El lunes se cumplieron hace 8 años del multifeminicidio y homicidio ocurrido en el departamento 401 de Luz Saviñón 1909 en la colonia Narvarte. Como cada año las víctimas, sus representantes, personas y colectiv@s solidarias recordamos y exigimos memoria, verdad y justicia para Alejandra Negrete Áviles, Mile Virginia Martin, Yesenia Quiroz Alfaro, Nadia Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril.

Ese fatídico viernes 31 de julio de 2015, tres hombres ingresaron al departamento en una operación perfectamente planeada y ejecutada. Los tres autores materiales, hoy sentenciados, se coordinaron con otras dos personas que los acompañaron de cerca en todo momento: previo, durante y después del crimen. Así mismo, los perpetradores estuvieron todo el tiempo apoyándose con una red de comunicación de por lo menos 10 personas, con el objetivo de ejecutar el asesinato múltiple.

Como señala el posicionamiento leído en la conferencia de prensa afuera de las oficinas centrales de la fiscalía “por ocho años las familias y litigantes hemos resistido e incidido en que las autoridades cumplan con su labor de agotar todas las líneas de investigación y dar con todos los responsables, tanto materiales como intelectuales del crimen”.

Las familias y organizaciones representantes denunciaron que desde finales del 2020, cinco años después de los hechos, obtuvieron copia de toda la averiguación previa en cumplimiento a una orden judicial vía amparo. Al analizarse las diligencias iniciales y videos, sabemos que obra evidencia de la participación de más personas que las tres públicamente presentadas como autores. Debido al tiempo transcurrido, evidencia y datos (por ejemplo, “sábanas de llamadas”) se han desvanecido, perdiendo información valiosa que pudiera dar con la identidad de cada una de las personas que participaron.

No solamente eso. Como revelaron esta semana las familias de las víctimas, también hay evidencia de la vinculación y participación de un agente del ministerio público y su hijo, quienes son suegro y cuñado, respectivamente, de uno de los sentenciados (Omar Martínez). Esas mismas personas también se comunicaban con otro, el ex policía Abraham Torres. Ninguna investigación se ha detonado contra ellos.

Toda la información expuesta en estas apretadas líneas fue facilitada hace más de un año a la FGJCDMX en las múltiples reuniones con Ernestina Godoy y su equipo de coordinadores y fiscales. En síntesis, las víctimas y sus litigantes haciendo el trabajo y asumiendo una carga que no les corresponde: la de investigar.

La respuesta de la Fiscalía no se hizo esperar. El mismo lunes, a través de su vocero Ulises Lara, la institución dio cuenta de un sinnúmero de actos de investigación y presenta como un éxito la sentencia contra los tres asesinos materiales. Destacó el acuerdo logrado con las familias y sus representantes desde 2019 para seguir varias líneas de investigación, y las múltiples reuniones sostenidas con la Fiscal Godoy.

Una vez más, la fiscalía – como en su momento lo hiciera la Procuraduría de Rodolfo Ríos- pretende envolver a la opinión pública con un listado de acciones que muestran, en el mejor de los casos, voluntad pero no eficacia ¿Qué darían las familias por realizar 100 actos de investigación y 20 reuniones menos, pero obtener resultados contundentes que ayuden a identificar, procesar y sancionar a toda la red de perpetradores?

Una última reflexión. El proyecto político que gobierna a la Ciudad de México, lleva 26 años en el poder. La izquierda –nominalmente- llegó a la capital del país como el primer gobierno democráticamente elegido desde 1997. Hay ejemplares aciertos en algunas agendas de derechos; pero en materia de seguridad y justicia el discurso y la práctica de la izquierda gobernante ha sido colonizado por la lógica antiderechos y de “mano dura” de la derecha.

Por eso la pregunta inicial: ¿encubrimiento o incapacidad? El primer escenario no es descabellado dada la persistencia de estructuras y prácticas criminales y violatorias de derechos humanos enquistadas en la institución de procuración de justicia desde hace décadas. Pero a 26 años de que la izquierda comenzara a gobernar la Ciudad de México ya pasó un tiempo más que razonable para erradicarlas mediante una profunda depuración de la institución. Lo mismo con la incapacidad técnica para investigar casos complejos como “Narvarte”. Cinco lustros son suficientes para girar a una lógica que permita indagar redes criminales complejas.

La realidad es más enredada, y la evidencia arroja que es una combinación de incompetencia y encubrimiento. Sin ver a la institución como un monolito, sabemos que persisten grupos de poder ilícito al interior de la fiscalía. Suponiendo la buena voluntad de la administración que está por terminar, lo que se infiere es que -como sus antecesores- los equipos que han encabezado la procuraduría-fiscalía prefieren co-gobernar con los infiltrados grupos mafiosos por pragmatismo político. En el mismo sentido, cambiar las lógicas y técnicas de investigación, a la par de incorporar capacidad forense real, requiere “voltear de cabeza” a la institución. Ambas tareas chocan de frente con el cortoplacismo de la política, sin importar que en el camino se lleven a las víctimas y sus derechos a la verdad, justicia y reparación.

Después del asesinato de Rubén Espinosa, por lo menos 70 periodistas más han sido asesinados en México en vínculo con su labor. Como sucedió con Nadia, Mile, Yesenia y Alejandra, 11 mujeres son asesinadas en México cada día. Es decir, la violencia no solamente no se ha disminuido, se ha agudizado. Otro año sin resolverse el caso Narvarte es muestra de que la impunidad en México es sistemática, y que las redes detrás de los crímenes operan independiente de quién esté en el cargo.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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