A más de una semana de publicado el reportaje sobre las propiedades de la Senadora Xóchitl Gálvez, muchas son las versiones que se han hecho públicas respecto a la casa de Sierra Santa Rosa 62 y particularmente las del actual Alcalde Mauricio Tabe y el archivo del caso que le heredó Víctor Hugo Romo. Al respecto, el exdirector Jurídico de la demarcación respondió en entrevista a algunos señalamientos.
Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- ¿Qué pasó con el predio de Sierra Santa Rosa 62 durante el cambio de Alcalde en Miguel Hidalgo? Mauricio Tabe, quien actualmente desempeña ese puesto, aseguró que no fue notificado de alguna irregularidad en dicho predio donde vive Xóchitl Gálvez y que los señalamientos obedecen a una campaña en contra de la candidata presidencial del Frente Amplio por México.
Ese episodio data de julio, agosto y septiembre de 2021, el periodo en el que Víctor Hugo Romo entregó a Tabe la Alcaldía.
Gustavo García Arias, quien fungió como Director Jurídico de la Alcaldía Miguel Hidalgo en la gestión del morenista, se remonta a ese periodo. En entrevista con SinEmbargo sostiene que durante la transición sí se le entregó a Tabe y a su equipo, una lista de todos los procedimientos, incluido el de Sierra Santa Rosa 62, para que su equipo jurídico “analizara y recibiera las manifestaciones del particular y desahogara el procedimiento para que se emitiera una resolución”.
De acuerdo con un documento de la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, con fecha del 10 de agosto de 2021, se realizó la visita de verificación a Sierra Santa Rosa 62 y la resolución de las anomalías, por temporalidad, correspondería al equipo entrante.
Es decir, la administración de Romo dejó abierto el caso de Sierra Santa Rosa 62 y el nuevo equipo jurídico debió determinar, desahogadas las pruebas de quien construyó, las posibles infracciones o la manera en cómo se podría regularizar la obra.
De acuerdo con el testimonio de García Arias, los procesos de calificación de infracciones requieren varias semanas o meses para darle garantías de audiencia al particular y que desahogue requerimientos, y exprese alegatos. Todo en una audiencia para al final tener una resolución fundada y motivada.
“Por ética profesional y por transparencia, siempre a una administración entrante se le dejan estos procedimientos abiertos. No se cierran con premura ni se precipita para cerrarlos porque puede prestarse a malinterpretaciones de que se pretende favorecer indebidamente a un particular o hay alguna intención de ocultar información”, comentó el abogado.
Mauricio Tabe, en entrevista con El Universal, dijo el pasado lunes que al término del Gobierno de Romo publicaron una lista de inmuebles irregulares “y ahí no aparecía ese domicilio; ¿Qué habrá pasado? ¿Se les olvidó o es puro invento? Nos deben una explicación”.
Sin embargo, su propia administración admite que hasta este año no han atendido el caso: de acuerdo con la solicitud 092074823002351 dirigida a la Alcaldía Miguel Hidalgo y que ésta responde el 30 de agosto de 2023, la Subdirección de Calificaciones de Infracciones confirma que el inmueble ubicado en Sierra Santa Rosa 62 aún “se encuentra en proceso de substanciación por lo que aún no se cuenta con una resolución administrativa”.
Además, de acuerdo con el equipo de Romo, esta respuesta da prueba de que el expediente sí está en los archivos de la Dirección Ejecutiva Jurídica de la Alcaldía.
Sobre esta situación, el exdirector Jurídico de la demarcación señaló que la resolución de estos procedimientos no puede llevar años, ya que está establecido por ley que se cuenta con seis meses para resolverlos.
García Arias ahondó sobre lo que conlleva el proceso de desahogo de las partes y la emisión de la resolución. Luego de que a una obra se le niega el Uso y Ocupación, lo que le sigue es la visita de verificación para revisar altura, superficie, número de niveles, área libre y todas las características que se manifestaron en un inicio. El particular, por lo regular, puede acercarse a regularizar la obra para obtener su permiso de uso.
De parte de la Alcaldía, como cuenta con un periodo de seis meses, “debió ponerle sellos a la obra y darle un aviso a cualquier potencial comprador de que esa obra no estaba terminada y no estaba conforme a la ley. Si el particular no aceptaba regularizarla […] lo procedente era emitir una clausura para dar un aviso más contundente, incluso considerando la posibilidad de revocar la manifestación y asegurar los folios reales para que no pudiera haber ningún comprador. Nada de esto sucedió, Mauricio Tabe simplemente se sentó en el expediente de verificación y durante dos años no ha resuelto y Gálvez aprovechó para escriturar y para ocupar de manera indebida el inmueble".
¿Y EL PERMISO QUE FALTA?
Otra de las declaraciones de Tabe, que emitió apenas publicado el reportaje es que si se omite el trámite de Uso y Ocupación sólo amerita una multa al constructor y no representa ninguna ilegalidad.
Al cuestionarle sobre la importancia de dicho permiso, García Arias respondió que esa autorización es la validación por parte de la autoridad de que la casa, el inmueble, la obra o el edificio cumplió con la ley y cumplió con lo manifestado.
“Existe una realidad y sobre todo en Benito Juárez, donde se formó Mauricio Tabe y el grupo político al que el pertenece, de que edificaban pisos excedentes, edificaban obras sin área libre y simplemente las escrituraban y le dejaban problemas a los compradores. Hoy estamos viendo cientos de casos de personas que ya no pueden ir al notario a escriturar o a vender”, comentó.
Sobre este punto agrega que Xóchitl Gálvez tiene una escritura pública ante un notario público y una boleta predial que se basa en la superficie de construcción que se manifestó en un inicio, no por lo realmente construido.
Lo que sigue para este caso es que la administración de Mauricio Tabe está obligada a emitir una resolución al respecto. El abogado explicó que cuando las infracciones pasan varios meses sin movimiento, se debe emitir una resolución de que ya se perdió la vigencia para abrir uno nuevo.
“Mauricio Tabe no ha hecho una declaratoria de caducidad, no ha cerrado el expediente con sanción o sin sanción, ni mucho menos ha abierto otra visita de verificación. Si él quisiera ahorita salir argumentar de que el expediente ya caducó por responsabilidad de él, porque se le entregó desde octubre de 2021, lo procedente es sancionar a quien dejó ese expediente abierto ante Contraloría […] no hay una opción más que emitir una resolución con sanción y con clausura y esa la razón por la cual lo ha mantenido abierto”, añadió García Arias.
