplo son los ejercicios de cooperación del bloque para el desarrollo y suministro de vacunas e insumos médicos) y manufactura (recordemos el desabasto y la parálisis de diferentes cadenas de suministro provocadas por la pandemia, la guerra comercial y los conflictos armados), entre muchos otros de índole social, financiera, ambiental y tecnológica.

Si bien es innegable la interdependencia en asuntos económicos y de crecimiento, debemos reconocer también el peso de la variable política, pues es ésta la que podría detonar cambios sustantivos, tanto en la relación entre países como a nivel nacional. De esta manera, encontramos que no es posible separarlas, pues cada una depende fuertemente de la otra. La estabilidad económica favorece los acuerdos políticos y, sobre todo, el bienestar social; mismo que se traduce a la larga en comportamientos pacíficos, ordenados y, desde luego, en comportamientos altamente productivos y competitivos; mientras que la estabilidad política y el bienestar general se traducen en acuerdos económicos, condiciones favorables para inversiones, transferencias de conocimientos y de tecnología, alianzas comerciales, entre otros.

Un ejemplo de la relación entre las variables mencionadas se puede observar en la relación actual con Texas, que hasta el 2021 representaba $231,113 mdd en valor del comercio de bienes, siendo México su principal socio comercial y comprador de exportaciones. Sin embargo, las políticas que ha implementado el estado en la frontera hoy representan un obstáculo para los flujos comerciales, generando pérdidas de más de $1,900 mdd de acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR). Lo anterior, por un componente político: las determinaciones antiinmigrantes del gobernador Greg Abbott. Si bien la Cancillería mexicana ha exigido la mediación de las autoridades federales, el panorama se ve complejo, principalmente debido al recrudecimiento de las medidas de esta naturaleza en la antesala del proceso electoral de Estados Unidos del próximo año. A lo anterior se le debe de sumar el respaldo que tiene Abbott por parte del candidato más probable a contender por la presidencia por el Partido Republicano, el expresidente Donald Trump (quien, dicho sea de paso, aventaja actualmente en los sondeos de las preferencias de los votantes).

Con esto, me parece que el momento electoral representa la mejor oportunidad para visualizar las implicaciones en materia económica de las decisiones en el entorno político. Rumbo al 2024, los calendarios electorales de México y Estados Unidos coincidirán como cada 12 años; esto quiere decir que la transición política en ambos países abrirá la puerta a dos liderazgos y equipos nuevos, por lo que presenciaremos cambios en la interlocución y los canales de relacionamiento, aunado a posibles reestructuraciones y, desde luego, a la ausencia de una figura política con la particular naturaleza que posee el presidente Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, tenemos frente a nosotros un momento decisivo para nuestras economías y lazos políticos.

En el caso mexicano, por primera vez se vislumbra la llegada a la presidencia de una mujer, por un lado, representando continuidad de la visión del actual gobierno y, por el otro, una candidata que ofrece un cambio de rumbo en múltiples temas. Por el estadounidense, se percibe un entorno sumamente polarizado y el posible retorno de un exmandatario que enfrenta simultáneamente cuatro juicios penales y cuyo partido ha anunciado fuertes recortes al gasto (con implicaciones a la política exterior) y un endurecimiento a las medidas de seguridad, entendidas desde el lente de la migración y del consumo de drogas. Por esta razón, independientemente del resultado, será indispensable que la próxima presidenta mexicana cuente con las herramientas necesarias para garantizar la estabilidad de la relación bilateral y la continuación del crecimiento en los indicadores de desarrollo nacionales.

El nuevo gobierno mexicano deberá demostrar, simultáneamente, fortaleza y apertura. Lo primero para no doblegarse ante posibles modificaciones desfavorables en los acuerdos que enmarcan la agenda bilateral en temas como el comercio, manufactura, derechos laborales, medio ambiente y seguridad; y lo segundo para mantener un rango de negociación que permita y motive al diálogo y a la continuación de la cooperación. De la misma forma, éste deberá garantizar que la institucionalidad con la que hoy cuenta la relación bilateral permanezca por encima de cualquier diferencia política, con el objetivo de garantizar estabilidad de los múltiples temas interconectados entre ambos países. #OpiniónCoparmex

Gustavo Almaraz Petrie

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