Todo mundo sabe que el terrible asesinato de 43 jóvenes en Ayotzinapa fue utilizado por varios grupos de opinión, con intereses creados, para culpar al gobierno civil federal de lo ocurrido, sin jamás haber presentado pruebas. Se diseñó una campaña de calumnias en el que se hacia aparecer al Presidente como el culpable directo o indirecto, como si la orden hubiera venido de Los Pinos.

Aún así, se creó una comisión investigadora del caso que aún hoy existe y que desgraciadamente no ha sido exitosa en identificar a los culpables reales del caso. No obstante, ahora tenemos una mejor idea de los principales hechos. Sabemos que un grupo de estudiantes de una escuela normal rural de Iguala tomaron un autobús para ir a la conmemoración del 2 de octubre en la ciudad de México. Este autobús fue confundido por la poderosa banda de narcotraficantes, Guerreros Unidos, como parte de un grupo criminal hostil a ellos y, prácticamente, ordenaron a policías locales y miembros del ejército nacional que lo interceptara y se los entregaran. Ya con el autobús en su posesión, miembros de Guerreros Unidos, asesinaron a varios de los estudiantes.

Lo que queda claro, a raíz de las investigaciones realizadas hasta ahora, es el alto grado de penetración que en esta región del país ha tenido el crimen organizado asociado al narcotráfico en las instituciones de seguridad del Estado mexicano. Este hecho es el más ilustrativo de lo que han podido determinar las investigaciones realizadas hasta el momento.

Un reportaje recientemente publicado en el New York Times da a conocer detalles, hasta ahora desconocidos, de los acontecimientos, basados en material inédito en posesión del periódico neoyorquino, que avalan este relato. La nueva información muestra que casi todos los órganos de Gobierno en Guerrero habían puesto prácticamente toda la maquinaria del Estado en manos del cártel Guerreros Unidos.

Un ejemplo entre muchos: el ejército mexicano utilizó herramientas de espionaje manufacturadas en Israel, conocida como Pegasus, para localizar a los sospechosos de haber secuestrado a los estudiantes.

Sin embargo, jamás compartieron esa información con la policía que estaba tratando de localizar a los estudiantes.

De haberlo hecho, probablemente se habrían salvado muchas vidas. El papel de facilitador del ejército en el secuestro y asesinato de los estudiante es casi indudable. El reportaje del New York Times menciona también la manera en que miembros del ejército han intentado obstruir, de diversas maneras, las investigaciones que se han hecho para aclarar los hechos.

Los documentos en poder de dicho periódico fueron obtenidos por la DEA, quien recientemente la ha compartido con autoridades mexicanas para su análisis. Esta información seguramente contribuirá a acercarse cada vez más a la verdad y también a ubicar,, con más claridad a lo responsables directos e indirectos de la indecible masacre de jóvenes mexicanos.

Algo que también es inobjetable es que, a pesar de haber prometido someter a la justicia a los culpables, el Gobierno del oficialismo obradorista no lo ha logrado. Es una pena. Mientras tanto, los seres queridos de los jóvenes estudiantes siguen sin tener justicia.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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