Una de las madres buscadores señaló que se trabaja con la Fiscalía General del Estado (FGE) para la entrega de 300 carpetas de investigación, donde primero fue la desaparición de la víctima, y al haberse hallado sin vida, el delito se clasificó como un homicidio.
Por Laura Villafaña
Irapuato, Gto, 30 de agosto (ZonaFranca).- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, es preciso señalar que en Guanajuato y en México, la única justicia es encontrar con o sin vida a un familiar desaparecido, coincidieron las buscadoras.
De acuerdo con Bibiana Mendoza Negrete, representante del colectivo Hasta Encontrarte, no hay más de 40 sentencias emitidas por desaparición forzada o desaparición cometida por particulares en el país, mientras que en Guanajuato sólo hay una.
“Hay más de 110 mil personas desaparecidas en nuestro país, y revisamos cuántas sentencias había, había alrededor de 34 sentencias por desaparición forzada o cometida por particulares, y en el estado de Guanajuato, sólo encontramos una, según la página de Transparencia”, señaló.
Refirió que esos datos inclinan la balanza a una violencia indescriptible y que en Guanajuato cualquier persona puede desaparecer a otra, y asesinarla, al mismo tiempo que la autoridad brilla por su ausencia.
«Ya no hay justicia, tengo cinco años buscando a mi hermano. Para mí ya no hay justicia, ni para ninguna madre del colectivo, aunque nos lo regresaran. Recibir los restos humanos de mi hermano al que quiero volver a ver sonreír no es justicia, el que encuentren a un perpetrador no es justicia y no lo van hacer, en Guanajuato no lo hacen, no hay justicia”, apuntó.
GESTIONAN ENTREGA DE 300 CARPETAS DE HOMICIDIO, NINGUNA POR DESAPARICIÓN
La buscadora y representante del colectivo Una luz en mi camino, Norma Patricia Barrón, precisó que actualmente gestionan con la Fiscalía General del Estado (FGE), la entrega de 300 carpetas de investigación, donde primero fue la desaparición de la víctima, y al haberse hallado sin vida, el delito se clasificó como un homicidio.
“Ahorita vamos a solicitar todas las carpetas, es dónde la autoridad baja la cifra de desaparecidos, es decir, hoy te levantan, mientras que la familia espera, o no le quieren recibir la denuncia y al día siguiente, te pueden encontrar, con suerte, y esa carpeta ya no entra en desaparecidos, ya queda como un homicidio, pero debería de haber dos, y una que sea de desaparición”, explicó.
La buscadora señaló que estas cifras impactarían en el estado y el país, lo que se busca evitar. Sin embargo, para la activista, en los casos donde no se ha encontrado a la víctima, la injusticia empieza cuando se integra una carpeta de investigación únicamente con los datos de prueba que el propio familiar aporta y que la Fiscalía General del Estado (FGE) se niega a obtener conforme a lo que marca la Ley.
Añadió que la FGE tampoco hace un análisis de contexto en el que se vincule la desaparición de una víctima con otros casos.
“No se acumulan, desconocemos por qué, incluso se pueden vincular con otros homicidios, lo que nos daría un panorama para poder dar con los actores o personas que realizaban estos actos, pero pareciera que la Fiscalía se mantiene hermética y trata de direccionar en otro sentido lo que es la carpeta, por eso no se puede obtener justicia”, apuntó.
Asimismo, expuso que con una inadecuada integración de la carpeta, una investigación mal redactada, y todo ello expuesto ante un Juez de Control, trae como resultado que se termine por absolver a los responsables.
Norma Patricia Barrón es actualmente asesora jurídica de la familia paterna de Juan David, desaparecido el 14 de mayo del 2022 y de quien se ignora su paradero. Por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio a este menor, es su padrastro y quien fuera policía activo en el Municipio, Miguen Ángel, quien enfrenta un proceso.
“No queremos que pase con Juan David, por eso estamos trabajando para no nada más ser un asesor jurídico, sino también poder nosotros como colectivo, afianzarnos en bases sólidas de acuerdo con la carpeta y poder decirle al Ministerio Público, aquí estás fallando, vamos a reforzar, pero hacen a un lado al asesor jurídico y eso repercute, es un derecho que tiene la víctima, por eso es que no se logra alcanzar, lo que es la justicia”.
Destacó que las omisiones del Ministerio Público son el resultado de la falta de profesionalismo y capacitación, debido a que se dan cuenta hasta que llegan al litigio, donde es evidente lo que la FGE no hizo o hizo mal, y esto se refleja en las resoluciones de los jueces.
“Se pueden desaparecer miles de personas, y parece ser que nunca habrá un culpable, a menos que la familia arriesgue su vida, reciba amenazas, pero muchas de las veces a pesar de eso, la familia es la que investiga, lleva datos de prueba y aún con eso dejan pasar el tiempo para que los datos de prueba se desvanezcan y no se puedan obtener, pasa con las cámaras de seguridad y eso hace que la investigación no siga su curso”, detalló.
Norma busca a su hijo Kevin Damián Martínez Barrón y su pareja, Juan Rodríguez Calcanas, víctimas de secuestro desde el primero de junio del 2019, y en su trayecto a la justicia, otros dos responsables de la desaparición de sus familiares fueron sentenciados a prisión, los cuales actualmente se encuentran bajo resguardo domiciliario.
Esto último debido a que se argumentó que la carga de trabajo en el Poder Judicial de la Federación (PJF) había impedido cumplir con el plazo de dos años para emitir una sentencia en contra de ambos inculpados, en ese momento vinculados a proceso y en prisión.
“Las cargas excesivas no deberían ser un obstáculo para que tanto el Ministerio Público como el Juez pudieran detectar esa situación que se debería de realizar y es lo que me causó que dejaran bajo resguardo a estas personas, y que incluso, hace días nada más, están resguardados por dos guardias nacionales, lo cual por el nivel de peligrosidad de estás personas nos ponen en riesgo, porque ellos se pueden fugar en cualquier momento, máximo si en la apelación se les confirma la sentencia, quien va querer quedarse 50 años en la cárcel” dijo.
Señaló que por esta situación, como víctimas cuando se obtiene algo de justicia, porque enfatizó, no lo es todo, se pone en riesgo la vida de las familias y de ahí el miedo a las represalias, donde la autoridad no responde, lo que se ha reflejado con los asesinatos de las buscadoras.
“No sabemos si es mejor no obtener justicia, o es mejor encontrarla, realmente es un panorama devastador para las familias”, apuntó.
Barrón Núñez dijo que el caso de Juan David se dio por desaparición cometida por particulares en lo estatal, ya que el presunto responsable aunque era policía no estaba dentro de sus funciones al ocurrir el hecho, mientras que en su caso se abrió el proceso por secuestro, a nivel federal y local.
“Tenemos otro caso en Cortazar, un menor, Bryan, donde como colectivo obtuvimos una sentencia de 40 años, incluso el menor de 15 años que sigue desaparecido”, expuso.
SENTENCIADO POR DESAPARICIÓN NO ES OBLIGADO A REVELAR PARADERO DE LA VÍCTIMA
Además de la judicialización de los casos de los menores Kevin, Juan David y Bryan, comparten otra situación, aunque haya sentenciados y un presunto responsable, siguen sin aparecer, y es que en la Ley nada obliga a los responsables o inculpados a revelarlo.
Por lo anterior, la buscadora consideró que legisladores y colectivos deben analizar qué se puede hacer para obligar a los sentenciados a que revelen el paradero de la víctima.
“Cuando ya tenemos un culpable, se debe abrir una posibilidad por parte de la Ley, para que de alguna manera si ya fue sentenciado y condenado, confirmada su sentencia, pues pudiera, darse quizá algún beneficio al inculpado con el hecho de decirnos, qué fue lo que pasó con nuestros familiares”, dijo.
Agregó que muchas veces, pertenecen a un grupo delincuencial y temen por su vida, o por el contrario, se les imputa otro delito que es el homicidio, a lo que atribuye que las víctimas sigan desaparecidos y por lo tanto se lacere a las familias, que no tienen derecho a saber la verdad.
DEMANDAS EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN
“Saber de nuestros desaparecidos, si viven o no; que se avoquen las autoridades a investigar conforme a protocolos de investigación y búsqueda; un análisis de contexto y se trabaje en campo, porque hay comunidades que saben quienes son estos perpetradores, pero tienen miedo y necesitamos que la autoridad genere esa confianza».
«He visto comunidades completas con miedo a los delincuentes, no quieren que la autoridad vaya, no denuncian la desaparición por temor; he visto comunidades fantasma en Guanajuato, cuyos habitantes se desplazaron, he visto miedo en los ojos, por preferir tener un desaparecido a tener más miembros en la misma condición”, expuso Norma Patricia Barrón, representante de Una luz en mi camino y víctima indirecta de desaparición.
“No señalamos a nadie, siempre lo hemos dicho sin culpables, ya no quiero saber quién o cómo, yo sólo quiero saber dónde. Es esto, es complejo, ni quién cómo, dónde, esa parte de la justicia, no queremos adentrarnos por salud mental y para evitar conflictos, el saber que tengo a mi familia conmigo y que va a descansar en casa, cerca de su gente, es más que suficiente”, dijo Karla Martínez, coordinadora de la Brigada de Búsqueda, quien busca a su hermano Juan Valentín Martínez, desaparecido en el 2020.
