Entre los archivos que no se pueden localizar incluso figura el relacionado con Ernesto “Che” Guevara, el guerrillero argentino que participó en la Revolución Cubana de los años 50 y quien en 1954 estuvo en México, en donde conoció a los hermanos Fidel y Raúl Castro.
Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).– Archivos que elaboró el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), hoy llamado Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sobre personajes políticos clave en la historia del país desaparecieron del Archivo General de la Nación (AGN) pese a que hay constancia de que estuvieron en este lugar, denunció este miércoles el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (MEH).
Se trata de información de seguimiento que hicieron los aparatos de inteligencia del Estado mexicano al actual Presidente Andrés Manuel López Obrador, al expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), al recién fallecido Porfirio Muñoz Ledo, a Manuel Bartlett Díaz, político de larga trayectoria en el PRI y actual Comisionado Federal de Electricidad, así como a los directores de la policía política del régimen, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) Javier García Paniagua y José Antonio Zorrilla Pérez.
Entre los archivos que no se pueden localizar incluso figura el relacionado con Ernesto “Che” Guevara, el guerrillero argentino que participó en la Revolución Cubana de los años 50 y quien en 1954 estuvo en México, en donde conoció a los hermanos Fidel y Raúl Castro, quienes a la postre serían líderes del régimen de la isla.
El MEH planteó en su “Segunda ampliación de evidencias sobre la transferencia de documentación del CNI al AGN” que la desaparición de estos archivos así como de otros sobre organizaciones de derechos humanos puede deberse a: 1) el seguimiento que se hizo de personas o grupos destacados de la vida pública y que fueron vistos en su momento como una amenaza al orden establecido; 2) porque puede involucrar a la institución en violaciones a derechos humanos; 3) porque podría relacionar a la institución o sus agentes con actos ilegales o delictivos; 4) porque daría cuenta de algunos políticos de altas esferas públicas del país, los cuales podían tener cierta cercanía con la DFS-DISEN-CISEN como Manuel Bartlett.
El pasado 15 de agosto, el Mecanismo denunció que las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), así como la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), han desacatado, “parcial o totalmente”, la instrucción del Presidente López Obrador de abrir la totalidad de sus archivos para el debido esclarecimiento de la guerra sucia en el periodo 1965-1990.
El MEH puso énfasis en el incumplimiento del CNI, encabezado por el General Audomaro Martínez Zapata —amigo del Presidente López Obrador—, quien tiene todos los archivos del Cisen y que no los ha entregado. “Hasta el momento, el único expediente de CNI disponible para su consulta en AGN es el relativo al homicidio del periodista Manuel Buendía en 1984”.
En este segundo reporte, el Mecanismo anexó los dos instrumentos de consulta que el Cisen utilizó en su gestión de la documentación transferida al Archivo General en 2002, y que forman parte de la documentación histórica bajo su resguardo, el Acta Administrativa de Entrega Recepción de lo transferido ese año, el expediente sobre Manuel Buendía, el único que el Mecanismo ha podido consultar de lo que CNI ha entregado, y dos series del catálogo elaborado por la administración de Aurora Gómez, y que han sido utilizados para estos informes.
El informe señala, por ejemplo, cómo en abril de 2019 el AGN hizo público el expediente de seguimiento que la DFS hizo de Andrés Manuel López Obrador y que comprendía documentación generada entre 1979 y 1983, aún cuando hay constancia de que había información generada al menos hasta 1994. “Estos datos permiten confirmar que el CNI conserva información sobre el primer mandatario, generada y contenida en Uniplex (un formato), al menos hasta el año 1994 pero que no forma parte de la versión pública que el AGN entregó al Presidente de la República”.
Un archivo de alto perfil que de igual manera está ausente es el del expresidente Carlos Salinas de Gortari “con número 121-00-227 y que no está en el inventario Topográfico pese a que aparece en el Catálogo DFS-DISEN-CISEN y fue descrito en los instrumentos de consulta bajo la administración de Aurora Gómez”.
La información que obtuvieron las agencias de inteligencia del Estado mexicano sobre Manuel Bartlett Díaz, funcionario que como priista participó en los gobiernos de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari y quien actualmente dirige la Comisión Federal de Electricidad, tampoco se ha podido localizar.
El MEH indica que se trata de un personaje sumamente importante para entender la violencia de Estado en la década de 1980 y cuya referencia aparece en el Catálogo DFS-DISEN-CISEN pero decir que en estos momentos no se encuentra en el AGN.
“Resulta llamativo de este caso, que la descripción en los instrumentos elaborados por Aurora Gómez no se haga alusión a que es un expediente referente a Manuel Bartlett como aparece en el Catálogo DFSDISEN-CISEN sino que se señala únicamente que son “Informes sobre notas periodísticas en diferentes Estados de la República Mexicana” Este expediente es un caso único. Mientras la primera descripción refiere aspectos sobre las actividades de Manuel Bartlett, la segunda descripción (elaborada años después) da cuenta de que su contenido cambió de naturaleza, sin referencia alguna a este personaje”, destaca el Mecanismo.
“Los expedientes faltantes sobre políticos y personajes de la vida pública son una constante”, dice el MEH y pone como ejemplo el que corresponde al ex gobernador de Chiapas, el perredista Juan Sabines Guerrero, cuya gestión estuvo marcada por acusaciones de corrupción. Su expediente con número 121-00-220, refiere el informe, no se localiza en el inventario Topográfico, pero sí estaba en el Catálogo DFS-DISEN-CISEN y en los instrumentos elaborados cuando Aurora Gómez dirigió el AGN, por lo que la evidencia apunta a que fue sustraído tras la creación de esos instrumentos de consulta.
Lo mismo ocurre con el recién fallecido Porfirio Muñoz Ledo, un político de larga trayectoria en el PRI, PRD y Morena. Su expediente con número 121-000-221 no aparece en el Inventario Topográfico, pero sí en el Catálogo DFS-DISEN-CISEN y en los instrumentos de consulta elaborados en la administración de Aurora Gómez. “Dicha información resulta relevante para los trabajos del MEH dada la trayectoria política y los puestos ocupados por Muñoz Ledo desde el Gobierno de Luis Echeverría”.
En el mismo “Catálogo DFS, DISEN y CISEN”, el MEH refiere que se encuentra el expediente 121-000-073 con documentación sobre Marcelino García Barragán, Secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, y sobre su hijo, el exsenador de la República y director de la DFS de 1976-1978, Javier García Paniagua,” pieza fundamental en la política del Estado encargada de combatir a los grupos subversivos de la guerra sucia”.
El Mecanismo refiere que la documentación que va del 24 de abril de 1980 al 3 de septiembre de 1985 sí pudo ser revisada y catalogada, pero la del 3 de septiembre de 1986 al 3 de septiembre de 1992 ya no está localizable.
Javier García Paniagua es padre del exjefe de policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.
Otro de los archivos que no se han podido localizar en el Archivo General es el de José Antonio Zorrilla Pérez el cual resulta relevante para los trabajos del Mecanismo al tratarse de uno de los directores de la DFS. “Se conoce la existencia de dicho expediente porque aparece en el Catálogo DFS-DISEN-CISEN y estuvo en el AGN cuando la administración de Aurora Gómez describió el material de DFS”.
Uno de los expedientes faltantes que generan particular atención, localizado en el Catálogo Viejo, es el correspondiente a Ernesto Guevara, el cual se encuentra localizado en el apartado de homicidios. No obstante, en el catálogo realizado en la administración de Aurora Gómez se señala que dicho expediente falta. Por tratarse de un expediente de carácter histórico, solicitamos al CNI hacer público este expediente junto con los otros antes reclamados.
Ya en su primer reporte, el MEH reveló cómo desapareció el rastro del General Rafael Macedo de la Concha, Procurador general de la República del Gobierno de Vicente Fox, como agente de la Dirección Federal de Seguridad.
El propio MEH recuerda que Macedo de la Concha “en el sexenio del expresidente Vicente Fox Quezada se desempeñó como Procurador General de la República, y como tal desempeñó tareas en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP)”. De acuerdo con una hipótesis de investigadores, Macedo de la Concha pudo quedarse con su expediente como agente de la DFS, dado su cargo como Procurador de Fox, pero no logró borrar todas las huellas.
En este nuevo informe, el Mecanismo destaca además la desaparición de un archivo histórico referente al revolucionario Ernesto Guevara: “Uno de los expedientes faltantes que generan particular atención, localizado en el Catálogo Viejo, es el correspondiente a Ernesto Guevara, el cual se encuentra localizado en el apartado de homicidios. No obstante, en el catálogo realizado en la administración de Aurora Gómez se señala que dicho expediente falta. Por tratarse de un expediente de carácter histórico, solicitamos al CNI hacer público este expediente junto con los otros antes reclamados”.
El Mecanismo señala además que han sido extraídos los expedientes 009-049-097 sobre la “Comisión Nacional de Derechos Humanos” y 009-049-100 sobre el “Centro de Derechos Humanos “Miguel A. PRO, A. C.”. “En ninguno de los casos la documentación es localizable en el Inventario Topográfico ni en los instrumentos de consulta elaborados por Aurora Gómez. En particular estos documentos sirven al MEH para entender la historia de la lucha por la defensa de los derechos humanos y las diferentes formas de organización como resultado ante la represión social del Gobierno mexicano”.
Lo mismo sucede con la serie XXX-026-021 sobre “S.I.D.A” ya que el Mecanismo indica que en la década de los ochenta se llevaron a cabo violaciones graves a los derechos humanos en el contexto de la epidemia, particularmente contra los sectores poblacionales sexo divergentes. “No obstante, todo lo relacionado con el S.I.D.A no se localiza hoy en día en el acervo documental de la DFS. Si bien estos expedientes correspondían en gran medida a información procesada por el DISEN o CISEN, es decir, posterior a 1985, hoy es indispensable para los trabajos del Mecanismo”.
Durante la tarde de éste miércoles, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob), compartió un comunicado de dicha instancia donde se asegura que ha habido una colaboración entre distintas dependencias gubernamentales para atender la revisión de las solicitudes del MEH a los archivos que requiere la Comisión.
La Subsecretaría especificó que se llevan a cabo mesas de trabajo entre la Segob a través de la instancia liderada por Encinas, el AGN y el CNI con el fin de "cumplir con lo establecido por el decreto presidencial" de la conformación a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
Añadió que desde el Órgano de Gobierno del AGN se aprobó el inicio de dicho proceso a través de la participación conjunta con las dependencias anteriormente mencionadas para así, llevar a cabo la transferencia de los archivos correspondientes.
Sobre lo señalado por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico respecto a los documentos vinculados a graves violaciones a derechos humanos que se encuentran en los archivos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se ha solicitado el acceso a sus archivos.
🔗… pic.twitter.com/UsY8RB6PSi— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) September 20, 2023
"El Gobierno de México está comprometido con el esclarecimiento de los hechos sucedidos durante el periodo conocido como guerra sucia, así como con el acceso a la justicia y el derecho a la memoria del pueblo de México", finalizó la Subsecretaría.
