En un país con más de 110 mil desaparecidos, colectivos se han formado a lo largo de México para enfrentar la falta de eficiencia en la búsqueda de personas, que azota con mayor fuerza en los estados de Coahuila, Guerrero, Jalisco, Sonora, Zacatecas y Tamaulipas.
Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).— Si bien a nivel nacional las cifras oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) –cuya titular Karla Quintana renunció apenas la semana anterior– indican que la mayor parte de las personas que han sido reportadas como desaparecidas en el país han sido encontradas, los estados de Coahuila, Guerrero, Jalisco, Sonora, Zacatecas y Tamaulipas lideran los porcentajes más altos de personas que permanecen desaparecidas con respecto al total de reportes recibidos en los últimos 15 años.
«La Comisión Nacional de Búsqueda en esta primera etapa que estuvo liderando Karla [Quintana] con su equipo hizo lo que tenía que hacer, que era crear una institución que no existía y que de alguna manera instaló el discurso y el concepto de desaparición en el inconsciente colectivo, entonces todos están más dispuestos a denunciar y a documentar la desaparición de su familiar», señaló la doctora Javiera Donoso, especialista en desapariciones.
«Pero yo creo que en esta nueva etapa es necesario conseguir una persona [que encabece la CNB] que tenga mucho conocimiento de campo, mucho contacto con los colectivos y que tenga olfato para la búsqueda, porque ya es momento de empezar a encontrar».
En números absolutos, los seis estados con mayor número de personas desaparecidas son Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León y Ciudad de México; pero al comparar el número de reportes totales de desaparición o no localización recibidos con el número de personas que permanecen desaparecidas, da cuenta que son otras entidades las que tienen los índices más bajos de localización.
Incluso, en ocho entidades más de la mitad de las personas que han sido reportadas como desaparecidas en los últimos 15 años permanecen sin ser localizadas. Se trata de Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
FISCALÍAS, CON POCA CAPACIDAD Y NEXOS AL CRIMEN
Una de las hipótesis que arrojó la doctora Donoso sobre los motivos detrás de las bajas tasas de localización de dichas entidades es la infiltración del crimen organizado y grupos delincuenciales en las fiscalías y policías locales, al estar coludidos con elementos de dichas corporaciones.
«Tiene que ver con muchas cuestiones, pero principalmente con la capacidad que tenga el Estado de investigar de manera eficiente, imparcial y procurando justicia. Creo que esos estados evidentemente tienen serios problemas de infiltración en las fiscalías y en las policías, por lo que se les hace dificultoso, o imposible, realizar investigaciones que vayan orientadas a la localización de las personas desaparecidas», expuso la investigadora.
Igualmente, indicó que muchos estados adoptan una postula política que busca negar o minimizar una problemática de desaparición forzada al no investigar el tema. Esto se ve reflejado, ejemplificó, en la designación de titulares de las comisiones locales de búsqueda, ya que este nombramiento depende del Ejecutivo estatal.
«Si el Gobernador quiere que el tema de los desaparecidos tenga un muy bajo perfil y que no se mueva y que no se investigue, precisamente eligen a un comisionado que saben que no van a hacer absolutamente nada, y tenemos el caso de Guerrero, de Puebla, y de muchos otros estados donde los comisionados son un cargo honorario, pero en realidad no hacen nada», apuntó.
Otra de las explicaciones, sumó Donoso, es la falta de capacitación en investigación a los elementos de las fiscalías, ya que gran parte de sus filas tienen una formación como abogados que no conocen la manera de llevar a cabo diligencias.
«Y eso es un problema porque para poder localizar a alguien tienes que investigar, tienes que saber investigar y eso no lo sabe hacer cualquiera, y en ese sentido, por ejemplo, la fiscalías que tienen problemas serios para encontrar podrían tener equipos de asesores externos que se dedican a hacer simplemente las investigaciones y entregarle las directrices generales para que ellos giren los oficios y empiecen las diligencias», detalló.
Para la señora Rosaura Patricia Amador, integrante del Colectivo Entre Cielo y Tierra quien busca a su hijo Carlos Eduardo en el estado de Jalisco desde el 2017, los colectivos de búsqueda han sido exitosos para encontrar a familiares debido al amor y deseo de hallazgo que tienen sus integrantes.
Desde el inicio de su proceso de búsqueda, la señora Rosaura hizo un llamado al Gobierno del estado, en ese momento a cargo del priista Aristóteles Sandoval, a poner un fin a la violencia e inseguridad que iba al alza en Jalisco. Ahora, desde el colectivo ha demandado al actual Gobernador Enrique Alfaro García que en la entidad existan recursos materiales, humanos y se agilicen los trámites burocráticos que retrasan las búsquedas en campo.
«A diferencia de con la Fiscalía y Comisión de Búsqueda, se tiene que llevar un protocolo con lista de espera para hacer un planteamiento y prospección del lugar, para poder ir al lugar, [y nosotros no]. Y esa es la gran diferencia, desafortunadamente ellos tienen que seguir esos puntos administrativamente, como institución», anotó la señora Rosaura. «Y ellos tienen que trabajar a presión, presión de los familiares u otras autoridades, para ir a las búsquedas».
DESAPARICIONES EN MÉXICO SUMAN MÁS DE 110 MIL
En México, la desaparición de personas fue observada puntualmente entre las décadas de 1960 y 1990 como una acción de represión por parte del Gobierno en sus diversos niveles contra líderes de movimientos sociales y partidos políticos antagónicos.
Sin embargo, explicó la socióloga Javiera Donoso, a partir del 2006 cuando el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa proclamó la llamada «guerra contra el narcotráfico» hubo cambios en los patrones de desaparición, porque ya no se daba únicamente contra opositores políticos y sociales, sino que se convirtió en una práctica sistémica en la que primero había una estrecha relación de desapariciones con grupos criminales, pero a la fecha de hoy cualquiera puede ser víctima o victimario.
«El problema de este fenómeno es que se volvió masivo y de alguna manera ya no existen patrones ni parámetros tan específicos para poder saber exactamente qué es lo que está pasando», señaló.
«En un principio pensábamos que [la desaparición] era sólo [a manos de] grupos criminales y organizaciones criminales, pero en realidad ahora cuando uno se mete a analizar la desaparición y a desmenuzar caso por caso, empezar a ver la identidad de cada uno de los desaparecidos y su historia, uno se da cuenta que incluso la desaparición puede estar vinculada con familiares, con personas cercanas, con conflictos prácticamente domésticos o vecinales que terminan en desaparición».
Y en ese sentido, la académica consideró que si cualquiera puede cometer una desaparición se debe a la gran impunidad que existe en el país, porque a falta de la impartición de justicia «entonces el matar y desaparecer a alguien resulta ser la solución más fácil para resolver cualquier conflicto».
«Ahora tenemos una multiplicidad de actores que están involucrados en la desaparición, y eso lo hace mucho más complejo porque en realidad no podemos tener patrones súper generalizados de lo que está pasando, sino que realmente necesitamos estudiar cada caso para saber más o menos qué podría haber pasado, quién lo desapareció y dónde lo desapareció, dónde está, dónde lo podemos buscar».
¿CONFIAR EN LAS CIFRAS?
Para analizar el porcentaje de personas que permanecen desaparecidas en los estados de la República para este reportaje, se utilizaron las cifras oficiales disponibles por parte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la CNB.
Especialistas, colectivos y periodistas han criticado desde su creación y sobre todo en las últimas semanas que existe una falta de metodología pública sobre la manera de registrar las desapariciones por parte de las fiscalías locales y federal, y las comisiones de búsqueda, las cuales alimentan el RNPDNO de la institución federal.
La maestra Volga de Pina, investigadora del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM), consideró que el uso de las cifras debe de ser tomado con cautela debido a que pueden integrarse a la base de datos con un desfase temporal o con estándares de metodología opaca.
Pero también, porque cada estado tiene un contexto local que determina en gran medida los patrones de desaparición de personas –como en el caso de Coahuila durante el periodo de violencia más fuerte provocado por el grupo criminal Los Zetas– y por lo tanto también podría indicar cómo son los mecanismos de desaparición de personas, que buscan ocultar un crimen sin dejar rastro atrás.
Igualmente, en Jalisco y Zacatecas han repuntado los casos de desaparición en los últimos años debido al incremento de violencia en dichas entidades, lo que representa que aunque haya hallazgos de personas desaparecidas, el acumulado de casos rebasa las localizaciones.
Sin embargo, sí identificó que existen factores como las herramientas técnicas y los recursos humanos en las instituciones gubernamentales para la búsqueda de personas desaparecidas que son cruciales para brindar resultados.
«SEGUIMOS BUSCANDO»
Pero debido a las limitaciones que han mostrado las autoridades en algunos estados para realizar búsquedas, son los colectivos de familiares de personas desaparecidas quienes salen a campo, a anexos, Semefos y cárceles para buscar a sus seres queridos.
Silvia Ortiz se empezó a familiarizar con la búsqueda de personas desaparecidas a partir de noviembre de 2004, cuando su hija Fanny Sánchez Viesca Ortiz desapareció a sus 16 años de edad en el estado de Coahuila. Es fundadora del colectivo Grupo Vida, el cual trabaja con las familias para localizar a quienes fueron desaparecidos, y para exigir a las autoridades en los tres niveles de Gobierno que atiendan la crisis humanitaria.
Al igual que Rosaura Patricia Amador en Jalisco, la señora Silvia considera que las autoridades necesitan tomar consciencia de las necesidades y sentimientos de los familiares de personas desaparecidas y coordinarse entre los diversos niveles de Gobierno y las instituciones involucradas, como las comisiones locales de búsqueda, las fiscalías, las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, y con los colectivos.
«¿Qué falta para encontrar a nuestros desaparecidos? Que se sientan todas las instituciones y realmente se pongan a hacer un análisis de contexto», dijo. «Yo lo he hecho, yo soy una mamá [que busca] (…) entonces, ya determinando el contexto, podemos buscar a más y quienes desaparecieron por la misma área. No pueden hacer un análisis de contexto sencillo, siquiera, y sentarse realmente a ver con qué información cuentan».
A ello, Socorro Gil del colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco, Guerrero, sumó que el trabajo de los colectivos es clave debido a las fallas y falta de voluntad política en las instituciones de Gobierno en sus diversos niveles. «Estoy segura que sin el trabajo que hacemos los colectivos, nadie nos buscaría», recalcó la buscadora y madre de Jhonatan Guadalupe Romero Gil, quien desapareció en el 2018 a manos de policías municipales.
Es así que Silvia Ortiz en Coahuila, Rosaura Patricia Amador en Jalisco, y Socorro Gil en Guerrero, como miles de familiares a lo largo de todo México, siguen buscando a sus seres queridos y no pararán hasta encontrarlos.
«Los seguimos buscando, los tenemos y los vamos a encontrar a todos. Sólo unidos lo podemos lograr», concluyó la señora Silvia.
