Carlos Pérez-Ricart afirmó en entrevista con «Los Periodistas» que los investigadores del CoVEHJ han dado cuenta de la manipulación de documentos y de la falta de cooperación de los militares para proporcionar información solicitada.
Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- Carlos Pérez-Ricart, integrante del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (CoVEHJ), afirmó que la comisión «está sorprendida» de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador crea más en la palabra del Ejército mexicano que en la de los miembros de dicho equipo y aseguró que las declaraciones del mandatario «les duelen».
En entrevista en el programa de «Los Periodistas» que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Pérez-Ricart indicó que tanto él, como Eugenia Allier Montaño, Abel Barrera Hernández y David de Jesús Fernández Dávalos, los otros tres integrantes del Mecanismo no son enemigos del Presidente y simplemente cumplen un mandato que el mandatario les dio.
«La comisión está conformada por cuatro individuos. Son todos menos enemigos del Presidente de la República, son todo menos personas reaccionarias o mentirosas que actúenlos de mala fe, tienen un prestigio propio y aquí los que nos sorprende es que el Presidente crea más la palabra de los militares, en la palabra de personas como David o como Abel. Por eso nos duelen las declaraciones de hoy y lo que le decimos es que vamos a llevarle toda la evidencia en el momento que quiera para que la vea».
Esta mañana, durante su tradicional conferencia de prensa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si la Comisión quiere retirar a su equipo de investigación para esclarecer la Guerra Sucia, se puede buscar a otro que colabore en los trabajos, esto luego de que la comisión denunciara públicamente la obstaculización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las tareas de consulta de la documentación histórica sobre las violaciones a los derechos humanos en el periodo de 1965 a 1990, que es resguardada en archivos militares.
—¿Pediría la reinstalación de las personas investigadoras del Mecanismo? —preguntó un reportero durante la conferencia de prensa matutina.
—Sí, si ellos quieren —afirmó López Obrador.
—¿Qué garantías se les darían para que ellos puedan regresar? —cuestionó.
—No, pues es que si ellos no tienen convicciones y no tienen confianza, mejor que no regresen y ya buscamos a otras personas que nos ayuden —respondió el mandatario.
El Mecanismo señaló el pasado 11 de octubre que durante el último año enfrentó diversos hechos de negación y obstaculización por parte de la Sedena en torno a la revisión de documentos, situación que fue incrementando con el paso del tiempo.
“Lo que inició como una colaboración pasiva se convirtió en una obstrucción activa en la que se desacató la instrucción presidencial de cero ocultamiento y cero impunidad”, acusó.
“En las últimas semanas, las negativas se multiplicaron e incluso derivaron en que el personal militar—que no actúa sin indicaciones de su cadena de mando—incurriera en prácticas de ocultamiento de información por medio de alteración, mutilación e inutilización total o parcial de expedientes”, agregó.
Al respecto, Pérez-Ricart detalló que la Sedena permitió a la comisión para la verdad la entrada a su archivo durante un año y medio, pero durante los primeros meses de 2023 los mismos militares comenzaron a obstruir en los trabajos del equipo.
«Habíamos tenido cierta cooperación pasiva por parte del Ejército y lo que denunciamos en el informe es que hay ahora una obstrucción activa por parte de los mandos que no nos han dejado revisar todo lo que queremos revisar. Entonces, lo que presentamos ayer es el informe que da cuenta de toda la evidencia de que la instrucción presidencial no se está cumpliendo y ahí está toda la evidencia en blanco y negro, por escrito, firmada por nosotros y nuestros investigadores y el llamado es ‘Señor Presidente haga algo por favor para que podamos acceder a estos archivos para cumplir con el mandato que usted nos pidió que hiciéramos’. Estamos cumpliendo la demanda del Presidente de la República y de las víctimas que es verdad y justicia, nada más que eso estamos haciendo».
El subsecretario @A_Encinas_R presentó el Informe de la Comisión para el Acceso a la Verdad de las violaciones graves cometidas a los derechos humanos entre 1965 y 1990.
Sostuvo que los objetivos se van cumpliendo y se construye una nueva narrativa de los hechos suscitados.… pic.twitter.com/k6XDgkmXcL
— Gobernación (@SEGOB_mx) October 11, 2023
El profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) afirmó que los investigadores del CoVEHJ han dado cuenta de la manipulación de documentos y de la falta de cooperación de los militares para proporcionar información solicitada.
«Nuestros investigadores dan cuenta de la manipulación de documentos, documentos que nosotros sabíamos que tenían 70 páginas, que habíamos visto las fojas, de repente al día siguiente no lo regresan con 13 o 14 fojas, es decir, hubo actos de censura que nuestros investigadores han podido documentar. Nos dan el pretexto de los datos personales, de la seguridad nacional, de la conservación de una buena relación con los países y simplemente no nos están dando la información que estamos pidiendo».
Pérez-Ricart insistió en que con esta obstrucción por parte de la Sedena, la Comisión para el Acceso a la Verdad no puede cumplir con el mandato para la que fue creada, que es investigar los abusos y violaciones graves a los derechos humanos que tuvieron lugar entre 1965 y 1990.
«No se está cumpliendo la orden presidencial y el compromiso frente a las víctimas de que las personas que trabajaron en la comisión de la verdad iban a tener acceso irrestricto a la documentación del Ejército mexicano y del Centro Nacional de Inteligencia, hay que decirlo con toda claridad, lo que muestran nuestros informes, ahí está nuestra palabra empeñada, la de nuestros investigadores, es que no se está cumpliendo una orden presidencial. Planos militares que estamos pidiendo no se nos dan, documentos creados después de 1990 sobre graves violaciones a los derechos humanos no se nos otorgan y hay un grave espíritu de obstruir el acceso a la verdad, no por nada llamamos a nuestro informe ‘Las formas del silencio’ y damos cuenta de todo esto».
El investigador del CIDE indicó que el compromiso de la Comisión para el Acceso a la Verdad es con las víctimas. «Nuestro compromiso es con la narrativa que las pone al centro de lo sucedido en este periodo, nuestro compromiso está ahí, no es con el Presidente de la República tampoco, es con la verdad».
Finalmente, Carlos Pérez-Ricart aseguró que el propósito de la Comisión será continuar con los trabajos hasta el final, sin embargo, dijo, en caso de que sigan los señalamientos «no podremos seguir trabajando si continúa la percepción de que nosotros somos los antagonistas».
«Hay un momento en el que no podremos seguir trabajando si continúa la percepción de que nosotros somos los antagonistas, claramente no lo somos, tampoco lo tomamos personal y no tenemos nada personal con el Presidente, pero sí tenemos una noción clara de que hay un compromiso y nosotros tenemos el mandato de seguir ese compromiso hasta el final y eso intentaremos».
El 6 de octubre de 2021, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto para crear una nueva Comisión para el Acceso a la Verdad, que tendría la tarea de investigar los abusos y violaciones graves a los derechos humanos que tuvieron lugar entre 1965 y 1990.
Durante esa época cientos de personas fueron detenidas ilegalmente, torturadas y desaparecidas por el Ejército y las fuerzas de seguridad. Más de dos mil 300 víctimas directas e indirectas siguen vivas a la fecha.
Esta Comisión tiene el objetivo de que se haga justicia por 25 años en los que cuerpos policiales y militares torturaron, asesinaron y desaparecieron a cientos de personas, y que se repare a las víctimas por esos crímenes de Estado.
