Por: Arelhí Galicia*

Una de las apuestas que el actual gobierno ha puesto sobre la mesa, es la relativa a programas enfocados a políticas que permitan producir mejor y apoyar a personas productoras del sector agropecuario. Sin embargo, sigue faltando una específica y particular para las personas jornaleras; una población que no tiene tierras o recursos para poder acceder a los apoyos que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) o la Secretaría del Bienestar.

Desde 1990 hasta el 2018 existió el Programa de Apoyo a Jornaleros Agrícolas (PAJA), a cargo de la Secretaría de Bienestar, que tenía entre sus objetivos el reducir las condiciones de vulnerabilidad de la población, con servicios de salud, educación y con la construcción y el manejo de albergues, entre otros.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social (CONEVAL)^[1], el PAJA realizaba tareas en beneficio de la población jornalera, además de colaborar con las empresas agrícolas y grupos organizados de personas jornaleras; además, este programa contribuía a la cultura de rendición de cuentas.  En su último año de operación, el PAJA contó con un presupuesto aproximado de 242.6 millones de pesos y atendió a 76 mil personas, de una población que se calcula arriba de los 8 millones. En la actualidad, este monto no llega de manera directa a la población jornalera.

En ninguno de los programas emblemáticos del actual gobierno figura un apoyo específico que beneficie a las familias jornaleras. La edad de esta población no le es suficiente para recibir los apoyos para Adultos Mayores; las becas que se ofrecen a las infancias no llegan a niños y niñas jornaleras debido a que su condición de movilidad no les permite continuar los estudios en los estados a los que migran las familias para trabajar, y lo mismo ocurre con el programa de jóvenes construyendo el futuro. En el caso de los programas específicos para el bienestar agrícola, la gran mayoría de la población jornalera no cuenta con la cantidad de tierra requerida para acceder al apoyo a fertilizantes o Sembrando vida.

Si bien había elementos que cuestionar y mejorar en el PAJA, la desaparición de este programa ha dejado en un alto grado de desprotección a las y los jornaleros agrícolas. Desde su desaparición, hemos hecho un llamado para que se considere la elaboración de una política específica para que esta población pueda acceder a apoyos que le son necesarios para mejorar sus condiciones de vida. Uno de los recursos que el Estado ha utilizado para justificar la atención a la población jornalera es incluirlos en vertientes como la de grupos indígenas o rurales sin que haya una particularización de sus necesidades específicas, como lo es especialmente las de movilidad o el abuso por parte de las empresas que les contratan. Aunado a esto, se calcula que el 60% de esta población es indígena, lo que deja en completa indefensión a quienes no se identifican en este rubro.

Uno de los compromisos que este gobierno tenía para con la población jornalera era mejorar el tema de inspecciones para propiciar el trabajo digno. Desde el 2021, se institucionalizó una partida específica para la promoción del trabajo decente, en la que se incluían acciones específicas para la promoción y vigilancia de los derechos laborales, una de ellas enfocada en la mejora de condiciones laborales de personas jornaleras agrícolas y trabajadoras del hogar. Este objetivo aún queda pendiente en la vida de las personas jornaleras, ya que desconocen este mecanismo y las inspecciones que se realizan requieren actualizarse para que esta población sea beneficiada por esta política.

Las finanzas públicas del país deben enfocarse en mejorar las condiciones de vida de las personas que menos tienen. Tomar en cuenta las voces de las personas jornaleras es caminar hacia la creación y mejora de políticas públicas que tomen en cuenta sus necesidades.

* Arelhí es investigadora en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.

^[1] Exploratorio_PAJA.pdf (coneval.org.mx)

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