Las familias buscadoras en Querétaro han denunciado que el Gobierno del Estado, a cargo de Mauricio Kuri González, no ha brindado atención adecuada a la desaparición de personas en la entidad, al haber una cifra negra por malas prácticas de la Fiscalía local, falta de homologación en la legislación vigente, y recientemente la represión durante una protesta pacífica.
Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).– «Querétaro y la Fiscalía de Querétaro y Servicios Periciales algo esconden». Así denunció la buscadora Yadira González frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, después de que más de 100 elementos de la misma agredieran y amenazaran al grupo de 30 familiares de personas desaparecidas que habían colocado un plantón ante la falta de apoyo de las autoridades queretanas para buscar a sus seres queridos en el marco de la Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos.
Las madres buscadoras y solidarios habían empezado las labores de búsqueda en vida de personas desaparecidas en el estado el pasado 16 de agosto, entre múltiples negativas de cooperación por parte de la Fiscalía local para que las familias pudieran ingresar a las unidades del Servicio Médico Forense (Semefos) y a Centros de Reinserción Social a cargo del Gobierno del Estado, sitios considerados fundamentales para localizar a personas desaparecidas.
«El problema no radica en la violencia que ejerció la Fiscalía del Estado de Querétaro con las madres y padres buscadoras la noche de ayer», apuntó González en entrevista con SinEmbargo. «El problema radica desde hace muchos años en la apertura de la Fiscalía en el tema de la desaparición forzada en el estado».
Las actividades de búsqueda en el estado –que registra 506 personas desaparecidas– se habían planificado con semanas de anticipación, y para ello habían solicitado mediante vía institucional que la Fiscalía queretana le permitiera a las familias tener facilidades para buscar a sus desaparecidos en los Semefos.
«La Búsqueda Nacional en Vida desde hace más de dos meses estuvo enviando documentos y oficios vía correo tratando de obtener la apertura de la Fiscalía (…) para el acceso al álbum fotográfico de las personas no identificadas [en los Semefos] para poder encontrar a nuestros desaparecidos», detalló la buscadora.
Frente a la negativa reiterada de la Fiscalía, el grupo de buscadoras cerró la vialidad afuera de sus instalaciones con unas cuantas ramas para impedir que vehículos les arrollaran, tendió una casa de campaña y comenzó una protesta pacífica alrededor de las 11 horas del lunes con la exigencia de que el Fiscal Alejandro Echeverría Cornejo les recibiera para dialogar.
Menos de 12 horas más tarde, la autoridad queretana salió a aventar la casa de campaña en la cual descansaban niños y niñas, y agredió física y verbalmente a las integrantes de la brigada, además de dañar su equipo celular.
«Soy del estado, soy la anfitriona de Querétaro, y ahora temo por mi vida y la de mi familia, y la de mis compañeras y compañeros», añadió González a medios locales minutos después de los hechos. «Buscamos a nuestra gente desaparecida, es lo único que buscamos. No puede ser posible que a estas madres, aparte de cargar con el dolor de la desaparición de sus hijos e hijas, todavía las ultrajen de esta manera».
Por su parte, la Fiscalía del Estado publicó en sus redes sociales que sí había recibido y escuchado las peticiones de las madres buscadoras y que únicamente habían salido los funcionarios de sus instalaciones «para regresar con sus familias».
«Salió el personal que estaba laborando desde las 8 de la mañana para regresar con sus familias, así como personas usuarias, quienes no habían consumido alimentos, ni tomando medicamentos especializados, porque estaba obstruido el acceso por personas que se decían integrantes del colectivo. Además, de permitir el ingreso de una camioneta del Servicio Médico Forense que llevaba más de 8 horas con un cuerpo en su interior y que no se había permitido el acceso», indicó la FGE, contrario a la información dada por las buscadoras de que no habían impedido el paso en ningún momento.
La #FiscalíaQro informa que en el transcurso del día se recibió y escuchó las peticiones de las madres buscadoras. Se solicitó el nombre de las personas que buscaban y revisar los sistemas en conjunto pues existe información que es reservada por la Ley.
Hace unos momentos se… pic.twitter.com/WiMjUUedCA
— Fiscalía General del Estado de Querétaro (@fiscaliaqro) August 22, 2023
«QUERÉTARO MAQUILLA CIFRAS DE DESAPARECIDOS»
Según la información proporcionada por la Comisión queretana de Búsqueda y la Fiscalía del Estado para el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Querétaro se han registrado entre 1962 y el 2023 un total de dos mil 906 personas desaparecidas, de las cuales 506 permanecen sin ser localizadas a la fecha.
Sin embargo, Yadira González denunció que colectivos buscadores del estado calculan que la cifra negra es de tres veces esto, es decir, aproximadamente mil 500 personas.
«La Fiscalía de Querétaro tiene la mala práctica de iniciar actas de constancia de hechos, o actas de investigación, por personas ‘no localizadas’, y eso hace un maquillaje inmediato a la cifra, puesto que al registrarlos como ‘no localizados’, entonces no es desaparición en el Estado, entonces se minimiza la desaparición en el estado, además de la práctica generalizada de los gobiernos del país al maquillar esta cifras», señaló.
En una solicitud de información dirigida a la FGEQ en abril de 2017, la autoridad indicó que en las unidades de servicios periciales locales había, desde 2009 y a la fecha, un total de 376 cadáveres iniciados como «no identificados», y 202 cadáveres «que continúan no identificados». La falta de identificación forense ha sido señalada por expertos del país como uno de los factores que limitan la búsqueda de personas desaparecidas.
Y a pesar de que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) elaboró un mapa de las fosas clandestinas halladas en el país desde 2006 al 2023 con base en información brindada por las Fiscalías locales y Querétaro registra cero; en el oficio SEGOB/CNBP/DT/125/2023 en respuesta a la solicitud de información 332163723000064 la misma Comisión respondió que había localizado entre enero de 2018 y diciembre de 2022 fosas clandestinas en los municipios queretanos de Amealco de Bonfil, Pedro Escobedo, Querétaro y San Juan del Río.
Asimismo, el Congreso local no ha homologado su Ley en materia de Desaparición de Personas con la Ley General federal, lo cual ha obstaculizado la repartición de obligaciones y facultades de las instituciones gubernamentales para la atención a víctimas y el seguimiento a casos de desaparición en Querétaro.
«Una de nuestras exigencias es el acceso a la información de manera generalizada, para poder brindarles certeza jurídica y acceso a la verdad y a la justicia, a la no repetición [a las familias] y a la identificación de todos esos cuerpos que existen en Semefos de Querétaro», apuntó Yadira González. «Y también la atención a las víctimas del estado con mesas de trabajo interinstitucionales. Una vez que terminen con estas mesas de trabajo, las reformas a la ley del Estado, ya que nos ha dejado en una indefinición jurídica».
