Un estudio del Global Reporting Centre, en colaboración con la UBC School of Journalism, Writing, and Media, el Committee to Protect Journalists (CPJ), el Disinformation Project de la universidad Simon Fraser y PEN Canadá, muestra que la descalificación y la estigmatización de la prensa es ya una estrategia global.

En el informe intitulado “No son sólo palabras: el ataque reputacional a periodistas” (Not just words: Reputational attacks against journalists) las organizaciones y centros académicos muestran una serie de elementos preocupantes.

En principio es importante destacar que la encuesta fue realizada a 645 periodistas de 87 países, de los cuales entrevistaron directamente a 54. La encuesta y entrevistas versaron sobre sus experiencias con los “ataques a la reputación”, entendiéndose como “aquellos mensajes públicos destinados a desacreditar, deslegitimar o deshumanizar a los y las periodistas”.

En cuanto a la recurrencia de los ataques reputacionales señala que “el 63 por ciento informó de ataques individuales en contra de su reputación al menos una vez al mes y el 19 por ciento reportó ataques diarios”. Si bien la mayoría se dan en plataforma de redes sociales (donde incluso la manipulación y sofisticación alcanza altos niveles), también se profieren desde tribunas públicas, en salas judiciales y trasmisiones de noticias. Estos ataques toman diversas formas como es la divulgación de datos personales o campañas de desprestigio perfectamente orquestadas.

Las principales fuentes de agresión mediante discursos estigmatizantes no sorprenden: el 72 por ciento refiere que provienen de funcionarios públicos y partidos políticos. El resto de los agresores – que puedan acumularse entre sí- se reparten entre medios de comunicación hiper-partidistas (47 por ciento), organizaciones extremistas (32 por ciento), grupos de interés económico (27 por ciento), agencias militares o de inteligencia (21 por ciento), grupos criminales (15 por ciento) y gobiernos extranjeros (11 por ciento). Las razones de los ataques mayoritariamente se tratan de justificar en supuestos “sesgos políticos” de los y las periodistas (54 por ciento), seguido de “incompetencia” para realizar su labor (43 por ciento) o “conducta no ética” (42 por ciento).

De los ataques reportados 266 fueron contra a mujeres y 364 contra hombres. Las mujeres recibieron ataques relacionados con su género, además de mensajes sexuales/amenazas sexuales. Las consecuencias tales como “daños psicológicos” se evidenciaron en 62.8 por ciento de las mujeres frente a 48.6 por ciento de los hombres; mientras que el abandono de la ciudad, región o país desde el que informaban se reportó en 7.7 por ciento de las mujeres frente a 19.4 por ciento de los hombres. Sobre el desplazamiento forzado es importante tomar en cuenta que resultan números bastante alarmantes si tomamos en cuenta que conlleva -además de la censura- una severa ruptura comunitaria, y en no pocas ocasiones, familiar.

En el contexto general de América latina -particularmente en México- la información de este reporte toma un valor específico ante la recurrencia de esta estrategia discursiva. Pero este informe resalta que todos los países del orbe, incluidos aquellos considerados con “alta libertad de expresión” (según el índice de Reporteros Sin Fronteras), los cuales son escenario de ataques reputacionales cada vez más recurrentes. Por ejemplo, el 13.5 por ciento de los ataques que se cometen diariamente ocurren en países con un ranking “alto” en libertad de expresión, mientras que 16% ocurren en países con rango “medio” y 30 por ciento con “poca” libertad de expresión.

Por otro lado, se confirma que el ataque a la credibilidad de la prensa se complementa con otros actos de agresión, incluido el acoso legal. Más del 53.4 por ciento informó que había enfrentado algún tipo de represión legal (incluidas amenazas de represión legal) debido a su trabajo como periodistas. El 28.1 por ciento de todos los encuestados dijo que se había enfrentado a arrestos o cargos penales (incluidas amenazas de cargos, cargos y/o condenas), y el 40.7 por ciento había enfrentado o había sido amenazado con demandas civiles.

Lo anterior da cuenta de cómo la descalificación, la mayoría de las veces, es terreno propicio para generar otros ataques a la libertad de expresión. No solamente los ataques judiciales, sino también amenazas de muerte o de daño físico son comunes en el contexto de los discursos y campañas de desprestigio contra periodistas.

Lo más preocupante es que este tipo de estrategias resultan efectivas para censurar. Como ya decía arriba, más del 10 por ciento de los encuestados/as se vieron obligadas a dejar su comunidad o ciudad por este tipo de ataques. Pero el informe también consigna que el 40 por ciento dijo que tuvo que dejar de publicar, o por lo menos, cambiar algo de la información para reducir ataques o acoso.

Con esta evidencia es incontrovertible que a nivel global la libertad de prensa se encuentra bajo asedio con una estrategia que rinde frutos para los poderes oscuros, ilegales y autoritarios. Atacar la credibilidad del periodismo es atacar el corazón mismo de esta labor, sumado a otras formas de violencia como el ataque físico, acoso judicial o los asesinatos.

Nos hundimos peligrosamente en una erosión democrática profunda y duradera y parece que no la podremos detener. La crítica pública es hoy un valor democrático que languidece entre la violencia, el desprestigio, las falacias y la polarización. Sin una prensa libre e independiente el camino para poderes oscuros, ilegales y autoritarios se allana.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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