Desde hace varios días, la mayoría en la Cámara de Diputados le está recortando los fideicomisos y el presupuesto al Poder Judicial de la Federación. Los fideicomisos, en este y en otros casos, como los de ciencia y Tecnología, servían en los sexenios neoliberales para no gastar el dinero público y guardarlo para hacer un “cochinito” que se iba, como en el caso del INE, en unos bonos de retiro millonarios o edificios nuevos; el presupuesto voluminoso en comidas a nuestras costillas, alimento para perros, y hasta tintorería para los señores consejeros electorales.

Ahora, los gastos del Poder Judicial, la corte de ministros y magistrados, se han transparentado y no resultan menos indignantes que los del INE. Por ejemplo, 1.7 millones de pesos para utensilios de cocina. Tomemos en cuenta que un juego de cubiertos de 48 piezas de acero inoxidable cuesta 558 pesos. Así que la Suprema Corte compra 146 mil cuchillos, cucharas, y tenedores al año. Es una cifra que no se logra ni siquiera si comieran un bocado con un tenedor y, en seguida, lo tiraran a la basura. Esto, evidentemente no es posible, salvo que sea una compra simulada y todo sea puro saqueo. No quiero desconfiar de ministros tan refinados como Laynez Potisek o Luis María Aguilar, pero suena a robo. Luego, la Corte paga 44 millones de pesos en lavandería, al año. Sólo son 11 ministros, así que sus togas podrían lavarse 40 mil veces al año, hasta desaparecer. También los ministros comen sabroso. Les disparamos 50 millones de pesos en alimentos al año, lo que equivale a unas cinco latas diarias del caviar más caro que existe en el planeta, el del Mar Caspio, exportado por Irán, y cuyo empaque es de oro de 24 kilates. Para la judicatura, los pagos de alimentación por 386 millones de pesos son para mandos “superiores”, que constituyen tan sólo mil 700 personas, que no pueden comer más que dinero público. También aportamos cuatro millones del dinero público para jardinería, cuando la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene jardines. Al menos que eso cueste regar las macetas. Además del gasto exótico, la Suprema Corte de Justicia tiene un fondo de 6 mil millones de pesos que no se ha tocado en 8 años. Produce intereses pero nadie sabe quién los gastó o guardó en otra cuenta. Esto quiere decir que lo que se llaman “fondos” en realidad es dinero público detenido generando intereses. Estos 6 mil millones que atestora la Suprema Corte, se van sumando a los que acaparan la Judicatura y los ministros de salas, todo por 60 mil millones de pesos que no se han movido en los últimos 8 años.

Pero han salido a manifestarse los trabajadores del poder judicial a quienes no les toca ninguno de estos lujos, ni estas cuentas misteriosas. Dicen defender a la institución que, por ejemplo, les quita a los trabajadores la posibilidad de comprar computadoras o sillas para los juzgados, mediante un supuesto fondo de economías presupuestales que está guardado generando intereses por mil 400 millones de pesos. Dicen defender las pensiones de sus agremiados, pero de los 9 mil millones que “no se tocan”, sólo 75 millones son para el retiro de los trabajadores. Es decir, quieren preservar un fondo del que no se benefician más que en un 0.8%. Salen a las calles a bloquear avenidas para conservar menos del 1% de un monto que va a las pensiones vitalicias de los ministros y magistrados, incluyendo los del Tribunal Electoral. ¿Quiénes son estos sindicalistas que no defienden que sus trabajadores tengan sillas o mejores pensiones, sino que aparecen cuando se les quitan los fideicomisos misteriosos a los de más arriba?

Esta es la historia de este sindicalismo del PRI, la llamada Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la FSTSE, que agrupa y centraliza a 82 sindicatos de trabajadores de servicios públicos. Es un sindicato que no es sindicato: obliga a los trabajadores a organizarse sólo en un único organismo por rama burocrática, no tienen contratos colectivos, y tampoco derecho a la huelga. Surgieron, como muchas cosas en este país, con una buena intención que, después, se fue degradando hacia el charrismo sindical, el control de los líderes sobre la propia burcracia sindical, el reparto corrupto de beneficios, y la integración al PRI, a través de uno de sus “sectores”, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP. La FSTSE surge en los años del cardenismo para proteger a los trabajadores del Estado. La mayor parte la constituyen los maestros del SNTE, pero agrupa a los de Hacienda, o del Deporte, y a los que nos ocupan en esta ocasión, los de los juzgados, los actuarios, los que levantan un acta, el personal de la llamada “justicia”, que son 50 mil empleados del Estado. En un primer momento, al crecer la institucionalidad del Estado mexicano y al intervenir directamente en el desarrollo del país, la FSTSE crece en membresía, beneficios, y se va articulando con la élite política que, desde los años cuarentas del siglo pasado hasta hace muy poco tiempo, era el PRI. Es una federación de sindicatos que tiene como patrón al estado mexicano y, en consecuencia, actúa dentro de la institucionalidad del Partido Único. En 1963, a cambio de la seguridad social del ISSSTE, los líderes sindicales aceptan un régimen de excepción para sus trabajadores: no tener derecho a la libertad sindical ni al derecho de huelga. Esto se explica porque muchas de las funciones de estos empleados son de seguridad nacional como las industrias paraestatales, pero en otros casos, es simplemente sumisión al control central del priismo y sus gobiernos. Así lo hicieron justo cuando el PRI los empezó a perjudicar, es decir, cuando el llamado “adelgazamiento” del Estado con la venta de paraestatales y bienes nacionales comenzó en los gobiernos de Miguel de la Madrid y salinas de Gortari. De 1986 a 1995, es decir, entre de la Madrid y Zedillo, se despidió al 42% de los trabajadores públicos. A esto se le llamó “descentralización”, un proceso que dejaba funciones operatiuvas en manos de loe estados pero el presupuesto centralizado en las dependencias de gobierno. Lo que ocurrió realmente fue que las dependencias del Estado pasaron de 955 a 239, es decir, miles de trabajadores fueron despedidos y tuvieron que rehacerse en la iniciativa privada que, en el mejor de los casos, fue la informalidad laboral. Estos 82 sindicatos no se salieron del PRI en los años en que los redujeron en tamaño y poder de negociación laboral. En cambio, abrazaron la ideología nueva del PRI, el neoliberalismo, a pesar de que les perjudicaba. Era la lealtad al presidencialismo lo que actuaba, no el interés de los trabajadores. En el neoliberalismo priista, las empresas de la nación pasaron a los empresarios privados y los trabajadores pasaron a ser contratados con una base definitiva y un proceso de escalafón a la contratación temporal por honorarios. Se precarizó el servicio público, a pesar de que se habló del famoso “servicio civil de carrera”, que no es más que retórica empresarial. Lo que se inició con Salinas de Gortari fue una compulsión por la eficiencia en el trabajo, es decir, aumentaron los controles, los protocolos, y las evaluaciones para los trabajadores, aunque nunca sus salarios. La eficiencia fue utlizada, más bien, para hacer las contrataciones más discrecionales y los empleos más inestables, sin derechos ni prerrogativas. Pero jamás desapareció la complicidad orgánica entre la élite del partido y el monopolio de los sindicatos sobre la representación gremial. Los charros sindicales siguieron siendo los charros sindicales, sometiendo a sus agremiados a sus acuerdos políticos dentro del PRI que les dieron curules en las Cámaras y contratos en los negocios al amparo del poder. El ejemplo, es por supuesto el sindicato petrolero, con Romero Deschamps, un líder millonario que no tocó ni un juzgado por el “Pémex-gate”, una triangulación entre la empresa petrolera, su sindicato, y el PRI, por mil millones de pesos del 2001, cuya mitad acabaron en la campaña electoral de Francisco Labastida.

Pero volvamos al sindicato del Poder Judicial que, en estos días ha bloqueado avenidas, hecho paros laborales, y quemado una efigie del Presidente López Obrador, al grito de “Fuera AMLO”. En esto útlimo hay un humor involuntario del poder judicial y es que ese AMLO que quemaron, para los magistrados del Tribunal Electoral, es el Presidente de la República, no su representación gráfica. Así emitieron una sentencia apenas en enero de este año en que decidieron que el AMLITO del monero José Hernández es, en realidad, el Presidente de la República y no un muñeco de una caricatura. Así que, cuando los propios sindicalizados de ese poder judicial queman al AMLITO, están incinerando al mismísmo Andrés Manuel.

Pero no nos distraigamos con los rídiculos del poder judicial. Las quemas y bloqueos los hace a través de la convocatoria de su líder sindical, Gilberto González Pimentel. Este líder ya había convocado a la concentración para “defender” al poder judicial cuando en la conferencia mañanera se incluyó una sección de denuncia a las sentencias de los jueces que favorecen a la esposa de García Luna, a los 70 liberados por la desaparición de los estudiantes de Ayotizinapa o García Cabez de Vaca. De hecho, esa convocatoria que hizo por video el dirigente González Pimentel, terminó en una agresión de los seguidores de la Marea Rosa de Claudio X. González contra los ciudadanos que mantenían un plantón en apoyo al Plan C del obradorismo, que consiste en ganar la mayoría calificada en las cámaras para reformar al poder judicial. Este dirigente González Pimentel logró reelegirse por seis años más a través de “artimañas” y en medio de diversas irregularidades, entre ellas que apenas obtuvo 10 por ciento de votos de los 34 mil afiliados. Esta, del 22 de marzo pasado, es una elección de dirigencia sindical ilegal porque sólo participaron ocho mil 968 trabajadores, el 26% de los 34 mil afiliados de los órganos jurisdiccionales de todo el país, entre oficiales de mantenimiento, oficiales, judiciales, actuarios y secretarios, Gilberto González Pimentel, de la planilla “blanca” ---del mismo color que se visten los trabajadores que protestan---, sólo alcanzó 3 mil 430 sufragios, es decir, el 38 % y no el 50 que exige la ley laboral. Es un dirigente sindical espúreo. Tuvo el rechazo de 31 mil trabajadores que no pudieron participar en una elección que tuvo sólo dos semanas de registro en el sistema electrónico y cuyos votos se recibieron intermitentemente, con caídas del sistema, hasta de media hora. El resultado de la elección iba a ser contendido en la 31 Convención Anual del STPJF que se realizó en Quintana Roo, pero los más de 60 delegados decidieron no resolver y terminaron convalidando la ilegalidad.

Este señor González Pimentel es un ejempo más de una vieja estructura como el charrismo aliada a otra que se niega a transformarse, como el poder judicial que, en el caos de Norma Piña, deja ver cómo borbotea la corrupión del priismo del sexenio de Enrique Peña Nieto, Osorio Chong, y el debilitado Grupo Atlacomulco. Como dice mi amigo Álvaro Delgado, “Piña es Peña”, y así la ministra que “rompió el techo de cristal” y cuyo esposo es, a su vez, el lider del sindicato de Sanborns, logra que un élite gremial afiliada históricamente al PRI defienda, no los intereses de sus agremiados, a los que no representa porque su elección está todavía en litigio, sino a sus jefes inmediatos superiores: los ministros y magistrados hinchados con el dinero público que beben, comen, visten, arreglan sus casas, jardines, y coches con dinero público, con mucho dinero público. Es el viejo régimen actuando cuando, a la retórica hueca del priismo nacionalista le siguió la del neoliberalismo: la élite sindical se hizo cómplice del despido de sus propios agremiados y del debilitamiento de su propia estructura de representación, a cambio de posiciones políticas del PRI. Por eso, en la historia de la FSTSE escrita por senador priista Luis José Dorantes, al mismo tiempo, dirigente nacional de la Fedración, se leen cosas como ésta: “Todos vibramos al escuchar el mensaje de toma de posesión del licenciado Miguel de la Madrid. En su discurso inaugural expresó las mejores ideas del pensamiento revolucionario mexicanoplanteados con una visión moderna y una energía y vigor alentadores”.

En tanto, los trabajadores están en la precarización salarial y hasta de mobiliario para las oficinas en que trabajan. Su sindicato no ha pedido aumento salarial en cuatro años y se ha dedicado a sumarse a la ministra Piña en su guerra contra la 4T que, hasta hace unos días, consistía en liberar a los peores corruptos, rechazar todas las iniciativas, tanto de la Cámara de Diputados como del Ejecutivo, como de no presentarse a ninguna celebración convocada por los otros poderes. Ahora, incluye bloqueos y la quema del Presidente de la República que la Suprema Corte condenó pero no mencionó siquiera como responsable a su propio sindicato.

Fabrizio Mejía Madrid

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Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

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