Por Natalia Cordero*
Hace pocos días se hizo público que el viernes 11 de agosto fueron desaparecidos los amigos Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Martínez y Dante Cedillo, en Lagos de Moreno, Jalisco, todos de entre 19 y 22 años de edad, luego de que se quedaron de ver como solían hacerlo, sin embargo, ninguno regreso a su casa tras su encuentro. Días antes de este atroz hecho, a finales de julio y en el mismo estado, se denunció la desaparición de las hermanas Saucedo Zermeño, Adriana (de 22 años), Rosa (25 años) y Marisela (28 años), así como de su amiga Beatriz Hernández (24 años), incluso la mayor de ellas fue sustraída mientras se encontraba en su casa.
Lagos de Moreno es una ciudad ubicada en la región jalisciense de Altos Norte, donde la violencia ha ido creciendo en los últimos años y cada vez es más común escuchar de casos de desapariciones masivas a consecuencia de la disputa de distintos cárteles del crimen organizado por aquel territorio que colinda con Guanajuato, igualmente azotado por la violencia extrema y la pérdida del control por parte del gobierno y las fuerzas de seguridad pública que lo ha convertido en uno de los estados con los mayores índices de registros de homicidios dolosos a nivel nacional.
En lo que va del mes, de acuerdo con cifras publicadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el 4 de agosto, Guanajuato se posicionó en primer lugar con 12 homicidios dolosos y el 10 de agosto -un día antes de la desaparición de los cinco amigos- el estado de Jalisco se colocó en segundo lugar con el registro de 6, sólo por debajo de Nuevo León que contabilizó 8 casos.
Al día de hoy, de las 110 mil 964 personas reportadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Jalisco tiene el mayor número de desapariciones en el país con un total de 14 mil 891, siendo los casos con mayor incidencia los de hombres jóvenes, entre 20 y 29 años, quienes representan el 26.4 por ciento. De acuerdo con investigaciones periodísticas, podrían ser víctimas de reclutamiento forzado por grupos delincuenciales para obligarlos a trabajar y ser explotados con fines criminales.
Pese a que existe una Ley general en materia de prevención, investigación, sanción y erradicación de la desaparición de personas que ordena la coordinación y colaboración de distintas instancias a nivel nacional para lograr dicho cometido; así como dos Protocolos de búsqueda que aplican a todo el país, uno de ellos especializado en niñas, niños y adolescentes, donde se reconoce al reclutamiento forzado1 -muchas veces caracterizados bajo engañosos ofrecimientos laborales- como una de las principales causas de desaparición de este grupo poblacional, no han sido suficientes para frenar estos crímenes y menos aún para localizar con vida y de manera inmediata a las juventudes que están siendo presas de un Estado incapaz -y hasta indolente- para combatir la violencia desbordada.
Por ello, en México es apremiante una política integral de prevención de las desapariciones que ponga en el centro a las niñeces, adolescencias y personas jóvenes, pues en este país, pertenecer a este grupo etario, puede representar un alto riesgo de ser víctima de desaparición o asesinato.
Esta política de prevención debe contemplar no sólo la lucha contra la impunidad a través del fortalecimiento de las instancias de búsqueda, seguridad pública y procuración de justicia para el combate, la investigación y sanción efectiva de estos fenómenos delictivos que transcurren muchas veces al amparo -por acción u omisión- del propio Estado; sino también una política de prevención que implique la creación y fortalecimiento de programas estatales que brinden oportunidades educativas, laborales, recreativas y culturales a las juventudes que están siendo las principales víctimas de esta necropolítica o política de la muerte que explota sus cuerpos y sus vidas bajo un régimen de crueldad y quebranto de su dignidad humana, además de enviar mensajes de poder y de terror a las autoridades y a la sociedad en su conjunto.
Urge tomar acciones determinadas y coordinadas de todos los niveles de Gobierno y a nivel nacional; urge que gobernantes abran sus oídos y sus corazones frente a este contexto que busca normalizar el terror y deshumanizarnos en este trayecto; urge pronunciarnos como sociedad y exigir junto con esas familias de personas desaparecidas y asesinadas que el Estado responda de manera contundente para acabar con esta guerra interna que está cobrando miles de víctimas inocentes; urge apelar a la reconstrucción del tejido social; urge acabar con este Estado en permanente crisis.
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* Natalia es investigadora en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.
