Por Matilde Pérez*
En México, los recursos asignados por el Legislativo para Salud Materna Sexual y Reproductiva no han sido progresivos. A días de que el Ejecutivo presente –y se inicie la discusión– del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 (PPEF 2024) y en el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, es importante que reflexionemos sobre cómo el Estado mexicano ha respondido a diversos compromisos en la asignación de recursos para garantizar la Salud Sexual y Reproductiva (SSyR), en particular de las mujeres sin seguridad social.
Actualmente, persisten algunos desafíos para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos. En 2018, 27.4 por ciento del embarazo adolescente no fue planeado y obedecía a un deficiente acceso a información sexual y métodos anticonceptivos. De forma alarmante, prevalece el embarazo en niñas, lo que es una grave forma de violencia y omisión del Estado de sus derechos; tan sólo en 2021, se presentaron 111, 172 nacimientos de madres entre 10 y 17 años al momento del nacimiento. A ello se suma que, las adolescentes de 15 a 19 años sexualmente activas son quienes presentan mayor necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos. Y, a pesar de que 12 estados ya despenalizaron el aborto, entre 2015 y 2021, 3 mil 719 mujeres fueron acusadas del delito de aborto en el país.
Hoy hay menos recursos que hace cinco años en el Ramo Salud en el presupuesto para poder garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; el presupuesto para 2023 fue 26.2 por ciento menor que el aprobado en 2018 y no se ha podido recuperar el monto de asignaciones de 2019, que fue el año de la mayor asignación que tuvo este programa, con 3,083 mdp. Lo anterior, afecta la cantidad de profesionales de la salud, insumos, medicamentos, infraestructura, etc. disponibles para la garantía de estos derechos para las mujeres.
Además de la falta de progresividad por el Legislativo en la asignación de estos recursos, se suma otro problema: el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reduce sistemática y sustancialmente los recursos aprobados por el Legislativo para el Programa de SMSyR contraviniendo la ley, sin que se rindan cuentas y sin que el Legislativo ejerza algún control. En 2020 y 2021, el Ejecutivo disminuyó en más de un tercio los recursos que el Congreso había aprobado para el Programa de SMSyR, lo que impacta el cumplimiento de sus metas y objetivos.
Finalmente, otro problema lo representan los subejercicios, es decir, el dinero que está disponible en el año, pero que las entidades no se gastan en su totalidad. Por ejemplo, en 2021, los subejercicios representaron el -4.6 por ciento y en 2022 con -6.6 por ciento. Si de por sí los recursos para la SSyR de las mujeres son bajos, estos subejercicios comprometen aún más las metas e indicadores de la política pública de SSyR.
Frente a la entrega del PPEF2024, la Cámara de Diputados debe garantizar una asignación progresiva y suficiente de recursos, aprobando un monto igual o mayor que en 2019 por 3 mil 083 mdp y establecer controles para evitar reducciones durante el año por el Ejecutivo.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo debe empezar a rendir cuentas sobre las disminuciones a la baja que realiza al presupuesto para SSyR y sus impactos en los derechos de las mujeres. En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual exigimos mayores recursos y mayor rendición de cuentas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que acuden a los servicios de salud. #SinRecursosNoHayDerechos
* Matilde es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.
